El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD y principales testigos en el caso por el saqueo de recursos públicos de esa entidad, ha generado preocupación en la Fiscalía. El ente acusador considera que el cambio de lugar de reclusión podría afectar su colaboración con la justicia y, además, exponerlos a situaciones que comprometan su seguridad. De hecho, antes de que fueran llevados a La Picota, la propia Fiscalía había pedido que permanecieran en los centros de reclusión militar donde estaban detenidos.
La solicitud fue presentada formalmente el 16 de septiembre, cuando la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió que López y Pinilla continuaran en esos centros de reclusión. La entidad había advertido que un traslado podía poner en riesgo su integridad y afectar su condición de colaboradores dentro de las investigaciones por el escándalo de corrupción.
En el documento, la Fiscalía recordó que tanto López como Pinilla tienen principios de oportunidad, mediante los cuales se comprometieron a colaborar con la justicia y entregar información sobre otras personas vinculadas a los procesos relacionados con el caso de la UNGRD.
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Pese a esa solicitud, el 6 de octubre el Inpec trasladó a ambos a la cárcel La Picota, en Bogotá. El presidente Abelardo de la Espriella publicó imágenes del traslado y aseguró que él dio la orden, bajo el argumento de que los involucrados no tendrán privilegios mientras responden por sus procesos.
Sostuvo que durante su Gobierno “no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios” y señaló que, sin importar “cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien”, nadie está por encima de la ley.
“La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia”, afirmó. Finalmente, añadió: “Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda. Aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple”.
Otro traspié para la Fiscalía en el caso UNGRD
El traslado de López y Pinilla a la cárcel La Picota representa un nuevo problema para la Fiscalía en el caso UNGRD. Los dos exdirectivos no son simplemente procesados por el escándalo de corrupción, sino colaboradores de la justicia y testigos de cargo en varias de las investigaciones que buscan establecer quiénes más participaron en el entramado de corrupción de la entidad.
Ambos tienen principios de oportunidad vigentes con la Fiscalía, mediante los cuales se comprometieron a entregar información y declarar contra otras personas involucradas en el caso. De acuerdo con la propia Fiscalía, tanto López como Pinilla están comprometidos a declarar contra 23 personas ante jueces y la Corte Suprema de Justicia.
Sus testimonios son claves en procesos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.
En el caso de Velasco, la Fiscalía sostiene que habría participado, junto con otros altos funcionarios, en la estructuración y coordinación de una operación para entregar dádivas provenientes de contratos de la UNGRD a congresistas. En cuanto a Bonilla, la Fiscalía señala que habría ordenado y supervisado la entrega de proyectos contractuales de la UNGRD dirigidos a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
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También son testigos en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; César Manrique, exdirector de Función Pública; y congresistas como Iván Name, Andrés Calle, Julio Chagüi, Karen Manrique y Martha Peralta, además de exfuncionarios y contratistas de la UNGRD.
