Paz y derechos humanos

Lozada reconoce que ejecutó orden de asesinar a Álvaro Gómez

Carlos Antonio Lozada reconoció que estuvo a cargo de la operación en la que las Farc mataron a Álvaro Gómez Hurtado. FOTO: Colprensa

Olga Patricia Rendón Marulanda

07 de octubre de 2020

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El congresista Julián Gallo Cubillos, conocido en los años de guerra como Carlos Antonio Lozada, uno de los excomandantes de las Farc, reconoció que fue él quien ejecutó la orden de asesinar al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, en noviembre de 1995.

Lozada le dijo a El Espectador que “es un hecho cuya responsabilidad es de la Red Urbana Antonio Nariño, de la cual yo era comandante”, y que la instrucción llegó directamente de Jorge Briceño, también conocido como Mono Jojoy, quien a su vez la recibió de Manuel Marulanda Vélez.

Es de recordar que el sábado pasado la Jurisdicicón Especial para la Paz informó que el antiguo secretariado de las Farc había manifestado su intención de reconocer tempranamente el asesinato del tres veces candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín.

Según el relato de Lozada, las Farc tenían el plan de matar a Gómez Hurtado casi que desde su fundación, por ser uno de los líderes que más insistió en la destrucción de las Repúblicas Independientes, promovidas por la guerrilla, y más adelante cerrarles la puerta a la transformación del país a través de la Constituyente.

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De alguna manera las Farc culpaban a Gómez Hurtado de que el mismo día en que inició la Constituyente de 1991 se lanzara la operación contra Casa Verde, con la que según Lozada, “se selló un pacto excluyendo a un sector político en Colombia que estaba alzado en armas, nos estaban enviando el mensaje de que en ese nuevo pacto social no nos aceptaban como parte de la sociedad colombiana”.

Así que el atentado fue planeado bajo sus órdenes por cuatro guerrilleros pertenecientes a la Red Urbana Antonio Nariño. Todos están muertos, dos de ellos fueron asesinados por la Policía, según el congresista, en la masacre de Mondoñedo (ocurrida el 6 y 7 de septiembre de 1996, cerca de Bogotá). Aunque sobre los otros dos no entregó detalles y aclaró que los dirá ante la JEP.

Explicó que los 25 años de silencio se deben a que el Secretariado de las Farc entendió que era más conveniente la desestabilización ocasionada por la pelea entre los sectores del poder, que los efectos que podía traer atribuirse la responsabilidad. “Esto se profundizó mucho más hasta tener dos sectores de la élite dominante enfrentados sin darse una explicación y ahora que entregamos nuestra versión no se nos cree”, añadió.

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Lozada dijo, además, que como los cuatro guerrilleros que ejecutaron la operación murieron, la Fuerza Pública no tuvo cómo demostrar la responsabilidad de las Farc, lo que ayudó a que se mantuviera el secreto.

El mismo sábado, después del anuncio de la JEP, ocho exmiembros del antiguo Secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como “Tiomochenko”, el último comandante de esa guerrilla, manifestaron en la tarde de ayer en un comunicado que “tras muchas horas de reflexiones individuales y colectivas, honrando nuestro compromiso con la construcción de un sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad más amplia y completa posible, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez ”.

“Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez. Hemos leído sus biografías y hoy sabemos que su contribución a la paz habría sido fundamental. Pero la guerra nubla la mirada del futuro y sólo permite ver la realidad en blanco y negro para dividirla en amigos y enemigos”, se lee en el comunicado.

Gobierno pide revisar su participación política

Luego de conocer estas declaraciones, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, solicitó a la JEP revisar si los congresistas Julián Gallo Cubillos (Lozada) y Pablo Catatumbo (quien también firmó la carta en la que reconocieron su responsabilidad en el magnicidio de Álvaro Gómez y otros cinco asesinatos), pueden seguir en el Congreso de la República.

De acuerdo con su análisis, la JEP debe señalar si procede la restricción a las libertades de movilidad y residencia, luego del reconocimiento del crimen.

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Sin embargo, ante este sistema de justicia el proceso por el magnicidio de Gómez Hurtado apenas comienza, deben darse las contrastaciones pertinentes que llevarán a la sanción, lo que puede tardar varios meses, incluso años.

Lozada señaló que las Farc dejaron las armas a cambio de participación política, independiente de los crímenes que hayan cometido. “No tendría sentido que se cuestionara el Acuerdo”.