Dos contratos multimillonarios, que juntos suman $3.684 millones de dólares, están en el ojo del huracán por presuntos sobrecostos e incumplimientos, y plantean serios cuestionamientos a las inversiones que el presidente Gustavo Petro destina para el Sector Defensa al final de su mandato.
El más oneroso es el convenio con la firma sueca Saab, para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, por 3.652 millones de dólares ($16,5 billones de pesos), con los que se pretende reemplazar la flotilla obsoleta de cazas israelitas Kfir de la Fuerza Aeroespacial (ver la infografía).
El otro tiene un valor de $32,4 millones de dólares y fue signado con la empresa estadounidense Vertol Systems, con el objeto de brindar la reparación y mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17 de la Aviación del Ejército.
Los dos se firmaron en momentos en los que el Gobierno enfrenta un déficit fiscal que podría ser del 7,5 % del PIB al cierre del año, es decir, el segundo más grave de la historia, solo superado por el 7,8% registrado durante la pandemia de covid-19, según las proyecciones de Fedesarrollo.
Por esta razón, hay mucho más en juego que simplemente el reforzamiento de los sistemas de defensa, y debido a eso son tan preocupantes los vacíos que se ciernen sobre esos negocios.
¿Subió el precio los Gripen?
En el contrato de los aviones Gripen, lo que ha levantado aspaviento no son sus turbinas, sino el precio final de la venta: US$215 millones por unidad, cuando la oferta inicial era de US$150 millones, de acuerdo con fuentes militares.
El precio inferior, incluso, se mantuvo hasta los inicios del Gobierno Petro, cuando se reactivaron las conversaciones luego de la pandemia, que frenó la compra durante el mandato de Iván Duque (2018-22).
El 22 de diciembre de 2022, a los cuatro meses de haber llegado Petro al Palacio de Nariño, el CEO de Saab, Micael Johansson, comentó en una entrevista radial: “Sería muy extraño que el Gobierno considerara la oferta más costosa (refiriéndose a los aviones franceses Rafale), entendiendo que estarían preparados para gastar 15 billones de pesos, mientras que nosotros podemos hacer una oferta de $10 billones por aeronaves competentes y de alto rendimiento”.
Tres años más tarde, la operación final de compra se cerró por $6,5 billones más de lo anunciado por el directivo.
A esto se suma la comparación con un negocio de corte similar que Saab hizo con el gobierno de Tailandia, el cual ha sido usado por los opositores para criticar la inversión.
“¿Por qué Colombia con Petro pagó hasta un 55% más por unidad en la compra de los aviones Saab Gripen que lo que pagó Tailandia? ¿Qué hay de la coincidencia de la exmujer de Petro viviendo como millonaria en Suecia? Colombia: US $213 millones por unidad. Tailandia: US $137 millones por unidad”, recriminó en X la senadora María F. Cabal.
El acuerdo con los asiáticos se cerró el pasado 15 de agosto y contempla la adquisición de cuatro aeronaves, que se sumarán a un escuadrón de Gripen antiguo con el que ya cuenta Tailandia, según el comunicado oficial de Saab.
Dicho contrato también incluye un paquete offset “con una importante transferencia de tecnología de defensa y cooperación industrial con Tailandia, junto con nuevas inversiones en diversos sectores de la economía nacional”.
Esto pone en perspectiva el convenio con Colombia, pues Petro había afirmado que el valor por unidad de las aeronaves se incrementó al final por el paquete offset. “También se incluye un centro de simulación avanzada con 4 cabinas, armamento, integración de sensores, herramientas, bancos de mantenimiento, entrenamiento a los pilotos y técnicos”, trinó.
A esto se suman futuras inversiones en una fábrica de paneles solares, plantas de agua potable en La Guajira, un centro de innovación tecnológica, la construcción de un ala y dotación del hospital San Juan de Dios, en Bogotá.
La diferencia en el precio, en comparación con los tailandeses, tiene tres explicaciones, según fuentes militares que han seguido el caso. Una de ellas es que el reino asiático, por haber comprado antes una flota de Gripen, ya tiene instalados los simuladores, el software y los equipos necesario para su operación, de modo que lo único faltante es la actualización; mientras que por el lado colombiano, todo el andamiaje debe instalarse desde cero.
La segunda tiene que ver con el método de financiación. Buscando evitar un gasto elevado para sus arcas, Petro pidió tres años de gracia y comprometió vigencias futuras con plazo a 2032, dejándoles una cuantiosa deuda a los gobiernos venideros.
En ese contexto, el jefe de Estado reveló una progresión, que algunos analistas han criticado por considerarla excesiva. “El contrato se hizo por 3.135 millones de euros ($13.7 billones de pesos), pero se destinaron $16.5 billones de pesos según proyecciones macroeconómicas y variaciones del euro con el peso, ya que se va pagando con vigencias futuras hasta el 2032. Las anualidades que se generen no las pagará mi gobierno, pues hay tres años de gracia”, acotó.
Y la tercera explicación al incremento en el valor, indicaron las fuentes, tiene que ver con la parte del contrato que más se ha mantenido en reserva: la dotación de armas que acompañan a los Gripen.
Tal parece que el Gobierno pretende renovar todo su arsenal misilístico con estos cazas, especialmente para tener capacidad disuasiva en el aire, es decir, no solo para los objetivos en tierra, típicos del conflicto armado interno.
Los jets suecos tienen la posibilidad de incorporar misiles de fabricación estadounidense y europea, pero la Casa de Nariño se habría inclinado por esta última opción, dadas las complicaciones derivadas de la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton y el alejamiento político entre Bogotá y Washington.
