Espaldarazo de CPI a implementación del Acuerdo de Paz y a JEP

Fiscal Delegada ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Foto: Colprensa

Una delegación de la oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, concluyó este jueves una misión de cinco días en Colombia para evaluar el progreso en temas relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el respeto por los derechos humanos.

Los delegados de la fiscal, resaltaron el apoyo de la CPI al proceso de paz y, en especial, a la implementación de las medidas que sean necesarias para la administración de justicia. En ese sentido, subrayaron la importancia que tiene la JEP para estos fines, la cual debe ser “íntegra e independiente”.

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“La Oficina reitera la importancia de la JEP y la necesidad de mantener su integridad e independencia, así como la necesidad de proporcionarle los recursos y el apoyo necesarios para llevar a cabo su importante mandato”, dice el comunicado de la CPI.

Además, cada año la CPI publica un informe preliminar de las actividades realizadas por la oficina de la Fiscal de este organismo internacional. En el más reciente documento, el cual comprende los análisis realizados entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019, la corte resalta los avances de la JEP y los retos para el 2020.

Por ejemplo, con corte a noviembre de 2019, la CPI señala que 9.713 exmiembros de las Farc-EP, 2.291 militares y 63 agentes estatales no miembros de las fuerzas públicas han firmado las actas de sometimiento ante la JEP, para comparecer en uno de los siete casos que abrió esta justicia.

Con respecto a la labor de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, la CPI señaló que, a octubre de 2019, el ente acusador tenía a su cargo 2.047 casos contra civiles o agentes del estado no miembros de la fuerza pública por delitos relacionados con la promoción, apoyo o financiación de grupos armados ilegales. De estos, 1.253 casos hacen referencia a los presuntos delitos cometidos por civiles o empresarios y 794 a agentes estatales no combatientes.

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“Las autoridades colombianas parecen haber avanzado hacia el cumplimiento de su deber de investigar y enjuiciar conductas que constituyan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma”, concluye el informe preliminar de la CPI, quien afirma que durante 2020 seguirá de cerca la autenticidad de los procesos llevados por las tres jurisdicciones, estas son, la JEP, la justicia ordinaria y Justicia y Paz.

Sin embargo, señaló que “dada la escala, la complejidad y la naturaleza a largo plazo de los procedimientos internos llevados a cabo por las tres jurisdicciones nacionales que se ocupan de dicha conducta”, la CPI avanzará durante este año en la conceptualización de algunos puntos de referencia que le permitan continuar con su examen preliminar.