“Vivimos entre confrontaciones, muerte y violencia por votar siempre por los mismos”. El miedo y la culpa son un casado con el que tienen que lidiar las comunidades que habitan las zonas más convulsas del país. Lo de alias “Calarcá”, su capacidad para corromper e infiltrar las Fuerzas Militares y la inteligencia del Estado, es solo uno de los hechos que exponen el desgaste de la política de paz del gobierno de Gustavo Petro.
Todo ocurre mientras campesinos e indígenas cargan con la idea de que la responsabilidad de la guerra recae sobre ellos “por votar siempre por los mismos”.
En 2022, el presidente prometió desactivar la guerra; hoy, a ocho meses de concluir su mandato, las cifras evidencian lo contrario. La violencia se expandió, los grupos armados se fortalecieron y la apuesta por reducir el conflicto terminó profundizando su impacto. Petro puso en el centro de su agenda el proyecto más ambicioso en materia de seguridad y resolución de conflictos que haya intentado gobierno alguno desde la firma del Acuerdo con las Farc: la Paz Total.
No se trataba solo de negociar con un actor específico, sino con todos los grupos armados y estructuras criminales que operan en el país, bajo la premisa de que la salida al conflicto debía ser simultánea, territorial y estructural.
Tres años después, el balance no es positivo. Hubo avances puntuales, pero el acumulado general se inclina hacia un desgaste profundo, marcado por fracturas en las mesas, pérdida de confianza mutua, reconfiguraciones territoriales y una violencia que, en buena parte del país, no ha disminuido sino aumentado.
“La Paz Total terminó convertida en una bandera profundamente deslegitimada. Es tan baja su credibilidad que resulta improbable que el próximo gobierno, sea cual sea, mantenga esta política en los mismos términos. Incluso en un eventual escenario en el que Iván Cepeda llegara al poder, sería inevitable un replanteamiento profundo. Al final, el balance que deja es un país atrapado en nuevas guerras locales y una crisis de inseguridad regional que, lejos de remitir, amenaza con agravarse en los próximos meses”, analizó Jorge Mantilla, experto en temas de conflicto armado.
De hecho, esta misma semana la prestigiosa revista inglesa The Economist calificó la política de Paz Total como “fallida”.
Actualmente, el Gobierno mantiene tres mesas formales de diálogo y ocho espacios adicionales de conversación, además de un proceso en fase exploratoria. Ninguno de estos escenarios, sin embargo, involucra al ELN ni a las disidencias del Estado Mayor Central lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.
En el caso del ELN, la que estaba llamada a ser la mesa central de la Paz Total, el proceso quedó suspendido desde septiembre de 2024, después de que esa guerrilla atacara una base militar en Arauca, causando dos muertos y 25 heridos.
Siga leyendo: De señalarlo como “falso” a tener dudas: Petro pedirá investigaciones forenses sobre archivos de Calarcá
Desde entonces, no hubo avances reales. En mayo de este año, el presidente Petro mencionó públicamente la posibilidad de reactivar los diálogos, pero esa intención no se tradujo en gestiones concretas ni en un nuevo itinerario de negociación. El proceso, en la práctica, permanece congelado.
“Uno de los efectos más visibles de la Paz Total ha sido la fragmentación de los grupos armados. En el caso de las disidencias de las Farc, por ejemplo, el Gobierno abrió tres procesos distintos de diálogo con el Estado Mayor Central. Ese intento, además de fracasar tempranamente, terminó profundizando la división interna de esa estructura. Hoy, el antiguo EMC está partido entre las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y las facciones asociadas a alias “Calarcá”, una fractura que ha incrementado la violencia y la competencia territorial en varias regiones”, añadió Mantilla.
Mesas que sobreviven
Las únicas mesas de diálogo de paz que permanecen activas son las que el Gobierno adelanta con tres estructuras criminales: la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que reúne a más de 1.200 integrantes; los Comuneros del Sur, con cerca de 150 combatientes y milicianos; y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la disidencia liderada por alias “Calarcá”, el jefe armado que, según las investigaciones, habría logrado corromper al general del Ejército Miguel Huertas y al director de Inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, para recibir información sensible y reservada del Estado.
Otros intentos de paz
Además de las mesas formales, el Gobierno mantiene activos varios espacios de conversación en territorios y con estructuras armadas locales. Estos incluyen los diálogos con las dos principales bandas urbanas de Buenaventura, Medellín y Quibdó, así como acercamientos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con una facción del denominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo).
Aunque no son procesos de negociación en sentido estricto, funcionan como canales de interlocución destinados a reducir la violencia urbana y rural mientras se define si pueden avanzar hacia escenarios de diálogo más formales, aunque el tiempo no juegue a favor. En el caso de Buenaventura, el espacio de conversación se encuentra inactivo.
Le puede interesar: Proceso de paz con disidencias de Calarcá ha costado más de 30 mil millones de pesos; ¿y los resultados?
