Un nuevo cuestionamiento –con visos de maremoto político y judicial–, tiene en jaque el mentado discurso de lucha frontal contra la corrupción que, desde sus propios cimientos, ha izado Gustavo Petro. A diferencia de los cada vez acostumbrados escándalos que empantanan al ‘Gobierno del cambio’, las acusaciones de presuntos sobornos que reveló el testigo estrella en el caso de los carrotanques tienen en jaque la legitimidad de las valiosas reformas del presidente y ponen en capilla a varios de sus principales escuderos. Incluso, ya costó cargos
La polémica es mayúscula. Al prender su esperado ventilador, Sneyder Pinilla, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), reveló que –con los dineros que arañaron de las presuntas irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira–, funcionarios del Gobierno pagaron sobornos del más alto nivel para garantizar el tránsito de las reformas sociales de Petro en el Congreso.
Los señalados son nada menos que el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (liberal, con tendencia petrista), quienes ahora están entre ceja y ceja por la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal les abrió, de oficio, una indagación previa, mientras ellos se desmarcaron del escándalo y ratificaron su inocencia.
Según reveló Pinilla –que hoy pide pista para hacerse a un principio de oportunidad que se traduzca en beneficios judiciales–, su entonces jefe, el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, le encomendó directamente entregarle $3.000 millones a Name y otros $1.000 millones a Calle entre octubre y septiembre de 2023.
“La plata me la entregan en efectivo y yo la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name, y yo directamente se la entregó al doctor Calle (...) Me la entregan en maletas negras. Como dos, tres, en cada una metí un recurso. La entrega de Name se hace en dos días y la entrega de Montería se hace en un solo día. Eran billetes de $50.000 y de $100.000, en fajos”, aseguró Pinilla en diálogo con la Revista Semana.
Por si fuera poco, señaló con nombre propio a la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, de hacer las veces de intermediaria para entregarle a Name los $3.000 millones. Por cuenta del escándalo, Petro terminó pidiéndole su renuncia, así como a Andrés Idárraga, su secretario –sí– de Transparencia. Lo anterior, tras comprometedores chats en los que Idárraga acude a Olmedo López para que atienda a alcaldes.
La defensa del exsubdirector de la Ungrd le confirmó a este diario que presentará otros chats comprometedores a la Fiscalía que pondrían al descubierto un posible tráfico de influencias por parte del secretario de Transparencia. En respuesta, Idárraga respondió con un mensaje que parece calcado al de los demás implicados: que buscan enlodar su nombre y que hay interés por desviar las presuntas irregularidades con “distractores mediáticos”.
Lo cierto es que tanto Ortiz como Name hacen parte de la Alianza Verde y hoy también enfrentan una investigación en su partido. “Ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega”.
Además, acusó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco –el encargado de la política en el Gobierno, quien fue director encargado de Gestión del Riesgo y sobre quien el propio Olmedo López dijo que “tiene muchas cosas por aclarar”–, de orquestar el supuesto soborno en medio de reuniones para que los presidentes del Congreso “colaboraran” con el trámite y aprobación de proyectos.
En respuesta –contrario al tesón y firmeza que le da a sus mensajes en la red social X–, el presidente Gustavo Petro dedicó un párrafo para recordar que desde campaña ha sido claro en que en su gobierno no se tolera la corrupción: “Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”. Luego, durante un evento en Palermo (Huila), Petro agregó que no puede ser “el juez de corrupción en el Gobierno del Cambio”, por lo que pidió la acción de la justicia.
Días atrás, en la efervescencia de las marchas del 1 de mayo, el Jefe de Estado prometía con vigorosidad desde la Plaza de Bolívar en Bogotá que él mismo denunciaría a sus funcionarios corruptos: “Funcionario que se robe un peso, que ponga carlanchines a recibir coimas por la contratación pública, se va del ‘Gobierno del cambio’ con el rabo entre las piernas, porque se va directico a la cárcel. El mismo presidente de Colombia lo denuncia”.
Previamente, ante el inusual silencio del Jefe de Estado, la Presidencia contestó a medias por el escándalo. Sin hacer una mención explícita a ninguno de los salpicados, el Gobierno anunció la creación de una mesa técnica para “documentar casos de uso indebido de recursos públicos”. Paradójicamente, el secretario de la Transparencia era uno de los que tenía asiento en ese organismo.
Presidencia informó que la mesa “establecerá una estrecha colaboración” con la Embajada de Estados Unidos en Colombia para fortalecer la cooperación internacional en el intercambio de información. “Esta alianza se enfocará especialmente en la identificación de capitales internacionales derivados de actos de corrupción”.
Las fechas
Si bien Pinilla se abstuvo de precisar fechas en medio de su intentona judicial por acceder a beneficios, sí precisó que la supuesta entrega de las coimas ocurrió entre septiembre y octubre, justo en pleno hervor de las elecciones regionales y en medio del trámite de las reformas y proyectos del gobierno Petro. “Era octubre, había afán por el recurso por el tema electoral”.
