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Las pruebas del caso contra Uribe que la Corte no envió a la Fiscalía
El tribunal mantiene una indagación previa por el llamado escándalo de la “Ñeñepolítica”.
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El expresidente y exsenador, Álvaro Uribe, junto a uno de sus abogados, Jaime Granados Peña. FOTO Colprensa
29 de septiembre de 2020
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Por Sergio Andrés Correa
La Corte Suprema de Justicia decidió mantener su competencia para indagar preliminarmente al expresidente y exsenador Álvaro Uribe, dentro de un expediente relacionado con la posible compra de votos durante la campaña presidencial de 2018.
Se trata del proceso que el país conoce como la ‘ñeñepolítica’ y que se derivó de varias interceptaciones realizadas a José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, un polémico ganadero asesinado en Brasil –en mayo de 2019– y a quien en varios audios se le oye decir que está moviendo dinero en la Costa en favor de la candidatura del ahora presidente Iván Duque.
Es en ese contexto que, según el expediente que reposa en la Sala de Instrucción, se lograron interceptaciones de una mujer que estuvo vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Uribe y en las que habla de cómo podrían mover el dinero para favorecer la aspiración de Duque. Todo, según los audios, con la supuesta anuencia del expresidente.
La mujer es María Claudia ‘Caya’ Daza, quien por estos hechos ya fue requerida por la Fiscalía, pero apeló a su derecho a guardar silencio. En todo caso, de acuerdo con la denuncia que fue la génesis del proceso contra Uribe, la actuación de la exasesora de la UTL habría sido respaldada por su jefe y –a la vez– líder del Centro Democrático.
La Corte advirtió que, pese a la renuncia de Uribe a su fuero como congresista –el 18 de agosto–, la supuesta participación del exmandatario en esta trama electoral se relaciona con sus funciones como senador: “Se mantiene el fuero de congresista por la supuesta participación activa de una empleada de su UTL en los hechos”.
De hecho, la interceptación concreta por la que se denunció a Uribe, por la posible comisión de los delitos de corrupción al sufragante y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, es de junio de 2018. Y su contenido se analiza.
“Hay que buscar una plata para pasar debajo de la mesa, para soltarla en los departamentos (...) Iván y Uribe me mandaron para Manaure, Uribia y Riohacha, tenemos que ganar en La Guajira”, es parte de lo que se le oye decir a ‘Caya’ en su diálogo con el ‘Ñeñe’.
En todo caso, tanto Uribe como Duque, al igual que los apoderados de Daza, han negado haber participado en un complot electoral con dineros ilegales y han advertido que se trata de un intento de desprestigiar al gobierno del Centro Democrático. Y han coincidido en que el dinero de la campaña fue “manejado con todo rigor” por quien fuera su gerente, el antioqueño Luis Guillermo Echeverri, quien le dijo a EL COLOMBIANO que, por tratarse de un asunto jurídico, se abstendría de pronunciarse públicamente sobre este tema. No obstante, desde febrero pasado, ya había emitido un comunicado defendiendo la idoneidad con la que advirtió le dio manejo a los dineros de la campaña presidencial de Duque.
Sin embargo, según la misma Corte, hay otras indagaciones que se seguían contra Uribe y que, tras su renuncia al Congreso, el alto tribunal perdió competencia para continuarlas.
Entre ellas está la que lo mantiene en detención domiciliaria por posible fraude procesal y soborno en actuación penal, la cual pasó a la Fiscalía y está pendiente de que se defina por cuál senda continuar: ley 906 o ley 600. También pasaron a la órbita de la Fiscalía los casos en los que aparece mencionado por las masacres en El Aro y La Granja (de Ituango) cuando era gobernador de Antioquia, al igual que el proceso abierto por el homicidio del abogado y activista de derechos humanos Jesús María Valle.
Además, remitió a la Fiscalía tres casos contra el exsenador por posible injuria y calumnia.
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