El proyecto de ley para hacer del internet un servicio público esencial en Colombia solo está pendiente de recibir la rúbcrica del presidente Iván Duque (sanción presidencial) para que sea una realidad.
Sin embargo, aunque su esencia persigue objetivos de equidad, como lo reconoce el propio Gobierno, hay retos para su implementación que han sido advetidos desde su trámite en el Congreso.
De acuerdo con el representante a la Cámara Rodrigo Rojas, ponente de la iniciativa, el principal objetivo es cerrar la brecha digital en el país, en donde el acceso a la red de redes, tal como lo remarcó, llega a un 14 % de las familias censadas del país.
En este sentido, el Boletín Trimestral del Sector TIC evidenció que, para el cuarto trimestre de 2020 (el consolidado más actualizado, según el Ministerio el ramo), los accesos a internet fijo ascendían a 7,77 millones, y, los móviles, alcanzaron los 32,5 millones (ver gráfico). Para complementar las estadísticas, conforme a lo expuesto por Rojas, esto se traduce en que 7,6 millones de los 14,2 millones de hogares censados en Colombia cuentan con conexión.
“En la zona rural el problema de conectividad se agudiza aún más, donde apenas el 6,7 % de hogares con niños estudiando, entre los 5 y 18 años, cuentan con Internet”, enfatizó el representante.
Los objetivos
El mencionado proyecto legislativo contempla cinco grandes propósitos. El primero, garantizar el derecho de los colombianos a acceder a Internet con tarifas asequibles.
El segundo, que los operadores presten un servicio eficiente, continuo y permanente. Tercero, focalizar los esfuerzos económicos e institucionales a asegurar la buena conectividad, especialmente en las zonas rurales y apartadas.
En cuarto lugar, brindar navegación gratuita, por lo menos, en 30 direcciones web durante estados de excepción y emergencia, aunque no se realice el pago de la factura.
Y quinto, ofrecer acceso gratuito a los portales que definan los ministerios de Educación y de las Tic.
¿Qué tan viable es?
Desde la óptica de Johan Caldas, profesor de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad de la Sabana, es complejo materializar este proyecto: “No será una implementación inmediata sino que se surtirá de acuerdo con el principio de progresividad”.
Lo anterior –dilucidó– consiste en lograr el mayor alcance posible con los recursos disponibles, entendiendo que hay de por medio unas particularidades sociales, culturales y económicas.
Frente a este último factor, el docente apuntó que “la geografía de nuestro país es complicada. Eso supone que llevar la infraestructura termina siendo muy costoso”. Agregó que el Gobierno podría llegar a contemplar planes de inversión pública, alianzas público-privadas o estimular la inversión de los operadores.
Esos incentivos, dijo, podrían ser subsidios y descuentos tributarios.
“Pero, sin duda, un punto de gran relevancia en este tipo de mercado es la seguridad jurídica”, complementó.
En línea con esto, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, consideró que “el Gobierno tiene una herramienta fundamental: el espectro electromagnético, un recurso que crea inversión a largo plazo y que garantiza la conectividad de los colombianos”.
El inconveniente, tal como lo subrayó, son los precios que cobra el Estado por usar ese espectro, que casi doblan las tarifas en países vecinos: “Corea del Sur y Chile, por ejemplo, doblaron su cobertura rural con una formula simple: costos de espectro asequibles y políticas que favorecen el despliegue”.
Por su parte, Karen Abudinen, ministra de las Tic, calificó como un “paso histórico” este proyecto y dijo que contribuirá a la meta del Gobierno en cuanto a conectividad: llevar acceso a internet al 70 % de la población hacia 2022.
"La conectividad no es solo un tema de cables y equipos, sino de beneficios de progreso y desarrollo para la sociedad y la gente", subrayó la funcionaria
7,6
millones de hogares tienen acceso a internet, según el boletín trimestral de las TIC.
