Con la preocupación a cuestas por una pandemia que se extiende por el país y que ya comienza a llegar a los sitios más lejanos, además de ser una enfermedad que no discrimina, desmovilizados de distintos grupos armados ilegales alzaron la mano, pidieron ayuda y fueron escuchados.
El Gobierno nacional determinó que a 3.193 personas que dejaron la ilegalidad antes del Acuerdo de Paz con las Farc, entregaron las armas de manera colectiva o individual y ya no recibían algún tipo de ayuda, era necesario entregarles el auxilio de 160.000 recibidos por otros colombianos para mitigar la cuarentena decretada hasta el 27 de abril.
Andrés Stapper Segrera, director de la Agencia de Reincoporporación y Normalización, ARN, indicó que “la medida otorgada tiene como propósito mitigar los efectos negativos en los ingresos económicos de esta población durante el tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Sttaper explicó que los requisitos para que esta población acceda a la ayuda son: no recibir actualmente ningún tipo de apoyo de la ARN por superar el tiempo para otorgar estos beneficios, el cual es de 30 a 78 meses; además, no ser beneficiarios de ningún programa creado por el Gobierno para atender la emergencia generada por el covid-19.
Una buena medida
Carlos Arturo es un desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de los paramilitares que, después de dejar las armas, se dedicó a su proyecto productivo: carpintería y ebanistería.
Carlos vive en uno de los barrios de la comuna Nororiental de Medellín. Con su negocio cerrado la vida “se le hizo cuadritos”, y por eso empezó a rebuscarse el sustento en la calle, esculcando basuras para buscar plásticos y botellas en el reciclaje.
“Por eso me parece buena la medida. Porque yo sé que aunque 160 mil pesitos no es mucho, al menos me ayuda para llevar algo de comida a mi esposa y a mi hijo”, expresó Carlos a EL COLOMBIANO.
No obstante, para Guillermo Rodríguez, representante de la Corporación COCJANT-ESP, que reúne excombatientes de Auc de la comuna 8 de Medellín y otras personas que trabajan en la recuperación de materiales, esta propuesta es indignante e irrisoria.
“El Gobierno debería garantizar el mínimo vital como lo ordena la Corte Constitucional. Es una obligación, pero hace falta voluntad política y muchas de estas personas que dejaron la guerra por convicción, hoy tienen familias y con este dinero no les alcanzaría. Así como hizo con las empresas, ¿por qué no lo hace con la gente?”, dijo Rodríguez.
Sin embargo, Stapper precisó que “con este dinero ellos tendrán un apoyo de carácter excepcional por tres meses para que puedan solventar algunas de las necesidades en sus familias para atender esta contingencia”.
