En medio de un llamado a la institucionalidad para hacerse presente en el departamento de Chocó, comunidades y organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron fuertes enfrentamientos entre grupos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y la guerrilla del Eln.
El Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano- en la que se articulan 18 organizaciones étnico-territoriales y sociales y 7 jurisdicciones eclesiásticas de la región del Pacífico-, alertaron sobre “la grave situación de violación de derechos humanos y el riesgo inminente de victimización que viven actualmente las comunidades negras que habitan los municipios de Istmina, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Sipí y Nóvita (Chocó)”, derivado de las acciones de grupos armados que se disputan el control de este territorio.
Según ese mismo comunicado de prensa, los enfrentamientos que atemorizan a esa población chocoana iniciaron en junio de este año y se intensificaron desde agosto, generando situaciones de confinamiento y restringiendo derechos fundamentales como la libre movilidad y el acceso a bienes y servicios esenciales de al menos 1.391 personas, según información de la personería con corte a 2021.
Así mismo, la Personería de San Juan alertó sobre el desplazamiento forzado de 965 familias en esos municipios, provocando la movilización de más de 1.200 personas hacia otros territorios y hacia el casco urbano.
Sumado a eso, la comunidad ha reportado una intensificación del conflicto en los últimos tres días, “lo que ha agravado la situación humanitaria para las comunidades de Medio San Juan, originándose un nuevo desplazamiento masivo de 10 familias, principalmente desde las comunidades Isla de la Cruz y San Miguel, que han decido abandonar el territorio y desplazarse hacia el municipio de Istmina”, según dijo Acadesan.
Dentro de los obstáculos para abordar la problemática, Acadesan y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano encuentran una falta de recolección de información para la elaboración de censos de las comunidades desplazadas y en situación de confinamiento, “así como limitaciones con que cuenta el ente territorial municipal en términos de recursos humanos y financieros para abordar esta grave crisis”.
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