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Colombia | PUBLICADO EL 15 julio 2022

Cuestionan 3 contratos por $67 mil millones de Supersalud

La Contraloría lanzó la advertencia y pidió investigar. Hubo traslados a la Procuraduría. La entidad se defiende.

  • La Supersalud señaló que en su contratación no hay asomo de corrupción. A pesar de eso, la Contraloría trasladó seis hallazgos a la Procuraduría. FOTOS CORTESÍA
    La Supersalud señaló que en su contratación no hay asomo de corrupción. A pesar de eso, la Contraloría trasladó seis hallazgos a la Procuraduría. FOTOS CORTESÍA
  • La Supersalud señaló que en su contratación no hay asomo de corrupción. A pesar de eso, la Contraloría trasladó seis hallazgos a la Procuraduría. FOTOS CORTESÍA
    La Supersalud señaló que en su contratación no hay asomo de corrupción. A pesar de eso, la Contraloría trasladó seis hallazgos a la Procuraduría. FOTOS CORTESÍA

Un contrato por el que la Superintendencia Nacional de Salud pagó 14,1 mil millones de pesos en adiciones, y que empezó costando 28,5 mil millones de pesos –que al final se convirtieron en 42,7 mil millones–, puso a esa entidad a correr para darle explicaciones a la Contraloría y a la Procuraduría.

El origen del contrato está en una de las tareas clave de la Supersalud, que recibe todas las quejas, peticiones, recursos y denuncias (PQRD) por las falencias en el servicio de las EPS. Los datos son utilizados tanto para ayudar a la ciudadanía, como para apretar a las aseguradoras que fallan en su labor. Para hacerse una idea, solo en 2021 le llegaron 996 mil PQRD.

El contrato en cuestión al que la Contraloría le puso la lupa en una auditoría de cumplimiento a la Supersalud entre 2019 y 2021, fue firmado con la empresa Américas Business Process Services S.A. Esta es su ruta: es el 359 de 2019 y tendría una duración del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019; del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020; y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, pero que fue liquidado en noviembre de 2021.

En la etapa precontractual, la firma ofrecía el mejor precio ($28.594.877.495,80) por el servicio especializado de un centro de contacto nacional de PQRD para los usuarios del sistema de salud de Colombia.

Ese valor era por lo menos 8 mil millones de pesos más bajo que el que ofrecían los otros interesados, cuyos precios oscilaban entre los 37 mil y los 47 mil millones de pesos. Además, el precio base fijado por la Supersalud era de 38,8 mil millones de pesos, por lo que la oferta de dicha compañía funcionaba.

Debido a eso, el Comité Técnico Evaluador seleccionó a Américas Business Process Services, que por tener la infraestructura física, la tecnología y el talento humano necesario, podía entregar un servicio a menor precio, según justificó en su momento. Así mismo, porque ya proveía el servicio a la Supersalud en otros dos contratos; entonces, conocía el sistema bien.

El problema vino después. La Contraloría evidenció que se hicieron cuatro adiciones presupuestales –en los tres años de vigencia del contrato– por 14,1 mil millones de pesos ($ 14.143.380.145,29). La primera de estas, a poco más de un mes de que el contrato empezara a andar. Con las que vinieron después, el costo llegó a 42,7 mil millones de pesos ($42.738.257.641,09), y de ese total, al contratista se le terminaron pagando 40,6 mil millones de pesos ($40.633.376.898).

Es decir, el incremento frente al valor inicial fue de 49%. Para la Contraloría, se superaron los parámetros establecidos y hubo un “menoscabo al patrimonio público”. El contrato que iba a ser el más barato, terminó siendo casi el doble de caro.

Por esa razón, el expediente del caso llegó a la Procuraduría, por las posibles incidencias disciplinarias que pudieron presentarse, y también a la Agencia Nacional de Contratación Pública, con la solicitud de abrir una indagación preliminar.

