Cerca del 60 % de los colombianos reconoce haber sufrido problemas de salud mental alguna vez en su vida y alrededor del 20 % padece actualmente ansiedad o depresión.
Estas cifras preocupantes llevaron al Congreso a expedir la Ley 2460 de 2025, que empezó a regir recientemente tras la sanción del presidente Gustavo Petro, quien la calificó como una ley “para sanar el alma del país. Para abrazar sin juzgar, para no dejar a nadie atrás”.
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Esta norma, que fue una iniciativa liderada por la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), le da a la salud mental el carácter de derecho fundamental y establece mecanismos para facilitar la atención de las enfermedades mentales que padecen los colombianos.
“La salud mental ya no es un privilegio ni una opción. Es un derecho que debe garantizarse en igualdad de condiciones para todos, sin importar dónde vivan o su nivel de ingreso”, afirma Susan Cruz Casas, directora del programa virtual de psicología de Areandina.
Los cambios que promueve la norma empiezan por lo institucional, por lo que el Ministerio de Salud pasará a tener una división de salud mental para atender todo lo concerniente a su atención. Y es que, el reconocimiento de la salud mental como un derecho fundamental indica que su acceso no puede ser negado, postergado ni condicionado, por lo que las instituciones deben responder de forma inmediata y efectiva, eliminando trámites innecesarios, agilizando la atención y evitando demoras.
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Así las cosas, los pacientes, ya sea en modelos de salud públicos y privados, ya no tendrán que consultar primero al médico general para que este los remita a un psicólogo, sino que podrán consultarlo directamente.
La norma también ordena contratar profesionales especializados en salud mental en territorios vulnerables y en la atención de víctimas del conflicto armado, personas privadas de la libertad y la comunidad LGBTIQ+. Según cifras del MinSalud, el país apenas cuenta con 2 siquiatras por cada 100.000 habitantes.
Así mismo, todos los colegios, universidades y empresas están obligados a implementar programas de bienestar emocional para contribuir a hacer prevención en esta materia.
“Esta ley es mucho más que un cambio en el papel. Es un modelo nuevo que integra la prevención, la atención temprana y el acompañamiento en los espacios donde las personas viven y trabajan”, comenta Cruz.
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Otro problema que la normativa espera resolver es el acceso a los medicamentos y para eso la ley obliga al Invima a garantizar los medicamentos psiquiátricos a los pacientes que requieren tratamiento medicalizado. Incluso, si un colombiano viaja fuera del país, puede pedir sus medicamentos en el exterior de acuerdo con las recomendaciones que le dé la Cancillería.
La norma incluye la creación de una subcuenta específica en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para garantizar una financiación estable y auditada para los programas de salud mental.
Así mismo, la ley extiende el control de la Superintendencia de Salud sobre la ejecución de las medidas que implementa. Por eso, las entidades promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que no acaten lo establecido enfrentarán penalidades conforme a las reglas actuales, especialmente si impiden el acceso o dificultan la atención en salud mental.
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