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Otoniel busca beneficios con su extradición
EL COLOMBIANO estableció que se acercó a la DEA antes de su captura. Sigue ofensiva militar contra el Clan del Golfo.
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Además de control por las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, ese país estaría rastreando las redes de corrupción que Otoniel tejió para consolidar su poderío. FOTO cortesía presidencia.
31 de octubre de 2021
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Dairo Antonio Úsuga, hasta el pasado sábado el capo más buscado de Colombia, terminará en una cárcel de Estados Unidos en cuestión de semanas, aunque aún no es claro si su celda estará en Miami o Nueva York. La razón de esa disyuntiva –que él mismo sigue desde el estrecho calabozo en el que está recluido en la Dijín de Bogotá– es que cortes federales de esas dos ciudades le tienen sendos expedientes abiertos por narcotráfico y terrorismo, pero su destino final depende de en cuál tribunal su colaboración puede ser más efectiva.
Tal como lo reveló EL COLOMBIANO, el también máximo cabecilla del Clan del Golfo ya se venía acercando a la DEA antes de su captura en el Urabá antioqueño. De hecho, a través de emisarios, el más reciente de esos contactos se había dado hace un mes.
Y ahora, en ese contexto, es que el capo –que también analiza qué le va a contar a los fiscales colombianos que lo quieren interrogar antes de su extradición– ha hecho saber que quiere revivir esa colaboración para buscar un acuerdo que le permite aspirar a una reducción de su condena en Estados Unidos. Ya se sabe que la corte de Florida le indicó que, por la gravedad de los delitos que se le imputan –es la región de entrada de la mayor parte de la coca que saca hacia ese país el Clan del Golfo– no tiene intención de autorizarle beneficios.
Así, de acuerdo con fuentes federales consultadas por este diario, los acercamientos toman más fuerza para la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde es requerido por traficar 73 toneladas de cocaína entre 2003 y 2012 –se documentaron 32 envíos efectivos en ese periodo–, pero tanto en Estados Unidos como en Colombia saben que esa cantidad de droga traficada se superó, porque Otoniel tenía capacidad de mover hasta 200 toneladas anuales.
Otoniel tenía el control, gracias a los 3.800 hombres en armas que aglutinó con el Clan del Golfo, de rutas ilegales por las cinco fronteras que tiene Colombia, y para garantizar su efectividad logró tejer una red corrupta en varias esferas públicas, tanto de algunas instancias gubernamentales a nivel local como en la misma Fuerza Pública, lo que le permitió evadir por 12 años continuos la cacería que se ordenó en su contra.
Esto ya está siendo rastreado en Colombia, pero Estados Unidos también lo analiza porque podría derivar en más pedidos de extradición. Y, de acuerdo con datos del indictment por el que Washington lo pidió formalmente en extradición esta semana, la información despierta interés en Nueva York porque, además, allá fue juzgado su precursor en el paramilitarismo y la ilegalidad: Daniel Rendón Herrera, alias don Mario.
Fuentes extraoficiales le hicieron saber a este diario que el canal de acercamiento podría haber comenzado por esa relación, pero que se habría podido complementar con el hecho de que, gracias al trabajo de la DEA, en cárceles estadounidenses también estaban familiares directos de Otoniel.
En efecto, allá también fueron extraditados sus primos Harlinson Úsuga Úsuga, alias Orejas, y Alexander Montoya Úsuga, conocido como el Flaco, quienes hicieron parte de la estructura que consolidó en el Clan del Golfo.
EL COLOMBIANO también estableció que la hermana de Otoniel, Nini Johana Úsuga, alias la Negra y quien fue capturada en marzo pasado en Sabaneta, también será extraditada por cuenta de una solicitud que hizo en su contra por narcotráfico la Corte del Distrito Sur de Florida, desde donde el recién capturado capo fue informado que no podría acceder a beneficios.
En todo caso, según fuentes judiciales, el avión de la DEA que llegue a la base militar de Catam, en Bogotá, a llevarse a Otoniel podría tener una silla disponible para su hermana, la Negra, una escena que –de darse– sería inédita para la sangrienta historia del narcotráfico en Colombia.
¿Y el resto del Clan del Golfo?
Mientras se despeja este panorama, el Gobierno mantiene los operativos militares en el Bajo Cauca antioqueño, el Urabá y territorios de la Costa Caribe, para cercar a los otros integrantes del Clan del Golfo, para terminar de desbaratar su estructura.
Además de la vía militar, la ley de sometimiento que firmó el Gobierno en julio del 2020, tomó un nuevo impulso con la captura de Otoniel, y ahora es piso jurídico de la Ruta de la Legalidad que presentó este viernes el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, en Caucasia, Antioquia, y que busca que los integrantes de ese grupo se retiren voluntariamente de la ilegalidad, a cambio de beneficios judiciales y económicos.
Por el sometimiento, que tiene un carácter individual, el Gobierno ofrece un apoyo económico de $480.000 mensuales durante siete años, y una bonificación de hasta $8 millones como capital semilla para la puesta en marcha de emprendimientos. “Están en la ilegalidad y no van a terminar bien, van a terminar capturados o en medio de operativos militares. Esto no se trata de solo $480.000 mensuales, es recuperar a su familia, su vida en la legalidad”, dijo Restrepo.
De hecho, desde julio de 2020, 350 integrantes del Clan del Golfo se han sometido al decreto del Gobierno, y para 2022 la Agencia Nacional para la Reincorporación tiene un presupuesto de $350.000 millones para financiar la continuidad de esa ruta, a la que también se podrán someter los disidentes de las Farc y los miembros del Eln.
Este sometimiento no implica borrar el pasado judicial de los implicados, sino acompañamiento jurídico ante la Fiscalía para revisar las responsabilidades individuales por acciones delictivas.
Preocupa el reclutamiento
La alerta en la que se encuentran las Fuerzas Militares por el temor a retaliaciones tras la captura de Otoniel no ha bajado, pero a la fecha no se reportan confrontaciones que evidencien fracturas internas por toma del poder o por copar las rutas del narcotráfico de ese cabecilla.
Así le revelaron a EL COLOMBIANO fuentes militares en el Bajo Cauca antioqueño, donde la atención está puesta en el reclutamiento forzado de menores de edad, instrumentalizados por el Clan del Golfo para cobro de extorsiones, entre otros delitos.
Los jóvenes de esa región están siendo tentados con supuestos pagos de $1.600.000 mensuales para integrarse a la organización, suma que a veces reciben solo por dos meses, y luego quedan retenidos en sus filas.
Sin embargo, en la mayoría de los casos conocidos por las autoridades, los menores de edad no reciben pagos. “Apuntan los pagos en un cuaderno, pero es mentira, una ilusión con la que los retienen en sus filas para involucrarlos en delitos”, conoció este diario.
Esas metodologías se están registrando en varios lugares del país, pero se están intensificando en municipios como Caucasia, Antioquia. La Ruta de la Legalidad también busca rescatar a estas víctimas y evitar que la escena se repita
350
Integrantes del Clan del Golfo se han sometido a la justicia desde mediados del 2020.
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