El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que el anuncio de su homólogo, Juan Manuel Santos, sobre conversar a cerca de derechos de navegación en el mar Caribe, fue un acuerdo al que llegaron ambos en 2012, informaron medios del gobierno nicaragüense.
“Esto fue un acuerdo que tomamos con el presidente Santos después del fallo (de la Corte Internacional de Justicia -CIJ-, sobre aguas del mar Caribe), lo tomamos en México hace dos años, el 2 de diciembre, para la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, ahí nos reunimos, estaba fresco el fallo”, indicó Ortega, de acuerdo con una nota publicada por el portal oficial El 19 Digital.
El gobernante brindó sus palabras, en un lugar no precisado, luego de que Santos ordenó el martes iniciar negociaciones para la protección a los derechos de los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia, que desde el 19 de noviembre de 2012 están rodeados de aguas nicaragüenses, por un fallo de la CIJ.
“Con la población raizal hay una buena comunicación, han estado aquí por Nicaragua en varias ocasiones, con sus dirigentes me he reunido en varias ocasiones, es importante el acercamiento, porque muchos hermanos nicaragüenses que viven en Corn Island y en Bluefields son descendientes de familias raizales”, añadió Ortega.
En noviembre de 2012, tras un juicio de 11 años, la CIJ restituyó a Nicaragua áreas del mar Caribe que estuvieron bajo administración colombiana durante 84 años, en las que no incluyó San Andrés y Providencia.
Dichas extensiones son calculadas en al menos 90.000 kilómetros cuadrados por Nicaragua y en 75.000 kilómetros cuadrados por Colombia.
A pesar del anuncio de Colombia, ambos países tienen visitas pendientes en la CIJ a causa de una solicitud y una denuncia, presentadas por Nicaragua.
En la primera Nicaragua pide a la CIJ que defina sus fronteras en el mar Caribe, con base en la plataforma continental, que a juicio de las autoridades nicaragüenses, se extiende más allá de las 200 millas náuticas.
La segunda es una denuncia de Nicaragua contra Colombia, país al que acusa por sostener que no acataría el fallo de 2012, que es inapelable y de ineludible cumplimiento, de acuerdo con las leyes internacionales.
