Empecemos por los nuevos: Juan Camilo Mergesh anunció la semana pasada en redes sociales que se posesionó como subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento Nacional de Planeación. Mergesh fue el director de la Agencia de Cooperación Internacional (ACI) durante la administración Quintero, cargo al que llegó gracias a su cercanía con el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Toro.
Toro, hay que recordar, fue uno de los jugadores políticos más influyentes durante la administración de Quintero: sus organizaciones y empresas, y las de sus familiares y amigos, recibieron jugosas contrataciones, especialmente a través de Telemedellín, además de que nombró a sus cercanos en cargos importantes, como es el caso de Mergesh.
Como parte de esa transacción de favores e intereses, Toro puso a disposición de la administración el nombre de su fundación, Avanti, para certificar recorridos laborales. De acuerdo con las hojas de vida y las experiencias que acreditaron para ocupar altos cargos en la Alcaldía de Medellín, en la fundación de Toro antes trabajaron, supuestamente, Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez y Mergesh.
De hecho, cuando Mergesh llegó a la ACI en enero del 2023 la única experiencia que acreditaba en el área de cooperación internacional era haber sido asesor jurídico durante cuatro años en Avanti “en diferentes programas de cooperación internacional”. Sin esa acreditación, no hubiera cumplido los requisitos para ser nombrado en la ACI. Antes de ello, la experiencia profesional de este joven abogado se limitaba a unas cortas pasantías en firmas de abogados de Francia, donde cursaba sus estudios de maestría entre 2019 y 2021.
Ahora que llegó al DNP tras un paso de un año como asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio, el portal periodístico El Armadillo encontró que en su nueva hoja de vida no había puesto su paso por Avanti, la que supuestamente había sido la experiencia profesional más importante y extensa de su vida, al menos hasta el 2023, y en cambio sí había incluido una nueva: “coordinador legal” de la empresa Urbanik Hub S.A.S entre enero del 2020 y junio del 2021, mientras estaba en Francia.
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Esa experiencia, como lo fue en su momento la de Avanti, es al menos dudosa, pues la compañía Urbanik Hub S.A.S, dedicada al desarrollo de software y tecnología, solo fue registrada en Cámara de Comercio en agosto del 2020 y su gerente y representante legal es Jimmy Rafael Cabrera Lamus, hermano de Eduardo Firstman Lamus, otro de los hombres influyentes durante la administración de Quintero.
Firstman, por ejemplo, era el que tomaba decisiones en Ruta N y a quien le encargaron la tarea de poner a andar a Promedellín, la entidad que quiso promover Quintero para hacerle frente al conglomerado empresarial antioqueño que consideraba su enemigo. De hecho, Promedellín se registró en la misma dirección que Urbanik Hub, que es el mismo apartamento donde vive Firstman. ¿Por qué Mergesh no incluyó la experiencia de Urbanik para entrar a la ACI y por qué borró la de Avanti para entrar al DNP? ¿Por qué entre 2018 y 2023 Mergesh no hizo aportes a seguridad social? Le escribimos a su celular, leyó los mensajes, pero no respondió.
El efecto Montealegre
En casi todas las dependencias del Gobierno nacional hay alfiles de Quintero: Ecopetrol, ISA, los ministerios de Justicia, Hacienda y Salud, por nombrar solo algunos. Pero con la llegada de Eduardo Montealegre al ministerio de Justicia se abrió una nueva puerta por la que pronto entrará María Camila Villamizar y por la cual seguramente seguirán desfilando más exfuncionarios antioqueños.
Villamizar había trabajado antes con Quintero en el MinTIC y llegó a la Alcaldía como uno de sus alfiles: fue secretaria privada entre 2020 y 2022 y luego pasó por las dependencias de Gobierno y Gestión de Gabinete hasta octubre de 2022 cuando se despidió de La Alpujarra entre lágrimas.
Villamizar era parte del círculo más íntimo de Quintero y tenía poder de decisión. Personas que hicieron parte de la administración decían que era el último filtro antes de llegar al mandatario y que muy poco se movía sin que ella lo supiera. Cuando todavía hacía parte del gabinete, se supo que les enviaba hojas de vida a los secretarios o directores de entidades para que contrataran a quienes ella decidía; el caso más escandaloso fue el de EPM, donde incluso el exgerente Álvaro Rendón publicó los chats en los que se ven las presiones de Villamizar. Aún así, ella no solo siguió en el poder sino que de premio, cuando salió, llegó a EPM (ya sin Rendón en la gerencia) como “directora de Gestión de Relaciones con el Gobierno Nacional”, un cargo creado en 2022 (y eliminado en 2024) para que ella hiciera lobby en Bogotá a cambio de un salario de $22 millones al mes.
