En 188 municipios hay riesgo de reclutamiento de niños: Defensoría

Según la Defensoría se registraron 83 reclutamientos forzados de menores de edad entre marzo y septiembre de 2020. FOTO RICARDO MONSALVE

La Defensoría del Pueblo presentó un nuevo reporte de la situación actual del reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia, después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc y advirtió que en 188 municipios del país se identificaron riesgos de reclutamiento.

Según el reporte de la entidad, desde 2017 se han emitido 204 alertas tempranas, de las cuales 161 han identificado riesgo de reclutamiento forzado, lo que representa que en un 78,9 % de las situaciones de riesgo identificadas, se ha advertido dicha problemática.

“Para el año 2020, se emitieron 46 alertas en las cuales se identificó riesgo de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Los departamentos en los cuales se concentró la advertencia fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander”, expuso la Defensoría.

En esa línea, se detalló que además se advirtió el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad por parte de estructuras del crimen organizado en Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Córdoba, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Huila, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Meta y Vaupés y en Bogotá.

En el caso de Antioquia se destacó que los riesgos de reclutamiento de menores de edad están en municipios como Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Valdivia, Ituango, Briceño, Dabeiba, Uramita, Cañasgordas, Frontino, Urrao, entre otros.

“Se tuvo conocimiento de 83 casos de reclutamiento forzado en diferentes territorios del país, desde el 17 de marzo de 2020, fecha en que entraron en vigor las medidas de distanciamiento social por la propagación de la covid-19, entre ellos el cierre de colegios, hasta septiembre de 2020, mes en el cual finalizó la cuarentena estricta”, agregó la entidad.

Sobre dichos casos reportados en el territorio nacional en el mencionado periodo se explicó que el 80 % se presentaron en zonas rurales, y las edades de las víctimas oscilan entre los 8 y los 18 años; de ellos, el 33 % son menores de 14 años; un 59 % son hombres (49 casos); 20 son indígenas, y dos afrodescendientes.

También se resaltó que además del reclutamiento forzado, se establecieron otros delitos de los que son víctimas los menores de edad, como desplazamiento forzado (18 casos); amenazas (16 casos); desapariciones forzadas (tres casos); violencia sexual (dos casos); lesiones personales (dos), y otros (16 casos).

“En el año 2021, se han emitido 5 alertas tempranas que advierten sobre riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Estas cinco alertas se concentran en los departamentos de Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada”, resaltó la Defensoría en su informe.

Actores y escenarios

Por otra parte, la entidad realizó un análisis sobre los grupos armados al margen de la ley y del crimen organizado que se constituyen como los principales perpetradores de esta conducta ilegal, y la diferencia en los escenarios donde se presenta el flagelo.

Al respecto, se señaló que en las alertas tempranas focalizadas se hizo referencia directa a diversos frentes de los actores armados no estatales que hacen parte del conflicto armado posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y el Bloque Virgilio Peralta Arenas (los Caparros), entre otros.

“Además se evoca al Epl; diversos Frentes del Eln; facciones disidentes de las Farc, y diferentes grupos armados de delincuencia organizada (Gado), los cuales serían los principales responsables del riesgo focalizado para los niños, niñas y adolescentes”, apuntó la Defensoría.

Adicionalmente se destacó que las dinámicas del reclutamiento forzado luego de la firma del Acuerdo de Paz, tienen un desarrollo diferenciado de acuerdo a los contextos rurales y urbanos donde se desarrollan.

En el ámbito rural se planteó que los menores de edad mayormente expuestos a la utilización ilícita se encuentran en los territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos, en zonas de frontera y en zonas donde hay un elevado número de cultivos ilícitos.

En esa línea se expuso que en algunos casos se ha evidenciado como mecanismo para la utilización ilícita el ofrecimiento de dádivas a las familias, ofertas de trabajo engañosos en fincas, amenazas contra el grupo familiar, el enamoramiento, persuasión sobre supuestos roles de poder o de estatus derivados del porte de armas o manejo de dinero.

“En los contextos urbanos, especialmente en ciudades y cabeceras municipales los actores armados ilegales utilizan como medio de control social y territorial, la inducción y adicción al consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de ampliar la distribución y el mercado local, incrementando así la vulnerabilidad de los menores de edad”, agregó la entidad.

Por otra parte se señaló que en los barrios vulnerables y asentamientos informales la utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes se realiza en diferentes modalidades, tales como la instrumentalización de combos barriales y pandillas, acompañado de dádivas como gestos de confianza, entrega de dinero, regalos, entre otros.

En esos mecanismos se resaltó el actuar ilegal de estructuras como Las Águilas Negras, Los Rastrojos, La Constru, Los Pachenca, La Oficina, El Mesa, La Oficina del Valle de Aburrá, La Unión, Las Chatas, Los Costeños, Los Pachelly, entre otros.

Ante ese panorama, la Defensoría expuso que le preocupa la persistencia del reclutamiento, uso y utilización en Colombia, considerando que las viejas dinámicas del conflicto se han transformado a través de las nuevas modalidades de violencia después de la firma de los Acuerdo de Paz.

Además, se aseguró que los contextos sociales en donde existe naturalización del conflicto, pobreza, falta de oportunidades educativas y económicas y ausencia de instituciones del Estado son factores que inciden en esta problemática.

En ese sentido, la Defensoría expuso que a pesar de la existencia de una política pública para la prevención del reclutamiento a nivel nacional, sigue siendo necesario redoblar los esfuerzos del país y la comunidad internacional para luchar contra este fenómeno.