En ese entonces, en Cámara justamente hacía tránsito nada menos que la reforma a la salud que a la postre se hundió en Senado. Como coincidían congresistas en esa época y hoy, Calle fue determinante para el tránsito del proyecto gubernamental, incluso por encima de las iniciativas de sus propios compañeros. “El presidente de la Corporación se dedicó a tramitar la agenda de Petro, no de los congresistas. Es una pérdida de autonomía”, reclamaba, con razón, en su momento el representante de oposición Hernán Cadavid (Centro Democrático).
En paralelo, se discutió y aprobó el proyecto de Presupuesto de 2024, el de cannabis de uso adulto (en segundo debate) y comenzaron las audiencias públicas de la reforma a la educación. A ello se suma la aprobación de una iniciativa ideada para los sectores más afines al petrismo, la cual buscaba dar gratuidad a grupos étnicos y víctimas en exámenes de admisión en instituciones públicas de educación superior.
Por su parte, en Senado era elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, nada menos que el secretario Jurídico de Palacio. Además, arrancaban las audiencias públicas sobre la reforma pensional, se aprobaba el proyecto que prohíbe las corridas de toros, también se tramitaba el Presupuesto, y continuaba su tránsito una iniciativa del petrismo para crear la Comisión Legal de Paz y Posconflicto en el Congreso.
Si bien no puede inferirse que el trámite de todos esos proyectos tiene como origen la corrupción, por cuenta de lo dicho por Pinilla quedan con un manto de duda y sospecha. En diálogo con EL COLOMBIANO, Andrés Hernández, director de la organización Transparencia por Colombia, aseguró que se debe avanzar en medidas no solo sancionatorias, si preventivas de más hechos de presunta corrupción en otras entidades.
“El Gobierno debe tener una acción muchísimo más proactiva y no reactiva, que es lo que está sucediendo en este y otros escándalos. Son acusaciones serias y precisamente por ello es que hay que mirarlas con mucha lupa. Al nivel que han llegado es supremamente grave. Es que incluso hay una posibilidad de una presunta asignación de recursos del Ejecutivo al Congreso para facilitar el trámite de proyectos. Eso sería muy grave en términos de corrupción e implicaría un quiebre de la independencia de poderes”, explicó.
Coletazos y reacciones
Contrario a otros escándalos, en los que primó la unidad y el respaldo mutuo entre los propios miembros del gabinete, el escándalo en Gestión del Riesgo –que se creía sanjado con la renuncia de Olmedo López–, dejó al descubierto las costuras del ‘Gobierno del cambio’. Señalamientos mutuos y reproches del más alto calibre condimentaron una jornada de olvido para el Ejecutivo.
Lejos de tenderle una mano tras los señalamientos, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social y uno de los que le habla al oído a Petro, le pidió a Sandra Ortiz “apartarse del Gobierno mientras la Fiscalía determina si es cierta la grave acusación”.
Lo propio hizo Carlos Carillo, hoy director de la Ungrd, quien se enfrascó en una pelea pública con otro aliado de Petro, el exalcalde Daniel Quintero, y lo acusó de tener fichas en la Unidad que dirigía Olmedo López. Inclusive, en medio de la avalancha de acusaciones salió a relucir el nombre del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, uno de los pocos aliados del Gobierno en ese bancada.
“Todos los caminos llevan a Itagüí”, alertó Carrillo a la emisora Blu Radio, recordando que Trujillo fue alcalde de Itagüí entre 2012 y 2015, y Olmedo López hizo parte de su gabinete. En ese sentido, no dejó de calificar como llamativo que un político antioqueño hubiera sacado 20.000 votos en Uribia (La Guajira), uno de los municipios en los que se iba a implementar el polémico contrato de los carrotanques de agua. “Todo el mundo sabe de quién es quién, la clase política tiene que asumir sus responsabilidades”, dijo el director.
El balance, hasta ahora, es cruento en todos los frentes. Petro tuvo que pedirle la renuncia a dos de sus escuderos y la legitimidad de sus reformas quedó en entredicho. Los presidentes del Senado y Cámara con procesos encima en la Corte Suprema, mientras que los demás implicados bajo escrutinio de Fiscalía y Procuraduría. El petrismo dividido por el fuego amigo y con heridas abiertas, por no hablar de los verdes donde –tras lo de Name y Ortiz– arreciaron en dar un paso al costado y dejar de integrar la bancada de Gobierno.
Fiscalía pide “evitar presiones indebidas”
En medio del escándalo, la Fiscalía –ahora bajo la batuta de Luz Adriana Camargo–, se pronunció y recordó que tiene una investigación abierta por este caso a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción. En esa línea, solicitó evitar presiones indebidas, pidiendo prudencia y respeto por el debido proceso. En esa línea, hizo un llamado a la prudencia, a respetar el debido proceso y “evitar presiones indebidas” que afecten el normal desarrollo de la administración de justicia.
“De manera responsable y fiel a las normas del derecho penal, se avanza en la verificación de unos hechos, y se recopila el material probatorio y las evidencias suficientes para hacer las valoraciones legales de rigor”.