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Villamizar llegó al gobierno Petro en febrero de este año como asesora de la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP), del Ministerio de Hacienda, con un contrato de seis meses (se acabó el 25 de agosto) por un valor de $84 millones, es decir, $14 millones mensuales para “apoyar la revisión de estrategias y planes aprobados por la Dirección General, así como la formulación, proyección e implementación de nuevas estrategias y el seguimiento a la metodología corporativa para la gestión de proyectos estratégicos”.
En esa misma entidad del ministerio de Hacienda está, desde abril del año pasado, Juan Pablo Ramírez, como subdirector, con honorarios mensuales de $16 millones. Y ahí sigue trabajando a pesar de que la Procuraduría lo sancionó e inhabilitó por 14 años por presionar a sus subalternos de la secretaría de Inclusión Social con el fin de que entregaran parte de sus honorarios para financiar el proyecto político de Quintero. Pero no ha trabajado solo: también está allá Edwin Muñoz Aristizábal, exgerente de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín, ESU, como director técnico con un salario de $19 millones mensuales. Durante su gestión, la ESU compró 11 robocops, a $500 millones cada uno, para combatir la inseguridad, pero terminaron arrumados y guardando polvo porque no se integraron con el sistema de seguridad de la ciudad y la plata se perdió.
Pero volvamos a Villamizar y, sobretodo, a Montealegre, el polémico fiscal y ahora ministro de Justicia que ha querido reinterpretar la Constitución para convocar a una constituyente. Hay que recordar que antes de llegar al ministerio, Montealegre fue el abogado defensor de Quintero en un proceso que este inició en contra del alcalde Federico Gutiérrez por “calumnia sistemática, coordinada y agravada”. En una rueda de prensa en septiembre del año pasado, Montealegre aseguró que, por calumniar sistemáticamente a Quintero, Gutiérrez podría pagar una pena de hasta 18 años de prisión.
Pues bien, ahora que Montealegre llegó al ministerio de Justicia, el concejal de Medellín Alejandro de Bedout publicó que la hoja de vida de Villamizar ya se encontraba subida al sistema para ser contratada como asesora allí. “Villamizar, mano derecha del imputado Daniel Quintero, ahora tendrá el poder de mover hilos desde el corazón del sistema. Todo mientras se cocinan los blindajes jurídicos y las maniobras para proteger a los más de 40 imputados por corrupción que hasta ahora lleva el equipo de Quintero. Quintero quiere resetear la política pero desde adentro, con sus alfiles, con burocracia y jugadas politiqueras. Todo hace parte del libreto. Aquí nada es coincidencia”, escribió el concejal en su cuenta de X.
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Y es que Villamizar era la única del círculo íntimo de Quintero que faltaba en un cargo clave del Gobierno. Con Restrepo en EPM, Carrillo en ISA, Ramírez en Hacienda, Deninson Mendoza y Juan José Aux en RTVC y López en salud, Quintero se aseguró al menos una ficha al interior de cada gran entidad del Estado, justo a un año de elecciones donde aspira a participar como candidato presidencial o como cabeza de lista al Senado, y cuando su relación con el presidente Petro está en el mejor momento, aún cuando las bases progresistas y de izquierda de Antioquia han advertido hasta el cansancio que el exalcalde no las representa.
Pero además de la preocupación que hay porque Quintero está aceitando la maquinaria del gobierno para sus aspiraciones políticas, también hay dudas respecto a cuánto puede influir en los procesos judiciales que enfrenta. Y es que el exmandatario no ha escatimado en llevar a su equipo a los abogados que hoy por hoy son quienes más influyen en la toma de decisiones judiciales en el país.
Como ya se dijo, el actual ministro de Justicia fue su abogado en una denuncia contra Gutiérrez, pero además, Héctor Carvajal, el recién posesionado magistrado de la Corte Constitucional, fue el abogado de Quintero en el caso en el que la Procuraduría lo inhabilitó por seis meses por hacerle campaña a Petro cuando era alcalde con el famoso “cambio en primera”. Como si fuera poco, su abogado en el proceso de Aguas Vivas, en el cual ya fue imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, es Luis Antonio Hernández Barbosa, quien fue, hasta el año pasado, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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Sin embargo, el principal defensor que tiene en este momento el exalcalde Quintero es el presidente Petro, de quien ha dicho que lo quieren “empapelar” y que el proceso judicial en su contra ha sido “construido” por quienes “judicializan la política”.
Quintero quiso jugar para el equipo de Petro y el Presidente lo aceptó. Ahora es uno de sus jugadores favoritos. ¿Lo tendrá como capitán para el próximo año?
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