Lo que comenzó como el relato de una exfiscal sobre las presiones que, según su versión, recibió mientras llevaba el proceso contra Nicolás Petro, ya va en una denuncia contra la fiscal general Luz Adriana Camargo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, su juez natural.
La Red de Veedurías Ciudadanas presentó una denuncia en su contra ante el presidente de esa comisión, Carlos Cuenca Chaux.
El documento pide investigar a la fiscal general por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal, además de solicitar que se establezcan eventuales responsabilidades disciplinarias por su actuación en el expediente contra el hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.
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El punto de partida de la denuncia es el testimonio entregado por la exfiscal Lucy Laborde el pasado 23 de agosto en Semana.
En esa entrevista, Laborde aseguró que Camargo le habría pedido modificar la acusación contra Nicolás Petro y retirar el delito de lavado de activos, para dejar únicamente el de enriquecimiento ilícito.
El señalamiento adquiere especial relevancia porque no se trataría, según la versión de Laborde, de una conversación informal o de una diferencia de criterio entre funcionarios.
La exfiscal ubicó el episodio en una reunión realizada en el despacho de Camargo, en el búnker de la Fiscalía, en la que también habrían participado otros altos funcionarios del ente investigador.
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De acuerdo con su relato, estuvieron presentes la delegada Aura Liliana Trujillo, el entonces vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la directora de Lavado de Activos de ese momento, Alexandra Ladino.
Fue allí, según Laborde, donde Camargo le preguntó cómo veía el delito de lavado de activos en el expediente. La entonces fiscal respondió que consideraba que sí estaba configurado.
Después, siempre según su testimonio, la fiscal general le preguntó por qué no retiraba ese delito y dejaba el de enriquecimiento ilícito.
La explicación que habría recibido Laborde también quedó incorporada en su relato. Antes de plantearle el cambio, Camargo habría preguntado qué consecuencias tendría para Nicolás Petro mantener el delito de lavado de activos.
La respuesta, según la exfiscal, fue que podría implicar su inclusión en la lista OFAC. Ese detalle es uno de los elementos que ahora deberán ser contrastados por las autoridades competentes, pues la denuncia no convierte las afirmaciones de Laborde en hechos probados.
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Precisamente, la Comisión de Acusaciones deberá establecer si existen elementos que permitan corroborar lo ocurrido y determinar si hubo alguna actuación irregular por parte de la fiscal general.
La respuesta de la fiscal general de la Nación
La Fiscalía respondió el domingo pasado a las declaraciones de la exfiscal Betancourt sobre su participación en el caso de Nicolás Petro, quien es acusado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Al respecto, el ente acusador, a través de un comunicado, calificó las declaraciones de Laborde Betancourt como “sesgadas, parciales e incompletas, y señaló que el exdiputado ya había sido acusado por esos delitos mucho antes de que la fiscal general asumiera el cargo”.
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Para ese entonces, el proceso estaba en manos del fiscal Mario Burgos, “quien, actuando ante la judicatura como sujeto procesal en representación de la Fiscalía, verbalizó la acusación en sesiones de audiencia llevadas a cabo entre el 2 de noviembre de 2023 y el 11 de enero de 2024”.
El organismo también indicó que la exfiscal Lucy Laborde recibió el caso de Nicolás Petro por reparto automático y aleatorio, a través del sistema SPOA, en presencia de una agente especial de la Procuraduría, y no por asignación discrecional.
Sobre la reunión entre Laborde, Camargo y otros funcionarios, la Fiscalía mencionó que esta se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2024, “sin perjuicio de la autonomía que la ley reconoce a los fiscales delegados”.
“Su desarrollo no ocurrió en los términos que ha señalado la exservidora. En ese espacio no se le impartió orden alguna para la eliminación de delitos, ni hubo coacción o presión. El único objeto de la reunión fue examinar la petición de la defensa de variar la calificación jurídica para llegar a un preacuerdo, petición a la que no se accedió, como da cuenta la actuación”, se lee en el comunicado del ente investigador.
Según afirmaron, el proceso siguió bajo la orientación jurídica impartida por la exfiscal, como responsable del mismo, sin cambio alguno de la adecuación típica.
