María* tenía 14 años cuando decidió contar lo que ocurría en su propia casa. Durante meses soportó abusos en silencio hasta que un profesor notó cambios en su comportamiento y activó la ruta institucional. Su caso no es una excepción, es uno entre miles. Detrás de cada cifra hay historias como la suya, marcadas por el miedo, la vergüenza y la impunidad.
Ese es el telón de fondo del más reciente balance de la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre la dimensión de las violencias basadas en género registradas en 2025 y en el primer mes de 2026. Los datos consolidados por la Fiscalía General de la Nación dibujan un país donde ser mujer o niña sigue siendo un factor de riesgo.
Los delitos sexuales encabezan el listado. Solo en 2025 se documentaron 15.729 casos. Más de la mitad, 8.644, tuvieron como víctimas a niñas y adolescentes. Otras 376 agresiones “afectaron a mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas”. En enero de 2026 ya se habían sumado 963 nuevos episodios. Las tasas más altas se concentraron en Vaupés, Guaviare y Guainía, territorios con débil presencia institucional.
La violencia intrafamiliar tampoco da tregua. El año pasado dejó 14.860 mujeres víctimas, 9.780 de ellas mayores de edad que formalizaron denuncias. En enero de 2026 se registraron 1.901 casos adicionales. Detrás de esos números, según expertos, hay hogares convertidos en escenarios de agresión, dependencia económica que silencia denuncias y niños que crecen normalizando el maltrato.
La forma más extrema de esta cadena de violencias es el feminicidio. Durante 2025 se abrieron 451 noticias criminales relacionadas con este delito, 118 crímenes consumados, 333 tentativas y 28 transfeminicidios. Caquetá y Amazonas registraron las tasas más altas en proporción a su población. En el primer mes de 2026 ya se contabilizaban 28 casos adicionales, incluidos dos feminicidios consumados y cuatro transfeminicidios.
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El informe también evidencia la persistencia de la trata de personas, con 193 casos reportados en 2025, 41 de ellos con víctimas menores de edad. Norte de Santander y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aparecen como los focos de mayor riesgo. A esto se suma la explotación sexual de niñas y adolescentes, que dejó 151 casos el año pasado y cinco más en las primeras semanas de 2026, con especial impacto en Guaviare y Vichada.
Para la Defensoría, las cifras confirman que Colombia arrastra una deuda histórica con las mujeres y las niñas. No se trata solo de estadísticas, sino de una violencia sistemática que atraviesa territorios, edades y contextos sociales. La entidad advirtió que el Estado no puede seguir reaccionando tarde ni fragmentando respuestas frente a un fenómeno que exige prevención real, protección efectiva y justicia oportuna.
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