Históricamente las minas antipersonal en Colombia han sido utilizadas por los grupos armados ilegales para proteger sus posiciones o para atentar contra la Fuerza Pública, sin embargo, tras una investigación de la Universidad Nacional, entró en consideración una nueva variable: la instalación de estos explosivos está ligada al establecimiento de los corredores de coca y a la actividad del narcotráfico.
Esa es la conclusión del estudio realizado por la ingeniera ambiental Paula Andrea Corredor, quien explica cómo el narcotráfico puede convertirse en un referente para ubicar las minas antipersonal.
En el estudio, que hizo parte de una tesis de maestría, se utilizaron metodologías líneales y no espaciales, para demostrar que había relación directa entre los cultivos de coca, la cantidad de hectáreas sembradas, laboratorios dentro de una región con la cantidad de minas detonadas.
La región elegida para la investigación fue Antioquia por ser el departamento donde más eventos relacionados existen con minas antipersonal según la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. La región fue divida en norte (municipios del Norte y Bajo Cauca) y sur (municipios del Oriente) y se logró determinar que el promedio de minas en el norte de Antioquia es de 24, distribuidas por el territorio con una densidad promedio de 0,03 minas por hectárea en municipios como Caucasia, Cáceres, Tarazá y Zaragoza, entre otros.
Además, “de 1.847.307 hectáreas que tiene la región, un promedio de 0,1 % son erradicadas de coca. Así mismo hay un laboratorio por municipio y cinco campamentos desmantelados”, indicó el estudio.
“Es evidente que hay una relación directa entre el narcotráfico y la ubicación de minas antipersonal. Cualquier región que presente cierta cantidad de hectáreas de coca este es un indicador, demostrado con la tesis, de que existe por lo menos una mina antipersonal en esa región”, añadió Paula.
El resultado de este estudio, indica una de sus autoras, “va dirigido a las autoridades encargadas de desminado o a las organizaciones internacionales. Que tengan en cuenta un factor más para las fases de estudios que ellos manejan antes de entrar a descontaminar una zona. Esto les puede ahorrar mucho tiempo”.
¿Es igual en otras regiones?
Aunque Paula Andrea Corredor afirma que esta dinámica puede resultar igual en diferentes partes del país donde hay grandes cultivos de uso ilícito, es claro que en muchas partes no existe una causa exclusiva para la utilización de ese tipo de explosivo.
Eso es lo que afirma Alvaro Jiménez, director de Campaña Colombiana Contra Minas, quien para entender el fenómeno ilegal, se pregunta ¿por que hay minas en el territorio nacional?
“Existen desde la década de los 70 según los registros y han sido parte de la dinámica del conflicto armado colombiano desde entonces. Los primeros registros vienen desde San Vicente de Chucurí, Santander, tras una ofensiva del Ejército contra el Eln, de ahí se sabe sobre uso de minas antipersonal y de las primeras víctimas”, expresó.
Agrega Alvaro Jiménez que en la medida en que el país ha venido viviendo la intensificación y expansión territorial del conflicto, las minas llegaron a otros territorios.
“En Antioquia fueron especialmente utilizadas en el Oriente cuando se dieron grandes operaciones del Ejército y grupos paramilitares contra el frente Carlos Alirio Buitrago del Eln, por lo que fueron instaladas grandes cantidades de minas por parte de los ilegales en municipios como Cocorná, Granada, Carmen de Viboral, Sonsón, Nariño, Argelia, entre otros”.
Para el director de Campaña Colombiana Contra Minas, los grupos armados ilegales que tiene el escenario del conflicto armado en el país tienen nexos directos con el narcotráfico, sin embargo, no comparte la hipótesis de que donde hay grandes extensiones de cultivos de coca hay una alta posibilidad de ubicar una mina.
“Siempre en medio tenemos una población afectada, pero hay muchas zonas del país donde hay minas antipersonal sin que existiera una mata de coca. Esto se trata de regiones donde siempre hubo ausencia del Estado”, aseguró.
Según cifras suministradas por la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, durante enero de 2019 (última actualización), se registraron en el país ocho víctimas (siete militares y un civil) por la explosión de este tipo de artefactos explosivos.
Durante el 2018, fueron 176 las personas que fueron afectadas por minas, de las cuales 92 fueron civiles y 84 militares .
