Las autoridades están tomando medidas para contrarrestar el posible surgimiento de un conflicto en la frontera de Casanare y Boyacá, por la llegada del Clan del Golfo y la presencia de guerrillas.
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Ilegales siembran temor en frontera entre Boyacá y Casanare
Defensoría teme que se desaten enfrentamientos entre grupos ilegales, por la expansión del clan del Golfo.
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El Gaula está haciendo campañas educativas contra la extorsión en Yopal y los otros municipios amenazados. FOTO Cortesía de la Policía
“A partir de la fecha se ordena una limpieza social por parte de nuestros máximos comandantes, dirigida en contra de expendedores de alucinógenos, ladrones de ganado, vehículos, apartamenteros, estafadores, etc. Así mismo, nuestro propósito será mantener un Casanare libre de guerrilla, por lo que hemos tomado la decisión de ocupar las zonas donde estos delincuentes han hecho presencia durante años (...)”.
Con esta y otras amenazas impresas en el papel, ha estado circulando un panfleto en la frontera de los departamentos de Boyacá y Casanare. La principal hipótesis es que es de autoría del clan del Golfo, pero la Policía no descarta a otras organizaciones ilícitas.
La situación, aunada a otros hechos intimidantes acaecidos en una zona que había gozado de tranquilidad relativa en la última década, generó que la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana N° 008-21 de Inminencia, para advertirles a la Fuerza Pública y entidades civiles sobre el riesgo de violencia.
La alerta cobija cinco municipios casanareños: Sácama, La Salina, Aguazul, Támara, y su capital Yopal; y tres boyacenses, Pajarito, Paya y Pisba (ver el mapa).
Los delegados del Ministerio Público estudiaron los hechos ocurridos en el área durante seis meses, y concluyeron que hay altas probabilidades de que se repita el conflicto que ya golpea a otras regiones del país, es decir, la guerra entre el clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc.
Según el documento, conocido por EL COLOMBIANO, las primeras señales aparecieron el pasado 25 de noviembre, en Aguazul. En fachadas y vallas de la vía que comunica al casco urbano con las veredas Palo Solo y Río Chiquito, fueron pintados varios grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el nombre con el que el cartel narcotraficante Clan del Golfo se denomina a sí mismo. En esa ocasión rodó por primera vez el citado panfleto.
El 20 de febrero siguiente, un grupo de desconocidos, que se identificaron como integrantes de las Agc, recorrieron las fincas de aquellas dos veredas, y de las vecinas Llano Lindo, La Victoria, La Graciela y Sevilla, también en Aguazul. Les pidieron una cuota del 3% de sus ganancias a los ganaderos, arroceros y finqueros, alegando que era el “contrato” para desterrar a la guerrilla.
A los cuatro días, en el corregimiento El Morro, de Yopal, repartieron más panfletos. En la vereda La Guamalera, dos hombres en moto arrojaron varios de los volantes por la ventanilla del carro del líder social Javier Condia, justo cuando ingresaba a su casa; lo mismo pasó el 25 de febrero en la entrada de la vivienda del líder Jorge Castro, donde dejaron otro papel con amenazas, según la Defensoría.
Algunos de los panfletos fueron envueltos con globos de caucho morados, usado como cinta, y repartidos en cercanías a una base militar en el sector rural de Aguatoca. A raíz de estos hechos, ese día se pronunció la ONG Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, publicando en su cuenta de Twitter: “Alertamos la grave situación de seguridad de las organizaciones sociales y comunidad en general de Casanare. En una zona de influencia petrolera, altamente militarizada, se persigue judicialmente y aparecen panfletos amenazantes de las Agc”.
Conflicto latente
Territorialmente hablando, Casanare está localizado en una especie de sánduche, entre Arauca, un departamento con un enorme influjo del Eln; y Meta, donde el Clan ha venido aumentando su influencia criminal, por medio de la compra de bandas criminales locales, que actúan como subcontratistas de sus negocios en la zona.