Aparte, en la auditoría se mencionan otros dos contratos de Américas Business Services con la Supersalud. Todos son de Externalización de Procesos de Negocios o BPO, por sus siglas en inglés: primero, el 105 de 2019, por 4,6 mil millones de pesos ($4.685.787.847), para prestar servicios del “centro de contacto para la atención personalizada y orientación al usuario del Sistema de Salud en las Regionales (...) y los convenios interadministrativos que permiten la presencia de la Entidad en el territorio nacional”.

A este le hizo una adición de 30,2 millones de pesos ($30.202.990,02), bajo las reglas del Acuerdo Marco de Precios, pero con lo que el valor ofrecido por la compañía cambió y su oferta dejó de ser la más favorable. Por este contrato la Contraloría también trasladó el expediente a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Contratación.

Y aparte, el 616 de 2021 (del 1 de noviembre de 2021 al 31 de julio de 2022), también firmado para la prestación del servicio de recepción de PQRD, aunque el 359 de 2019 estaba en curso. Lo obtuvo la Unión Temporal Servicios BPO, integrada por Américas Business Process Services y Carvajal Tecnología y Servicios. Este pasó de costar, en etapa precontractual, 15,8 mil millones de pesos ($15.838.913.328), a 20 mil millones de pesos ($20.028.757.803,70), debido a dos adiciones.

Una vez más, el expediente llegó a la Procuraduría y dio traslado a la Agencia de Contratación Pública. Además, solicitó un indagación preliminar.

En el expeditente, en poder de este diario, también se advierte que no se publicaron todos los actos relacionados con las órdenes de compra en la plataforma SECOP II, en ninguno de los tres contratos. Esto también se configurara como un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La información fue enviada a la Procuraduría.

Esto dijo la Supersalud

Las decisiones de la Contraloría se mantuvieron a pesar de las respuestas que le remitió la Superintendencia, que también se refirió al tema en respuesta a EL COLOMBIANO.

Señaló que no se publicaron en SECOP II porque la publicación se hizo a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, pero que siempre “lleva a cabo la publicación del 100% de sus contrataciones” (ver recuadro).

Sobre el contrato 359 de 2019, la entidad anotó ante la Contraloría que los precios unitarios ofertados y adjudicados no se modificaron en la ejecución, por lo que no es cierto que se haya “desvirtuado” la favorabilidad de la oferta de Américas Business Process Services.

Con respecto al 105 de 2019, explicó que la adición se hizo para contratar a más agentes y cumplir con los convenios interadministrativos vigentes, así como descongestinar la gestión de las PQRD ante las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios.

Frente al contrato 616 de 2021, la Supersalud explicó lo mismo: que se hizo para tener más personas y cumplir los convenios vigentes.

Además, anotó que no es cierto que en estos tres contratos no se haya sostenido la oferta económica presentada en un comienzo, pues el valor final del contrato es una muestra del “uso eficiente de los recursos excedentes de la contratación inicial y la atención a las necesidades que se ha presentado”. Por eso, anotó: “Reiteramos esta situación fue plasmada desde la estructura del documento del estudio previo”, y dijo que las adiciones fueron de índole legal.

Este medio llamó tres veces a American Business Services para preguntarles su postura frente a la auditoría, pero no obtuvo respuesta.

En total, fueron trece hallazgos enmarcados en la auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría; seis fueron trasladados a la Procuraduría. De todas formas, la Supersalud aseguró que en sus contrataciones no se ha presentado “el más mínimo asomo de corrupción”.

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS La supersalud se defiende

El ente de control del sector salud se refirió también a lo que la Contraloría señaló como una posible vulneración al principio de planeación, asegurando que “las adiciones son realizadas siempre y cuando se encuentren justificadas para el caso de estos contratos se observa de manera inequívoca que desde el estudio previo se consignó la posibilidad de utilizar las eficiencias económicas para incrementar la atención de la necesidad”. Explicó que las adiciones obedecen a motivos legales, como el ajuste del IPC, el salario mínimo y el ajuste del IVA. “Estas contrataciones se realizan a través de Acuerdo Marco de Precios BPO, donde la Entidad se adhiere a una operación secundaria que en su inicio se encuentra estructurada y definida directamente por Colombia Compra Eficiente”.

Pía Wohlgemuth

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana.

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