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Laborde señaló en la entrevista con el medio citado que, luego de aquella reunión con la fiscal general, fue trasladada a una sede en Barranquilla, donde presuntamente no fue tratada con las garantías adecuadas.
Sobre este punto, la Fiscalía indicó que hasta su retiro el pasado 16 de julio, “Laborde recibió pleno respaldo institucional para el desempeño autónomo de su labor en el proceso contra Nicolás Petro, al punto que fue ratificada en el caso por la fiscal general de la Nación ante dos peticiones de la defensa para que fuera apartada de su conocimiento”.
El ente investigador reiteró que la salida de la exfiscal no guarda relación con el expediente contra Nicolás Petro.
La Fiscalía explicó que la salida de Laborde estuvo relacionada con el concurso de méritos que adelanta la entidad para proveer 4.000 cargos de planta y enfatizó que su desvinculación no obedeció a una decisión dirigida contra ella, sino al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente.
La entidad aseguró además que respeta el derecho de los exservidores a expresar sus percepciones y opiniones sobre su paso por la institución.
No obstante, precisó que, frente a las declaraciones de Laborde sobre su actuación en el proceso contra Nicolás Petro, se limitará a entregar “información objetiva y verificable sobre hechos contrastables”, y no a responder a “conjeturas, rumores, falsas creencias o interpretaciones subjetivas sin sustento”.
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La salida de Laborde y el proceso contra Nicolás Petro
El episodio también está relacionado con la salida de Lucy Laborde del proceso. Tras su retiro, el caso quedó en manos del fiscal Juan Martín Parada.
La investigación contra Nicolás Petro se originó en los recursos que, según la Fiscalía, habría recibido durante 2022 de personas como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, y el empresario Gabriel Elías Hilsaca Acosta.
Para entonces, Nicolás Petro era diputado del Atlántico y ejercía como enlace de la campaña presidencial de su padre en ese departamento. La Fiscalía sostiene que posteriormente habría intentado ocultar el origen y destino de parte de esos recursos.
El proceso penal avanzó hasta una etapa en la que el hijo del expresidente quedó a las puertas de juicio por los delitos que finalmente fueron formulados en su contra.
Ahora, el Tribunal Superior del Atlántico tiene pendiente definir las pruebas que podrán ser utilizadas durante el juicio.
La propia denuncia reconoce que la fiscal general respondió públicamente a las afirmaciones de Laborde el 23 de agosto. Pero, ante la existencia de versiones enfrentadas, los denunciantes sostienen que la única forma de establecer qué ocurrió es mediante una investigación formal, con garantías de debido proceso y derecho de defensa.
Por ahora, el expediente tiene dos historias enfrentadas: la de una exfiscal que asegura haber recibido una instrucción para retirar un delito y que posteriormente salió del caso, y la de la fiscal general, que rechaza esa versión. La Comisión de Acusaciones tendrá que determinar si detrás de ese choque existe una actuación susceptible de investigación y eventual responsabilidad.
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Preguntas y respuestas
- ¿Por qué fue denunciada la fiscal general Luz Adriana Camargo?
- La Red de Veedurías Ciudadanas presentó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal, además de posibles responsabilidades disciplinarias relacionadas con el caso de Nicolás Petro.
- ¿Qué señaló la exfiscal Lucy Laborde sobre el caso?
- Laborde afirmó que Camargo le habría pedido retirar el delito de lavado de activos de la acusación contra Nicolás Petro y mantener únicamente el de enriquecimiento ilícito. Según su versión, la solicitud ocurrió durante una reunión en el búnker de la Fiscalía.
- ¿Por qué era relevante mantener el delito de lavado de activos?
- Según el relato de Laborde, mantener ese delito podía tener consecuencias para Nicolás Petro, entre ellas una eventual inclusión en la lista OFAC. La denuncia busca determinar si esta circunstancia influyó de manera irregular en las decisiones tomadas dentro del proceso.
- ¿La denuncia demuestra que Luz Adriana Camargo cometió un delito?
- No. La denuncia no constituye una prueba de responsabilidad penal o disciplinaria. La Comisión de Acusaciones deberá investigar las afirmaciones de la exfiscal, verificar los elementos disponibles y determinar si existió alguna actuación irregular por parte de la fiscal general.
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