Siguiendo el camino que ya han tomado magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, Lina Escobar, recientemente elegida como magistrada de la Corte Constitucional, será la primera integrante de ese alto tribunal en posesionarse ante su propia corporación y no ante el presidente de la República, Gustavo Petro.
Se suma así a una práctica que, aunque inédita hasta hace poco, empieza a consolidarse entre los integrantes de las altas cortes como un gesto de afirmación institucional.
Si bien no existe una obligación legal que exija que la posesión de los magistrados se realice ante el jefe de Estado, la tradición colombiana había mantenido esa ceremonia como un gesto protocolario de reconocimiento entre los poderes. No obstante, en los últimos meses, varios togados han decidido romper con esa costumbre, prefiriendo tomar juramento ante sus respectivas cortes.
Una decisión que, más allá del simbolismo, reafirma el principio de separación de poderes y fortalece la autonomía judicial frente a un Ejecutivo cada vez más confrontacional con las instituciones.
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La posesión de Escobar, programada para este 12 de junio, marcará un nuevo hito en esta tendencia. Con ella, la Corte Constitucional se une al movimiento que han liderado recientemente otros altos tribunales, en lo que puede leerse como una respuesta institucional a las crecientes tensiones entre el gobierno nacional y el poder judicial.
No es un simple cambio de escenario ceremonial, sino una declaración de independencia que gana relevancia en un contexto político polarizado.
Apenas una semana atrás, Víctor Usme Perea se posesionó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia ante el presidente de esa corporación, sin que el presidente Gustavo Petro fuera siquiera invitado a la ceremonia.
Antes de él, los consejeros de Estado Juan Camilo Morales, Adriana Polidura y Luis Antonio Rodríguez hicieron lo propio, tomando posesión ante el Consejo de Estado. En esa ocasión, Petro sí asistió al acto, aunque su presencia no modificó la decisión institucional de realizar la ceremonia dentro del propio órgano judicial.
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La ruptura con esta práctica protocolaria habitual no es un gesto menor. Subraya con contundencia la autonomía del poder judicial en un momento clave para la democracia colombiana, donde el respeto entre ramas del poder público se ha visto alterado por discursos y decisiones del Ejecutivo que muchos consideran abiertamente desafiantes. Más que una simple formalidad, estas posesiones se han convertido en actos de reafirmación del orden constitucional: una justicia que no solo es un poder independiente, sino que está decidida a ejercer plenamente su función sin someterse a presiones externas.