No se conoce públicamente la cantidad, pero los misiles que se adicionaron al paquete habrían sido los Meteor, desarrollados por un conglomerado de firmas europeas para dotar a las fuerzas aéreas del viejo continente. Son proyectiles aire-aire, con alcance efectivo de 150 kilómetros y un valor unitario que oscila entre US$800.000 y US$1 millón.
“El rollo con los misiles es que no solo se adquiere el proyectil con su carga explosiva, sino que hay que comprarle radares, un software, equipos de telemática y un mantenimiento especial, entonces son bastante caros”, anotó una de las fuentes consultadas.
Y agregó que esta parte del trato se ha mantenido en secreto no solo por la confidencialidad propia de un contrato militar, ni por la discrecionalidad característica de la defensa nacional, sino porque “nadie en el Gobierno quiere otro escándalo político, ahora están contra la pared por la muerte de menores en bombardeos y el gasto de los aviones, ¿se imagina si se filtra que se invirtió una millonada en misiles que ni siquiera son para pelear contra los grupos armados ilegales en las regiones?”.
Sobre este asunto hay un antecedente. En 2013 Brasil dispuso de US$4.500 millones para 36 Gripen; en 2019 hubo una adición de $200 millones de euros a ese convenio, para dotar a las máquinas de 100 misiles Meteor.
¿Cuántos compró Colombia? Petro solo se ha limitado a decir que “cada avión viene con la integración de las máximas capacidades”.
¿Incumplimiento anunciado?
A diferencia del contrato con Saab, cuya ejecución apenas va a comenzar, el de los helicópteros Mi-17 se venció el pasado 15 de noviembre sin haber cumplido su objetivo.
Tal cual ha venido informando EL COLOMBIANO, esas aeronaves de fabricación rusa adquiridas en los 80 son muy importantes para el transporte de tropas, insumos y tareas logísticas, dada su capacidad superior de carga de hasta 5 toneladas y un pelotón de 24 soldados equipados.
Su mantenimiento se complicó en 2022, por las restricciones comerciales que EE.UU. y Europa le impusieron al Kremlin cuando invadió a Ucrania. En consecuencia, se congeló el contrato que Colombia tenía con la compañía rusa NHC Mil&Kamov S.A.
Pasados tres años, de los 20 Mi-17 con los que cuenta la Aviación del Ejército, solo cinco estaban activos, perjudicando las operaciones en el terreno, por lo que el MinDefensa suscribió un convenio por US$32,4 millones con la firma estadounidense Vertol Systems Company Inc.
La promesa era cerrar el año con 11 helicópteros en el aire, por lo que la cartera de seguridad entregó un anticipo del 50% del contrato.
Pese a esto, la empresa gringa incumplió. Según la Contraloría, apenas ejecutó el 8% de lo convenido, situación que provocó la apertura de una investigación preliminar de la Procuraduría.
El ministerio, por su parte, emitió una resolución multando a Vertol Systems por un monto de US$9 millones y exigiendo la devolución de los US$16 millones del anticipo.
Lo peor de todo, es que este grave desenlace ya parecía advertido. EL COLOMBIANO tuvo acceso a documentos oficiales en los que se aprecian presuntas irregularidades ligadas al proceso de contratación.
Tal cual consta en una denuncia instaurada en la Procuraduría, a principios de 2024 el Ministerio invitó a 10 empresas locales y extranjeras a evaluar el estado de las aeronaves en el Fuerte Militar de Tolemaida, para que enviaran su diagnóstico y cotización.
En octubre de ese año, indica el documento, y sin haber contestado a ninguna de las cotizaciones, el ministerio se inclinó por la firma estadounidense Mi-Series Personnel & Parts LLC, sin presentar justificación alguna para haberla seleccionado por encima de las demás propuestas.
El 6 de noviembre de 2024 llegó a la Aeronáutica Civil una carta de NHC Mil&Kamov S.A., la firma desarrolladora de los helicópteros, alertando sobre esa posible negociación.
“La empresa Mi-Series Personnel & Parts LLC no tiene una base legal para realizar reparación capital (overhaul) o modificación de los helicópteros Mi, no tiene convenios de acompañamiento para el diseño y el apoyo tecnológico con los fabricantes del helicóptero (...), no tiene personal capacitado ni certificado”, advirtió la misiva, firmada por A.M. Soldatov, diseñador jefe para los servicios de postventa y operación de NHC Mil&Kamov.
El Ministerio, y luego la Aeronáutica Civil, enviaron comisiones a EE.UU. para confirmar si la cuestionada empresa contaba o no con las capacidades para ejecutar el contrato, confirmando que no tenían los permisos en orden.
Ante tal riesgo, y frente a las quejas elevadas por las otras compañías oferentes, el Ministerio descartó a Mi-Series Personnel & Parts LLC y optó a última hora por Vertol Systems, firmando un contrato el 31 de diciembre de 2024, en plena fiesta de Año Viejo.
Parece que el relajo se transfirió a la ejecución del convenio, porque mientras los abogados de ambas partes se enfrentan a demandas civiles por el incumplimiento, el 80% de la flota sigue varada en los hangares, poniendo en riesgo el despliegue militar contra los grupos armados ilegales.
Es tan crítica la situación, que al Ejército le toca poner en servicio el Mi-17 usado en la famosa Operación Jaque de 2008, en la que fueron rescatados 15 secuestrados que estaban en poder de las Farc en Guaviare. En ese entonces, el presidente Juan Manuel Santos anunció que, por su antigüedad, sería puesto en un museo, en homenaje al logro militar. Pero no, el vetusto aparato todavía no se jubila y su mantenimiento está embolatado.
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