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Combates entre Agc y Eln generan crisis humanitaria en San Juan, Chocó
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Imagen de referencia sobre el desplazamiento que viven las comunidades en el departamento del Chocó. La foto no corresponde al tiempo y lugar de los hechos. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
14 de septiembre de 2021
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En medio de un llamado a la institucionalidad para hacerse presente en el departamento de Chocó, comunidades y organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron fuertes enfrentamientos entre grupos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y la guerrilla del Eln.
El Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano- en la que se articulan 18 organizaciones étnico-territoriales y sociales y 7 jurisdicciones eclesiásticas de la región del Pacífico-, alertaron sobre “la grave situación de violación de derechos humanos y el riesgo inminente de victimización que viven actualmente las comunidades negras que habitan los municipios de Istmina, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Sipí y Nóvita (Chocó)”, derivado de las acciones de grupos armados que se disputan el control de este territorio.
Según ese mismo comunicado de prensa, los enfrentamientos que atemorizan a esa población chocoana iniciaron en junio de este año y se intensificaron desde agosto, generando situaciones de confinamiento y restringiendo derechos fundamentales como la libre movilidad y el acceso a bienes y servicios esenciales de al menos 1.391 personas, según información de la personería con corte a 2021.
Así mismo, la Personería de San Juan alertó sobre el desplazamiento forzado de 965 familias en esos municipios, provocando la movilización de más de 1.200 personas hacia otros territorios y hacia el casco urbano.
Sumado a eso, la comunidad ha reportado una intensificación del conflicto en los últimos tres días, “lo que ha agravado la situación humanitaria para las comunidades de Medio San Juan, originándose un nuevo desplazamiento masivo de 10 familias, principalmente desde las comunidades Isla de la Cruz y San Miguel, que han decido abandonar el territorio y desplazarse hacia el municipio de Istmina”, según dijo Acadesan.
Dentro de los obstáculos para abordar la problemática, Acadesan y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano encuentran una falta de recolección de información para la elaboración de censos de las comunidades desplazadas y en situación de confinamiento, “así como limitaciones con que cuenta el ente territorial municipal en términos de recursos humanos y financieros para abordar esta grave crisis”.
Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), rechazó los enfrentamientos entre esos grupos y pidió mayores acciones para respetar los derechos de las comunidades que se encuentran en medio del fuego cruzado. “Alertamos sobre graves afectaciones humanitarias que generan los recurrentes enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la subregión del San Juan, Chocó. Instamos a las autoridades a redoblar esfuerzos para garantizar la vida e integridad de las comunidades. #NoMásViolencia”, escribió la MAPP en su cuenta de Twitter.
Por último, el pliego de peticiones de dichas comunidades incluye cinco puntos claves que consideran necesarios para restablecer la paz y el orden dentro del territorio:
1. La necesidad de implementar de forma integral el Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno y la otrora Farc, principalmente en lo concerniente al capítulo étnico.
2. Avanzar en los diálogos de paz y firma de acuerdos humanitarios con todos los actores armados presentes en el territorio.
3. Reconocer a las comunidades como un actor comunitario étnico no armado, respetando la integridad de sus miembros, así como la autonomía sobre sus territorios ancestrales y ejercicio libre de autodeterminación sobre sus vidas, su presente y futuro.
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las órdenes de la medida cautelar del Auto 040 de 2018 de la jurisdicción de Restitución de Tierras, así como lo dispuesto en el Auto 005 de 2009 y el Auto 091 del 24 de febrero de 2017 de la Honorable Corte Constitucional.
5. Cumplir y velar por el cumplimiento de las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana Nro. 020 de 2021.
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