Allí el Gobierno había instalado una mesa con alrededor de 1.700 integrantes de las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, pero el proceso se fracturó en marzo de 2024, cuando “los Espartanos” se levantaron de la mesa y la tregua entre ambos grupos se disolvió.
La crisis se profundizó en mayo de 2025, tras la captura por secuestro y otros delitos de alias “William” y alias “Jimmy”, quienes fungían como voceros de “los Shottas” en ese escenario de paz. Con estos hechos, el intento de desescalar la violencia urbana en el puerto quedó prácticamente suspendido.
Las mesas de paz que aún siguen en pie, aunque sin avances tangibles
Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF)
Se trata del proceso que surgió tras la ruptura entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”. Mientras “Mordisco” optó por mantenerse en la confrontación, y ha sido objetivo de operaciones militares, “Calarcá” decidió continuar la negociación de dejación de armas con el Gobierno.
Su estructura, denominada Estado Mayor de Bloques y Frentes, tiene presencia en 11 departamentos y en zonas fronterizas con Venezuela, y reúne a 2.000 combatientes distribuidos en dos bloques.
Pese a la renuncia del jefe negociador del Gobierno, Camilo González, el 16 de junio, el proceso continúa y actualmente se desarrolla su séptimo ciclo de conversaciones. A Camilo González lo reemplazó, Gloria Quiceno.
La negociación atraviesa un momento de incertidumbre, al menos desde la mirada de analistas. Este grupo armado ilegal está en el centro de una polémica por la presunta infiltración a las Fuerzas Militares, desde donde, según las investigaciones, recibía información estratégica y reservada.
A ello se suma que sus principales jefes cuentan con órdenes de captura suspendidas y han sido señalados de recibir concesiones excesivas por parte del Gobierno. El séptimo ciclo comenzó justo después del ataque contra un helicóptero en Amalfi, Antioquia, que dejó al menos 13 policías muertos. El atentado, atribuido al Frente 36, no frenó el desarrollo del proceso de negociación. Este ciclo se instaló en San Vicente del Caguán (Caquetá).
Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, surgida a finales de 2024 tras la escisión interna en la Segunda Marquetalia, se ha consolidado como el tercer gran proceso de negociación con grupos armados dentro de la política de paz total del Gobierno.
La organización tiene presencia en 65 municipios de nueve departamentos y agrupa a cerca de 1.200 integrantes provenientes de los Comandos de Frontera y de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.
Tras la ruptura con el desertor del proceso de paz Iván Márquez, las facciones que permanecieron en la mesa decidieron continuar bajo la nueva denominación de CNEB y sostener una agenda centrada en transformaciones territoriales, reconocimiento de víctimas, reincorporación y verificación de compromisos.
El proceso de negociación también ha enfrentado momentos críticos. El 12 de febrero de 2025, al cierre de la tercera ronda de diálogos, la Fiscalía capturó en Bogotá a Andrés Rojas, máximo comandante de los Comandos de la Frontera y delegado en la mesa, en cumplimiento de una circular roja de Interpol con fines de extradición por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Aunque este hecho representó un duro revés para la delegación insurgente, las conversaciones continuaron.
Actualmente, el proceso avanza en su quinto ciclo de conversaciones. En mayo de 2025, las partes acordaron la creación de dos Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo, donde se concentrarán 120 combatientes. Además, el CNEB se comprometió a erradicar 15.000 hectáreas de coca, limpiar campos minados y entregar ocho toneladas de explosivos.
Los Comuneros del Sur
Los diálogos entre el Gobierno y los Comuneros del Sur, la facción que se apartó del ELN y que opera exclusivamente en Nariño, se han convertido, según analistas, en uno de los procesos más sólidos dentro de la política de paz total. Para algunos, incluso, podría ser el único que llegue a un cierre exitoso antes de que termine el mandato de Gustavo Petro.
Su presencia está delimitada a diez municipios del departamento y su capacidad armada se estima en unos 150 combatientes y milicianos, lo que los convierte en un actor relativamente pequeño, pero con alta incidencia local.
En este proceso se han desarrollado siete ciclos formales de conversaciones. Durante las sesiones, el grupo ha mostrado gestos que el Gobierno considera significativos. En abril de 2025, por ejemplo, entregaron 585 artefactos explosivos para su destrucción.
Posteriormente, el 10 de junio, ambas delegaciones acordaron que la organización concentrará a sus tropas en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT). Esta sería la tercera zona de concentración creada bajo el paraguas de la paz total y tiene como propósito servir de espacio de transición hacia la vida civil. Sin embargo, el proceso no ha estado libre de sobresaltos.
El 23 de noviembre, los Comuneros del Sur protagonizaron su primera confrontación armada desde que iniciaron las negociaciones, un hecho que generó dudas sobre la solidez de los acuerdos y la coherencia interna del grupo. El clima de desconfianza es palpable en zonas como Cumbal, donde se ha contemplado instalar espacios logísticos del proceso.
