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Colombia es un país con altas cifras de informalidad, y es en esa realidad en la que están los excombatientes, quienes tienen condiciones más difíciles.
Haber pertenecido a un grupo armado ilegal es una cruz que pesa. En Colombia se han desmovilizado más de 60.000 personas, que cargan un pasado en el que hicieron daño, pero que también los dañó.
De ellas un poco más de 50.000 se vincularon con el programa de reintegración del Gobierno Nacional y, en cifras gruesas, el 24 % reincidió en actividades ilegales, el 51 % se enganchó en actividades económicas informales y solo el 20 % logró ocuparse en un empleo formal con afiliación a la seguridad social, según un estudio de las universidades de Antioquia y la Autónoma Latinoamericana (Unaula). (ver gráfico).
La investigación señala que “en las actuales circunstancias, el mercado laboral no genera estímulos para la incorporación de población reinsertada”.
Actualmente son más de 650 empresas las que apoyan la reintegración a través de diferentes mecanismos, como empleo, voluntariados y encadenamientos productivos (como Sura, Sodexo, Panaca, Coca-Cola Femsa, Terpel, EPM, Eternit, Bancolombia, Ingenio...