Colombia

Las polémicas que rodean al jefe de la Fiscalía de la JEP

Giovanni Álvarez fue demandado por pedir renuncias masivas.

Escándalos fracturan sus relaciones dentro de la Jurisdicción.

Giovanni Álvarez es el actual director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. FOTO Juan Antonio Sánchez

14 de diciembre de 2021

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Una serie de renuncias masivas y varios escándalos en lo corrido de sus cuatro años como director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP tienen en problemas a Giovanni Álvarez, uno de los fiscales de más alto rango de esa jurisdicción, cuyas relaciones con la magistratura y la presidencia de la JEP se han visto fracturadas.

Pese a que la mayoría de cargos de esa entidad son de libre nombramiento y remoción –como él mismo ha justificado– lo cierto es que la “alta” cantidad de personas a las que se les ha pedido la renuncia protocolaria ha generado “inestabilidad y tensión laboral”, como denunció la misma JEP a través de su sentencia 263 de 2021.

En marzo de 2019, por ejemplo, Álvarez pidió la renuncia de todos sus fiscales alegando falta de resultados, por lo que 40 personas, incluyendo a los 16 delegados ante las Salas y el Tribunal para la Paz, tuvieron que presentar su carta de renuncia voluntaria.

Pero esa no fue la única vez que el director de la UIA utilizó esa estrategia, pues una de las tutelas que surgieron en su contra enumera por lo menos otras dos ocasiones en las que ocurrió lo mismo.

Además de esos procesos, que fueron interpuestos ante la JEP y que se declararon improcedentes, también hay una serie de demandas individuales y colectivas que reposan ante los juzgados administrativos de Bogotá, y que alegan insubsistencia y restablecimiento de derechos a la estabilidad laboral, el trabajo y la dignidad humana, entre otros.

Pese a ello, el director justificó que las renuncias eran legítimas y que en las cartas se notaba que se hacían de manera voluntaria y sin presión alguna, como denunciaron algunos de los extrabajadores.

De hecho, Álvarez sigue sosteniendo que las renuncias son necesarias. Tras ser consultada por EL COLOMBIANO, la UIA aseguró que el director evalúa anualmente el desempeño de los servidores con el fin de verificar la gestión, y que “cada servidor público que ostenta un cargo de libre nombramiento y remoción sabe que su permanencia en cualquier entidad del Estado está bajo la discrecionalidad del nominador”, que, para este caso, es Giovanni Álvarez.

Así las cosas, el director sigue sin reconocer parte del exhorto que le hizo la JEP pues, pese a que él sigue asegurando que los despidos son en aras del buen funcionamiento, la Jurisdicción alertó que dicha práctica “en lugar de contribuir al mejoramiento del servicio, puede perjudicarlo”, por lo que exhortó a Álvarez para que no reincida en ello.

Otros líos del fiscal

Pero esa no es la única polémica que lo rodea. Una de las crisis más recordadas de la UIA fue la que provocó su exfiscal Carlos Bermeo, quien era subalterno de Álvarez y fue acusado de corrupción por recibir, presuntamente, 500.000 dólares para incidir en la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich.

Para esa ocasión, la entonces presidenta de la JEP, Patricia Linares (2017-2020), envió una carta en la que pidió desvincular a Bermeo, investigar a los 216 funcionarios de la UIA y hacer públicas sus hojas de vida para prevenir futuros escándalos de corrupción.

Tal fue la magnitud, que Estados Unidos incluyó a Bermeo y a su familia directa dentro de la lista de corruptos internacionales el pasado 9 de diciembre.

Como ese, a Álvarez y su Unidad también se les recuerda por el caso de septiembre de 2019 de la exguerrillera Omaira Rojas, más conocida como ‘Sonia’, a quien la UIA acusó de pertenecer a las disidencias de Iván Márquez sin “tener pruebas razonables” como determinaron los magistrados de la JEP más tarde.

Sumado a eso, fuentes de la JEP confirmaron que la lucha de Álvarez por volver a su Unidad de Investigación y Acusación una entidad independiente económica y administrativamente le ha costado algunas relaciones con la magistratura y la presidencia de la Jurisdicción.

En dos ocasiones el director ha intentado obtener un presupuesto independiente del que recibe la JEP para manejarlo de manera autónoma. De hecho, el Congreso ha tenido dos proyectos en sus manos que buscaban darle el 30 % del presupuesto total de la Jurisdicción Especial para la Paz a esa Fiscalía.

Pese a ello, en ambas oportunidades, tanto los magistrados como el Congreso, se mostraron en contra, por lo que la UIA sigue funcionando tal y como quedó estructurada en el Acuerdo Final.