En la antesala de la jornada electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que hay algo de cierto en las denuncias sobre que guardias indígenas y campesinas estarían impidiendo el despliegue de militares en algunos puestos de votación.
El pronunciamiento surge tras las alertas emitidas por el expresidente Álvaro Uribe y el partido Centro Democrático, quienes señalaron una posible operación coordinada para restringir el acceso de la Fuerza Pública en regiones críticas.
Justamente el día de ayer, el expresidente, líder del Centro Democrático, señaló desde el Caquetá que el departamento amazónico es “uno de los epicentros del fraude electoral” y señaló a Iván Cepeda de ser “el candidato de los terroristas”.
“Caquetá es uno de los epicentros del fraude electoral. Unas elecciones que quieren imponer los terroristas con sus armas. Es el tránsito del pacto de la Picota hace cuatro años al pacto de la selva”, aseguró el exmandatario, quien está en el renglón 25 de la lista al Senado del Centro Democrático.
Entre la logística y la sombra de los grupos armados
Por su parte, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, al ser consultado sobre si estas organizaciones actúan bajo el mando de estructuras criminales, no descartó la posibilidad, aunque pidió no generalizar:
“Eso es posible y siempre se ha dicho eso, pero no quiere decir que todas las guardias indígenas sean de los grupos o de las estructuras criminales. Seguramente algunos serán miembros o harán parte de eso, pero ese realmente no es el problema”, afirmó el jefe de la cartera de ese ministerio.
Además, subrayó que el enfoque principal del Gobierno y del Ministerio de Defensa es garantizar que los soldados lleguen a las mesas.
En este esfuerzo, lamentó que la violencia ya haya cobrado factura: “Tres personas perdieron la vida para que otras personas puedan ejercer su derecho al voto, lo cual es bastante loable”, indicó.
El momento particular de estos comicios
Pese a la gravedad de las denuncias, Benedetti intentó matizar la situación, calificándola como un desafío histórico de orden público en Colombia.
Aseguró que el Ejecutivo está trabajando de la mano con la cartera de Defensa para levantar estos bloqueos y que, hasta el momento, los incidentes se han ido sorteando.
En otro frente en cuanto a la seguridad electoral, el ministro destacó que, por instrucción directa del presidente Gustavo Petro, se han intensificado los operativos en todo el territorio nacional.
El objetivo principal es la incautación de dinero en efectivo destinado a la compra de sufragios, una práctica que el Gobierno busca asfixiar antes de la apertura de urnas.
La compra de votos se ha “disparado”
A medida que se acerca la jornada legislativa, las autoridades colombianas han intensificado los operativos contra la corrupción al sufragio.
Según reportes de la Policía y el Ministerio de Defensa, se han detectado 14 intentos de distribución de dinero ilícito, sumando un total de $1.760 millones de pesos destinados a la compra de votos.
Hasta el momento, el balance judicial deja 20 capturas, aunque la mayoría de los implicados (15) han recuperado su libertad; cuatro están pendientes de que les definan la medida de aseguramiento y solo uno ha sido enviado a la cárcel.
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