El 12 de diciembre del año pasado, una semana antes de completarse un mes de las protestas que sacudieron a Colombia entre noviembre y enero, la vicepresidente Martha Lucía Ramírez calificó como “un gran avance” la firma del Acuerdo de Escazú, tras una mesa de dialogo que congregó a organizaciones ambientales, exministros y académicos.
La firma del Gobierno era entendida por organizaciones sociales como prioritaria para el éxito de la Gran Conversación Nacional que propuso el presidente Iván Duque.
Pero, ¿por qué era tan importante? Pues bien, este pacto que se adoptó en 2018, en Escazú, Costa Rica, con la negociación de 24 países de América Latina y el Caribe, se gestó bajo tres pilares:
Primero, que los Estados garanticen a los ciudadanos acceso a la información relacionada con proyectos o coyunturas que involucren a los territorios y sus recursos naturales; segundo, participación en todas las etapas de discusión de dichas situaciones; y tercero, que exista acceso a la justicia frente a hechos que afecten al medio ambiente y a sus defensores.
Protección y transparencia
Escazú es el primer pacto internacional que le entrega a los gobiernos responsabilidad de proteger los derechos humanos e integridad de los defensores del medio ambiente y los territorios.
Por ello en el país, tanto activistas como indígenas, comunidades afro y campesinos ven vital el Acuerdo, toda vez que, según la Organización Global Witness, en 2018 Colombia fue el segundo país con más líderes o defensores ambientales asesinados en el mundo, con 24 asesinatos, detrás de Filipinas (30).
Bajo ese estado de vulnerabilidad, la subdirectora de la Organización Ambiente y Sociedad, Vanessa Torres, cree urgente la existencia de “un marco normativo de participación y protección para estos defensores, que hoy no existe, y que puede materializarse a través de la ratificación del Acuerdo”.
Además de la protección de líderes ambientales, para Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales y uno de los representantes de la academia en el diálogo con el Gobierno el año pasado, la entrada en vigor del Pacto cambiaría “el manejo y la transparencia de la información en el sentido que obliga al Estado a que tenga a disposición de todas las personas los datos sobre problemáticas ambientales, transición energética (entre otros)”.
Siendo Colombia el segundo país del planeta con mayor cantidad de conflictos socioambientales (72) –según el Atlas Global de Justicia Ambiental–, solo superado por India (112), este tratado ayudaría a cambiar dinámicas en la resolución de dichos conflictos.
El asunto es que el Gobierno aún no ratifica el Acuerdo y, sin esto, no solo no entra en vigencia en el país y la región, porque se necesita que de los 22 países firmantes, 11 lo ratifiquen. Solo van nueve.
La demora ha inquietado a varios sectores. El procurador general, Fernando Carrillo, solicitó ratificar el Pacto presentando el proyecto de ley aprobatoria al Congreso, el 20 julio.
Carrillo recalca que el asesinato de defensores del medio ambiente “ya se empieza a considerar como una situación sistemática”, asegurando que entre el 1 de enero y el 30 de junio fueron reportados 47 homicidios, otorgándole al país el lastre de ser “uno de los territorios más peligrosos para conservar el ambiente”.
La vicepresidencia asegura que “se tenía previsto presentar la ratificación del Acuerdo ante el Congreso en marzo pasado, sin embargo se aplazó por la emergencia sanitaria. Por tanto, será presentado el próximo 20 de julio con el inicio del nuevo periodo de sesiones”.
Para Robinson Mejía, integrante del Movimiento Nacional Ambiental, la demora del Gobierno hace parte de una estrategia que, según él, ha evidenciado en otros procesos de acuerdos sociales.
“En un primer momento se niega o lo impiden; luego, cuando se ve contra las cuerdas, firma o accede, pero dilata la ejecución del acuerdo. Es clarísimo que lo que deriva del Escazú no está en la agenda del Gobierno”, insiste.
Colombia fue, de hecho, el último país en firmar. Una de las razones es que esperaba llegar a un acuerdo para poder acoger unos artículos del tratado y negarse a aceptar otros, pero la propuesta no le fue aceptada.
¿Un escudo urgente?
Robinson, junto a los integrantes del colectivo Cosajuca, el cual lidera, tiene medidas cautelares por las amenazas de muerte recibidas en los últimos cuatro años en el marco de la movilización y consulta popular en Cajamarca, Tolima, que decidió que AngloGold Ashanti no podía explotar oro en la mina La Colosa.
Para él, aunque en su región se vive una tensa calma por el congelamiento del proyecto, cree que una vez el país salga de las ataduras de la pandemia se desencadenarán conflictos que podrían dejar profundas heridas.
“Mucha gente se dará cuenta de cómo mientras estaban en cuarentena y los debates y procesos sociales estaban suspendidos, decenas de proyectos mineroenergéticos avanzaron, y eso va a generar movilizaciones. En ese marco seguro se incrementarán las violaciones de derechos humanos y amenazas”, anticipa.
Visto así, hay una carrera contra el tiempo, pues como recalca Andrade, aún después de que el Congreso apruebe a Escazú, el país quedará sujeto a la aprobación de la decimoprimera nación para que el Pacto pueda entrar a funcionar. Luego, deberán pasar 90 días para que entre a regir.
164
defensores de territorios fueron asesinados en el mundo en 2018 (Global Witness).
47 %
de los ataques a líderes medioambientales tiene como blancos a minorías étnicas.
Regístrate al newsletter