Un total de 58 situaciones de riesgo emitió el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en 2015, por hechos en los que se advertía sobre la posibilidad de la vulneración de los derechos humanos de la población civil en diferentes comunidades del país por parte de grupos armados ilegales.
Este año, según Jorge Enrique Calero, director de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se han emitido más de 20 documentos de advertencia, “tenemos zonas afectadas en Casanare, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio y Unguía, en Chocó; Briceño y El Bagre, en Antioquia; Puerto Libertador y Montelíbano, en Córdoba; Mapiripán y Puerto Gaitán, en Meta; San Pablo, en Bolívar, entre otros”.
Con las alertas tempranas, el Ministerio Público busca advertir a las autoridades competentes sobre situaciones de riesgo por consecuencia del conflicto armado, con el fin de obtener una respuesta adecuada y evitar hechos violentos que vulneren los derechos humanos.
Según el reporte de 2015 de la Defensoría, se emitieron 27 informes de riesgo y 31 notas de seguimiento, para un total de 58 advertencias de alertas tempranas en 93 municipios de 22 departamentos del país (ver gráfico).
La población más vulnerada está compuesta por colonos, campesinos, población mestiza, y habitantes de las grandes ciudades, mientras que las comunidades afrocolombianas e indígenas también tienen un porcentaje alto de afectación.
Para la Defensoría, las bandas criminales, o grupos armados creados después de la desmovilización de las autodefensas, se constituyen en la principal amenaza de vulneración a los derechos de la población civil.
También advierte que las Farc y el Eln siguen siendo generadores de riesgo “por acciones poblacional y territorial, principalmente en las zonas de presencia histórica, se mantienen y generan temor en las comunidades, debido a que persisten hechos relacionados con la extorsión, el reclutamiento, la utilización de niños, niñas y adolescentes, y las presiones a la población para seguir sus directrices”.