En Colombia, la libertad por vencimiento de términos siempre ha sido interpretada como un sinónimo de impunidad cuando se trata de impartir justicia a un presunto delincuente. A pesar de que en varias ocasiones se ha llamado la atención frente a ello, las métricas indican que año tras año crecen registros de sindicados que retornan a las calles al no ser juzgados en los tiempos estipulados.
Según estadísticas recopiladas por la Corporación Excelencia en la Justicia, entre 2009 y 2019 esas salidas incrementaron un 6 % en el total de libertades concedidas.
En 2012, de acuerdo con esos índices, 713 personas abandonaron los centros penitenciarios gracias al vencimiento de términos y, para el año anterior (2019), la cifra escaló hasta los 5.100 procesados libres por la misma causa.
Por qué sigue ocurriendo
El senador por Cambio Radical Richard Aguilar recordó que su partido, en 2018, ya había radicado un proyecto para avanzar en una reforma a la justicia. Aunque desde su perspectiva, el inconveniente sigue siendo el mismo: falta de presupuesto para incrementar los jueces y los fiscales en el país. Esos funcionarios, añadió, están desbordados con procesos pendientes. “En Colombia, por cada 100.000 habitantes solamente hay 11 jueces, eso está por debajo del promedio de los países en Latinoamérica”.
“Las mismas magistraturas han manifestado que se requieren 11 billones de pesos para poder descongestionar el sistema judicial”, enfatizó.
Por esto, a su juicio, más que pensar en una gran reforma, el primer paso debe orientarse hacia la descongestión, no tanto hacia endurecer los tiempos del proceso.
Es una consecuencia
Juan Camilo Muñetón, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, aclaró que el término correcto para esta garantía procesal es libertad por vencimiento de términos y es una consecuencia de los vacíos que existían en cuanto al derecho de plazo razonable dentro de un proceso judicial.
“Luego de algunas decisiones de la Corte Constitucional, el legislativo terminó imponiendo unos términos durante cada etapa del proceso. En consecuencia, si esos tiempos no se cumplen, una persona puede quedar en libertad porque se estaría desconociendo su derecho a un plazo razonable”, dijo.
Si el procesado y su defensor, continuó el jurista, comienzan a hacer maniobras dilatorias y a pedir aplazamientos injustificados, ese tiempo se descuenta a la hora de solicitar la libertad por vencimiento de términos.
En esta línea, afirmó que un sindicado no puede pasar uno o cinco años esperando una setencia, especialmente porque el retraso obedece, casi siempre, a situaciones externas, por ejemplo, falta de funcionarios para resolver el caso.
Molestia social
Muñetón reconoció que esta garantía puede generar un sinsabor en la sociedad: “Lo cierto es que pasa lo contrario cuando son sus familiares los que están privados de la libertad. Ahí, digamos, la perspectiva cambia”.
“Casi que hasta que el Estado no limita tus derechos, la gente no es conciente de la necesidad de una pronta administración de justicia”, puntualizó el docente.
De otro lado, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, acepta que el modelo jurídico colombiano es garantista. Sin embargo, “ha llegado la hora de que el Congreso se amarre los pantalones y le dé respuesta efectiva a los ciudadanos que están clamando un sistema con mayor contundencia”.
Para ponerlo en números, Herrera ejemplificó la actual situación con los hurtos callejeros y precisó que en el último año hubo 240.000 arrestados por esa conducta: “90.000 de ellos ya habían sido apresados entre dos y nueve meses. Y, peor aún, cerca de un centenar de ellos ya había sido aprehendido entre 40 y 70 veces”.
Desde su óptica, la ausencia de castigos está perpetuando esas conductas, situación que, a su modo de ver, está ligada en un alto porcentaje al vencimiento de términos.
“El Congreso ha sido omisivo por diferentes circunstancias en cuanto al trámite oportuno de ese elemento (...) pero sí hay que dejar de pensar en los victimarios y pensar en las víctimas”, expuso el director.
Y complementó: “De lo contrario seguiremos teniendo una imagen totalmente desfavorable de la justicia. La última encuesta Pulso País revela una imagen desfavorable superior al 68 %, esa es una alerta temprana que debería llamar la atención”
