En el marco de la llamada Peregrinación por la Vida y la Paz, en la que más de 300 exguerrilleros de las extintas Farc se dirigen hacia Bogotá para dialogar con el Gobierno, se presentó un inédito acto de reconciliación entre un desmovilizado de esta guerrilla y Ramón Isaza, exjefe paramilitar.
A la llegada a Doradal en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, los marchantes –quienes vienen desde distintos ETCR– fueron recibidos por Ramón Isaza y uno de sus hijos, así como por el alcalde del municipio, Javier Guerra Castillo, en el parque principal.
Entre quienes están en el grupo de desmovilizados se encuentra Rubén Cano, del ETCR de Mutatá, quien fue comandante del frente que operaba en el oriente antioqueño, y Anderson Carranza, excomandante del Frente 36 de las Farc.
Luego de una breve introducción, Cano tomó la palabra y, con megáfono en mano, aseguró que la peregrinación la hacen porque “desde 2016 han asesinado a más de 230 firmantes del acuerdo de paz y a más de 600 líderes y lideresas. Estamos marchando porque creemos en la paz, que sí son posibles los actos de reconciliación entre adversarios, que dejemos de matarnos entre hermanos, que no dejemos la maldita herencia de la guerra en la que nacimos”.
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Y, después, se dirigió a Isaza a quien le dijo que “es de suma importancia que nos haga este reconocimiento, ya que en el pasado fue nuestro enemigo, pero que viene con el compromiso de abrazar la paz. En campos de combate dejamos sangre. Hoy debemos dejar ánimo, amor, compromiso y reconciliación”.
El acto terminó con Cano entregándole a Isaza, que fue uno de los principales líderes paramilitares en el Magdalena Medio y se desmovilizó en 2006 después del llamado Pacto de Ralito, una bandera como símbolo de paz.
La marcha de los exFarc
En el grupo que se dirige a Bogotá, hay excombatientes provenientes de Huila, Caquetá, Putumayo y Tolima. La colectividad espera llegar en la noche de este viernes a Fusagasugá y en la mañana del sábado a Bogotá.
De acuerdo con Laura Vega, coordinadora política de Farc en Tolima, en todo el país van 236 excombatientes asesinados y alrededor de siete en el departamento, especialmente en el sur. Además, explicó que la población en proceso de reincorporación continúa sometida al acoso, las amenazas y la estigmatización en los territorios.
“Si vamos a ver el caso de la Unidad Nacional de Protección, el programa está funcionando a medias: hay recorte de viáticos y combustible, y las misiones no las aprueban completas. Parece una campaña para inmovilizar el partido, porque casi que nos están manejando la agenda diciéndonos cuánto podemos desplazarnos”, dijo.
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