Con el fin de establecer las causas del exterminio al que se vio sometido la Unión Patriótica, UP, la Justicia Especial para la Paz, JEP, abrió el caso 006 denominado “victimización de los miembros de la UP por parte de agentes del Estado”.
Para abrir esta nueva línea, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), tomó como base el informe N.3 presentado por la Fiscalía y otros dos llamados ¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, de la Corporación Reiniciar, y “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”, del Centro Nacional de Memoria Histórica.
“La UP cumple con todos los criterios de priorización. De acuerdo con los tres informes recibidos por la JEP, los miembros de la Unión Patriótica (UP) fueron víctimas de violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica. La Sala estima que la información de los tres informes apunta a la existencia de una práctica sistemática y generalizada a nivel nacional que buscaba el exterminio de la UP y sus miembros”, explicaron mediante un comunicado en la mañana de este lunes.
Con la apertura de este caso, se buscaría establecer quiénes cometieron las afectaciones a este partido nacido en 1985 en medio de los diálogos de Paz entre el Gobierno y las Farc en Uribe (Meta), en el gobierno del presidente Belisario Betancur.
“El informe de la Fiscalía General de la Nación establece que las investigaciones en la justicia ordinaria han sido insuficientes para establecer la responsabilidad de los autores de estos hechos. De los 863 radicados, 809 están siendo tramitados bajo la Ley 600 y 54 bajo la Ley 906. En lo que respecta a la Ley 600, 479 procesos, el 59.21% de los casos, no han superado la etapa de investigación previa. Adicionalmente, 267 procesos, es decir el 33% de los casos, se encuentran en etapa de instrucción y 53 procesos, el 6.55% de los casos, están en juicio”. Además, de las 246 sentencias proferidas, solo se ha condenado a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía”, indicó la JEP.
Así mismo, la JEP indicó que por los ataques a la UP, 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a este tribunal y otros cuatro han solicitado su acogimiento por las mismas razones. Además, 13 exagentes del DAS han solicitado su acogimiento por hechos que podrían estar vinculados con este caso.
Los tres informes analizados identifican que los principales hechos victimizantes contra integrantes de la Unión Patriótica se concentraron en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; Meta, entre 1988 y 1992; Costa Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur del país.
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