Saber si el alto mando militar; el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y hasta el presidente de la República, Iván Duque, conocían que en el campamento de la disidencia de las Farc que ordenaron bombardear el 29 de agosto, a las 11:00 de la noche, había ocho menores de edad, entre ellos una niña de 12 años, hace toda la diferencia en la operación.
No porque el objetivo no fuera un blanco legítimo. El Derecho Internacional Humanitario es claro en proteger a los menores de 15 años del reclutamiento de grupos armados, en ese sentido quienes violaron la norma fueron las disidencias de las Farc.
Entonces, si los menores de edad pueden ser combatientes, el cuestionamiento adquiere un matiz ético. Pero, a juicio del senador Roy Barreras, quien presentó la denuncia de la muerte de menores en el bombardeo, si quienes tomaron la decisión de apretar el botón que disparó las bombas sabían que había menores de edad reclutados forzosamente, “debieron frenar la operación”.
La Fuerza Pública y el ministro Botero se escudan en que no fueron informados de la presencia de los menores de edad. Pero una versión distinta tiene el personero de Puerto Rico (Caquetá), Erner Carreño, quien afirma que puso a disposición del Ejército, de la Fiscalía y del Ministerio Público información sobre el reclutamiento forzado de niños que el grupo de alias “Gildardo Cucho” estaba adelantando en la región.
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Las alertas
Al menos tres de los ocho menores de edad que murieron en el bombardeo fueron reportados por Carreño como reclutados por las disidencias de “Gildardo Cucho”. También se denunció que una de las niñas estaba siendo abusada sexualmente y obligada a planificar.
“Veníamos recibiendo información constante y permanente de grupos armados que estaban reclutando a niños en el municipio de Puerto Rico. Por esta razón, desde el mes de mayo, vengo informando a la Fuerza Pública, en oficios que me piden mensualmente, que la Personería conoce de la presencia de esos grupos que reclutan menores de edad”, relató el funcionario.
Luego del bombardeo los familiares le informaron que sus hijos probablemente fueron asesinados en el campamento. Nuevamente lo informó, esta vez, el 1° de octubre pasado.
“Eran niños que estaban estudiando y fueron reclutados en las vacaciones. Realmente son víctimas del conflicto, hay que decir claramente que el Estado les falló dos veces, la primera cuando el ministerio público les alertó del reclutamiento forzado y no hicieron nada para evitarlo, y la segunda, cuando ordena cegar sus vidas en una operación militar, mientras se encontraban prácticamente secuestrados, en una etapa de adoctrinamiento y sin armamento”, señaló el personero.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido de la situación en la Alerta Temprana 01 de 2019, en la que explicó que en San Vicente de Caguán (Caquetá) estaban operando las disidencias de los frentes 1, 7 y 40 y de la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc.
“Han efectuado acciones de reclutamiento forzado de adolescentes, también se ha reportado ofrecimiento a excombatientes de las Farc con el objetivo de lograr su vinculación”.
Por ejemplo, en abril de 2018, se reportó el reclutamiento de tres adolescentes en el sector de Puerto Betania, Adicionalmente, la Defensoría conoció de amenazas de reclutamiento y posteriores desplazamientos forzados hacia el sector de las Damas y San Juan de Lozada, dejaba claro la alerta emitida en enero.
“Colombia es un país que, al no garantizar de manera integral los derechos de los niños, allana el terreno para el reclutamiento, por eso las labores en contra de los grupos tienen que ser muy cuidadosas para no cometer dos delitos en su contra”, explicó Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi, que trabaja por la promoción y la defensa de los derechos de los menores de edad.
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El blanco legítimo
El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, aseguró ayer, en rueda de prensa, que esta “no fue una operación contra menores de edad, fue contra el cabecilla del Gao residual 7° alias Gildardo Cucho”. Agregó que información de inteligencia advirtió del desplazamiento de este cabecilla desde Venezuela hacia Caquetá con unos 20 individuos que serían su cerco de seguridad.
“Se realiza el planeamiento de la operación militar siguiendo todos los parámetros y protocolos que rigen la doctrina militar colombiana, transversalizada con el CICR y con altos estándares de derechos humanos y DIH, determinándose adelantar una operación de ataque aéreo, previa valoración por parte de asesores jurídicos operacionales quienes determinaron que es legítimo realizar esta operación contra un objetivo lícito y su estructura, que contaba con capacidad armada y de generar daño”, dijo el militar.
A pie juntillas dijo que no se tenía conocimiento de que menores de edad hicieran parte de esa cuadrilla de seguridad.
No es la primera vez que menores de edad resultan muertos en bombardeos y en combates. Por ejemplo, en el bombardeo contra alias “Cabuyo” en Briceño, el 1° de octubre de 2018, murieron siete personas, dos menores de edad.
Para el coronel (r) Jhon Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, “la ley no aclara que no sea legítimo sitios de reunión de combatientes si hay mujeres embarazadas, ancianos o niños, se entiende que en acción de guerra lo que hay son combatientes”.
De todas formas, Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de Justicia, aseguró que un menor edad que es reclutado deja de ser un civil protegido cuando entra a las filas del grupo armado. Se convierte en combatiente, y en blanco legítimo. “El peso de la violación al DIH recae exclusivamente sobre el grupo armado que lo reclutó”.
Esto no es tan claro a la luz de las sentencias. El profesor Pablo Angarita, director de la Especialización en Derechos Humanos y DIH de las Universidad de Antioquia, afirmó que “en jurisprudencias recientes, los menores de edad involucrados en grupos armados son considerados más víctimas que victimarios. Es difícil de entender por algunas personas. Expresiones como niños soldados han sido rechazadas en el lenguaje del Derecho Internacional de Derechos humanos”.
Y, continuó Angarita, en caso de duda el DIH es claro en decir que opera el principio prohomine, es decir la duda a favor de la víctima.
Por eso el exministro de Defensa, Rodrigo Rivera, aclaró que “en el DIH se acepta el daño colateral eventual si hubo diligencia en el acopio de inteligencia para descartarlo. Pero en Colombia para proteger a nuestras Fuerzas Armadas hace años se adoptó un estándar más alto: si hay dudas no se bombardea”.