Las mesas de paz que fracasaron y no llegaron a buen puerto
El fracasado proceso
de paz con el ELN
Antes de posesionarse, Gustavo Petro prometió que Colombia entraría en una nueva era. La llamó “paz total”. En el centro de esa visión estaba una mesa prioritaria: la del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua del continente, aún activa, con un pie en la política y el otro en las economías ilegales que sostienen buena parte de su capacidad militar.
El ELN, fortalecido tras la salida de las Farc del escenario armado en 2016, se expandió hasta alcanzar presencia en 231 municipios de 17 departamentos y también en Venezuela, donde opera con libertad estratégica.
Sus aproximadamente 6.000 combatientes, organizados en siete frentes de guerra, lo convierten en un actor armado robusto, con dominio territorial sostenido y capacidad de ataque selectivo. Era, en palabras del propio Petro, “la pieza clave” para destrabar la violencia rural y desbloquear rutas humanitarias en regiones como el Catatumbo, Arauca, Chocó y Nariño.
Pero ese objetivo nunca llegó a cuajar. El 5 de septiembre de 2024, el país volvió a una realidad conocida pero que el Gobierno intentaba no admitir: el ELN no había decidido bajarle a la guerra. Ese día, el grupo guerrillero atacó una base militar en Arauca, dejando dos uniformados muertos y 25 heridos. Fue un mensaje claro: el ELN no actuaba bajo un compromiso irreversible de desescalamiento.
El Gobierno suspendió la mesa. No había manera de justificar la continuidad de unas conversaciones cuyo contraparte mantenía acciones de guerra de alto impacto. Desde entonces, el proceso entró en un limbo del que nunca salió realmente, hasta el día de hoy.
La Segunda Marquetalia
Las negociaciones con la Segunda Marquetalia, la estructura criminal que lidera el exjefe guerrillero y desertor del Acuerdo de Paz, alias Iván Márquez, terminaron convirtiéndose en uno de los reveses más visibles de la Paz Total. El proceso involucraba a cerca de 800 combatientes y milicianos con presencia en seis departamentos del país y en territorio de Venezuela, pero nunca logró consolidarse. Aunque la organización manifestó su interés en sumarse a la política de Paz Total tras la elección de Gustavo Petro en 2022, los diálogos solo arrancaron formalmente a mediados de 2024 y desde el comienzo avanzaron con lentitud.
La crisis estalló en noviembre de 2024, cuando una fractura interna golpeó de lleno la cohesión del grupo. Los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico se separaron de la coalición, debilitando el mando de Márquez y dejando en evidencia las tensiones internas.
En diciembre, la ruptura se hizo irreversible. La mesa quedó prácticamente paralizada y, desde entonces, no se ha realizado ningún ciclo adicional de conversaciones con la facción de Márquez. El único rastro de continuidad se dio con los grupos que se apartaron de él: los Comandos de Frontera, y Coordinadora Guerrillera del Pacífico, quienes mantienen canales independientes con el Gobierno.
El intento de diálogo con la Segunda Marquetalia, que en su momento fue presentado como uno de los pilares de la estrategia de desescalamiento, terminó diluyéndose entre divisiones internas, falta de avances y una estructura demasiado fragmentada para sostener un proceso negociador estable. El resultado fue otra mesa que se suma a la lista de esfuerzos fallidos dentro de la Paz Total.
Estado Mayor Central (EMC)
La negociación con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas FARC y la estructura que lidera alias Iván Mordisco, terminó en fracaso. Lo que comenzó como un intento de diálogo con la disidencia más poderosa después del Acuerdo de 2016 terminó en un proceso suspendido prematuramente, marcado por incumplimientos, escaladas de violencia y una reconfiguración territorial que fortaleció al grupo armado. El EMC opera en siete departamentos, con aproximadamente 1.500 combatientes y milicianos distribuidos en tres bloques.
Es una estructura que jamás se acogió al proceso de paz con las Farc y que, por el contrario, se consolidó en los últimos años controlando corredores estratégicos del narcotráfico, minería ilegal y economías de extracción en zonas de difícil acceso. Cuando Petro anunció la Paz Total en 2022, el Estado Mayor Central se presentó como uno de los ejes del proyecto.
El Gobierno veía en esa mesa no solo una oportunidad para contener la expansión del grupo, sino también una forma de evitar que siguiera ocupando los territorios dejados por otras organizaciones o incluso por facciones enfrentadas dentro de las mismas disidencias. Durante los primeros acercamientos, hubo compromisos preliminares de cese al fuego y de alivio a la población civil.
Sin embargo, esos acuerdos fueron incumplidos casi desde el inicio. La crisis definitiva llegó en mayo de 2023, cuando el Gobierno decidió suspender las conversaciones tras una seguidilla de ataques del EMC en el Cauca y el Valle del Cauca que afectaron directamente a comunidades indígenas y a la Fuerza Pública. El Gobierno puso recompensa de $4.450 millones por su jefe “Iván Mordisco”.
Regístrate al newsletter