El Ministerio de Salud publicó para comentarios un proyecto de resolución que establece las reglas para ejecutar hasta $300.000 millones destinados a acompañar el cierre de la operación de la Asociación Indígena del Cauca (AIC EPS-I) y facilitar la puesta en marcha del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI).
Como contexto, la AIC EPS-I ha operado como aseguradora del régimen subsidiado para comunidades indígenas; es su EPS propia. Mientras que lo que propone la SISPI es que el sistema de salud para las comunidades funcione bajo un modelo de organización propio, administrado por el Territorio Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con un enfoque que integre la medicina convencional y los conocimientos ancestrales.
Además, el nuevo modelo respetaría las tradiciones, prácticas y creencias de las comunidades indígenas.
¿Cómo funcionaría?
La iniciativa desarrolla lo previsto en el Decreto Ley 0333 de 2026, que autorizó la destinación de esos recursos con el fin de garantizar una transición ordenada entre ambos esquemas. El proyecto aclara que el dinero no será entregado directamente al CRIC.
En cambio, el Ministerio de Salud transferirá los recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que los manejará en una cuenta independiente y realizará los pagos directamente a hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y proveedores que tengan cuentas pendientes por servicios prestados a los afiliados de la AIC EPS-I.
Antes de que esos desembolsos puedan efectuarse, la AIC EPS-I deberá presentar la relación de las obligaciones pendientes y certificar los valores adeudados.
Esa información será sometida a la revisión de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad encargada de verificar que los montos correspondan a los procesos de conciliación y depuración de cartera. Solo después de ese control la ADRES podrá girar los recursos.
¿Desaparecerá la AIC EPS?
Aunque el mecanismo busca que los pagos lleguen directamente a los prestadores y fortalecer la trazabilidad de los recursos públicos, la EPS indígena conservará un papel determinante al definir qué acreedores serán incluidos y cuánto recibirá cada uno.
Ese esquema es similar al modelo de giro directo utilizado en otros casos del sistema de salud y ha sido objeto de cuestionamientos por parte de algunos prestadores, que consideran que deja en manos de las EPS la priorización de los pagos.
El Ministerio también advierte que los $300.000 millones no necesariamente cubrirán la totalidad de las obligaciones financieras acumuladas por la AIC EPS-I.
Es decir, que cualquier saldo pendiente deberá resolverse antes de que el SISPI entre plenamente en funcionamiento, con el propósito de evitar que el nuevo modelo inicie operaciones cargando pasivos de la antigua EPS.
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