Su vecino Boyacá en un corredor de movilidad entre el Magdalena Medio antioqueño y los Llanos Orientales, regiones de interés para los negocios ilícitos de narcotráfico, ganadería, minería y extorsión. Esta ubicación hace de la frontera boyaco-casanareña un pan dulce para las estructuras criminales.
Según el diagnóstico de la Defensoría, firmado por el titular de esa dependencia, Carlos Camargo Assis, “se evidencia que el retorno del paramilitarismo a la región tiene como fin combatir la expansión de las facciones disidentes de las exFarc, frentes 28 y 10, y del Eln” (ver el recuadro).
Sobre las acciones más recientes de estos grupos, la alerta temprana recordó que el frente 10 de la disidencia fariana incineró un vehículo en el barrio Las Ferias, de Aguazul, el pasado 10 de agosto, para presionar el pago de extorsiones. Por su parte, el frente 28 hizo circular un video el 21 de septiembre en el que el comandante “Antonio Medina” amenazó a varios contratistas e ingenieros de petróleos de la zona, también cobrándoles la “vacuna”.
Al Eln le atribuyen un atentado contra un poliducto en la vereda Plan Brisas, de Aguazul, el 22 de septiembre, con una bomba de bajo poder que por fortuna no destruyó la infraestructura.
La preocupación de la Defensoría y la Procuraduría es que se repitan los conflictos de otros lugares de Colombia, en los que estas mismas agrupaciones están en guerra. El Eln está en disputa contra las disidencias farianas en Cauca; y contra el Clan del Golfo en el Bajo Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Este último está en pugna contra los exFarc en el Norte y Nordeste antioqueños, Valle y Nariño.
De momento, indicaron las autoridades, no hay registro de enfrentamientos en la frontera amenazada.
Acciones de las autoridades
Fuentes de Inteligencia le contaron a EL COLOMBIANO que todavía están analizando la autenticidad de los panfletos de las Agc, y no descartan que los autores sean grupos delincuenciales locales, que fingen ser del Clan para infundir temor en los insurgentes.
No obstante, por precaución, ya se movilizaron tropas y policías judiciales a la región, pues lo real es que hay presuntos miembros de este cartel narcotraficante merodeando la zona. El coronel José Miranda Rojas, comandante de la Policía de Casanare, informó el 7 de abril que fueron capturados dos supuestos integrantes del Clan en el municipio de Pore, vecino de la localidad de Támara.
El mismo día hubo un consejo de seguridad en Yopal con la cúpula militar, autoridades nacionales, regionales y locales, como primera sesión de seguimiento a la situación. En la cita, el delegado de Alertas Tempranas de la Defensoría, Ricardo Arias, “manifestó la importancia de garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones para el reporte de emergencias, fortalecer esquemas de protección de líderes sociales amenazados y promover una amplia participación de la Mesa Territorial de Garantías”, informó el Ministerio Público en un comunicado.
Al término, el viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Juan Diezgranados, afirmó: “Nuestro compromiso en defensa de los DD. HH. es indeclinable e irrestricto”.
El 12 de abril la Procuraduría emitió un boletín, anunciando que hará “un seguimiento estricto al cumplimiento de las acciones interinstitucionales formuladas para atender la situación de riesgo presentada en cinco municipios de Casanare y tres de Boyacá, por las graves amenazas contra la población civil, al parecer provenientes del Clan del Golfo”.
Añadió que convocará a la Comisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional, otro mecanismo que ayudaría a la protección de la comunidad con su gestión.
El Gaula de la Policía incrementó sus campañas informativas en los municipios reseñados, para instruir a la ciudadanía en contra de la extorsión. Esto no ha espantado los miedos, pero al menos ya todo el mundo está advertido de lo que podría pasar.
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líderes sociales de Yopal fueron amenazados por grupos armados ilegales.
3%
de sus ganancias exigen los extorsionistas a los finqueros, ganaderos y arroceros.
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