Todos los gobiernos tienen a su alcance organismos que vigilan y controlan diversas actividades (económicas, sociales y ambientales) y servicios prestados por entidades públicas y privadas. Tienen autonomía administrativa y presupuestal, los nombra directamente el presidente y son los “dientes” que en algunos casos se utilizan para presionar sectores o defender intereses, como ha sucedido en este Gobierno.
Los “super” del presidente Gustavo Petro son funcionarios de su mayor confianza, quienes han defendido la agenda petrista a través de decisiones cuestionables. EL COLOMBIANO hizo una radiografía de los intereses y conflictos de cada una de las superintendencias.
La SIC de Rusinque
Un ejemplo reciente del alcance de una superintendencia sucedió el viernes pasado. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) imputó a nueve funcionarios de la Registraduría por presuntamente desatender los requerimientos de una visita administrativa realizada en marzo de este año que tenía el objetivo de “recoger información relacionada con la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal”.
Bajo ese argumento, la SIC intentó sacar computadores y correos relacionados con el contrato de la Registraduría con Thomas Greg & Sons –la misma del pleito con Cancillería por los pasaportes– para una “asesoría integral logística en un proceso de elecciones a Juntas de Acción Comunal”.
Tanto la SIC como la Secretaría de Transparencia de la Presidencia argumentaron que no hubo pluralidad en los oferentes, pero la Registraduría expuso la transparencia del proceso contractual.
Para diversos sectores ha sido desproporcionado el papel de la SIC, empezando por la Procuraduría que abrió investigación disciplinaria contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, por presuntas irregularidades presentadas en la visita administrativa realizada a la Registraduría.
Pero este viernes, la Corporación Excelencia en la justicia calificó como desproporcionada la medida y que representa una “injustificada invasión”. Opositores al Gobierno, como la senadora Paloma Valencia, dijeron: “Es gravísimo que la Superintendencia de Industria y Comercio se esté metiendo en la Registraduría. Esto pone en peligro las elecciones. Ojo colombianos, tenemos que rodear a la Registraduría. No se puede permitir que usurpen las funciones de quien va a hacer las elecciones”.
La SIC está al mando de la abogada Cielo Rusinque, activista de Petro desde la campaña de 2022 que fue cuestionada al ser nombrada como superintendente por supuestamente no cumplir con los requisitos para el cargo. Rusinque es una funcionaria polémica que ocupó la dirección del Departamento de Prosperidad Social –antes de Laura Sarabia–y que fue la abogada de Hollman Morris en proceso por violencia intrafamiliar y económica con su exesposa.
¿Qué pasó en la SuperSalud?
Otra superintendencia muy poderosa y que el presidente Petro ha sabido capitalizar es la Superintendencia de Salud pues toca uno de los “caballos de batalla” del mandatario. En medio del hundimiento de la reforma a la salud, el Gobierno ordenó intervenir a Sanitas y Nueva EPS, lo que significa que nombra a un agente interventor y toma decisiones sobre los destinos de esas EPS, incluyendo una eventual liquidación.
Este Gobierno, con el resto de EPS que tiene intervenidas, controla más de la mitad de las entidades a las que están afiliados los usuarios. Para tal fin, Petro nombró al cuestionado Ulahy Beltrán –sancionado por la Procuraduría por irregularidades en contratos como gerente de un hospital—, que hizo un despido masivo en la entidad, pero fue reemplazado por el médico y exconcejal de Bogotá, Luis Carlos Leal.
En pocos meses Leal logró una exitosa campaña de marketing en la que visitaba laboratorios y dispensadores de medicamentos donde hay problemas en la atención a los usuarios. Sin embargo, habría tocado fibras sensibles de cercanos al Ejecutivo y por eso fue reemplazado por Helver Giovanni Rubiano, cercano al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Hay un dato revelador que arroja luces sobre una pelea que viene dándose en los altos cargos del sector salud, al tiempo que el Gobierno intenta emprender por segunda vez la reforma a la salud que ya tuvo ponencia en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Una fuente que conoce los movimientos del sector le dijo a este diario que hay algo que resulta incomprensible. “Cuando Ulahí (el anterior superintendente) salió, la única que quedó fue la esposa del ministro Jaramillo. Ahora, a la única que no se le pidió la renuncia fue justamente a ella. Y parece que la encargada mientras llega el nuevo, es una persona que es mano derecha de ella también”.
En efecto, la esposa del ministro de Salud trabaja en la Superintendencia desde septiembre de 2022, y en este Gobierno asumió un papel de mucha relevancia en las decisiones de las investigaciones a los actores del sistema. Beatriz Eugenia Gómez fue nombrada superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, es decir uno de los cargos con más poder en las decisiones sobre las EPS.
Pero también hay otra historia que tiene que ver con el papel que ha venido jugando un poderoso lobista del sector salud, quien se vio afectado por Leal. Lo primero que hizo el superintendente una vez se enteró de que su salida era real, fue publicar un comunicado que llevaba el nombre de Mario Andrés Urán en el primer párrafo.
“En respuesta a una denuncia recibida el 22 de septiembre de 2024 sobre la posible injerencia de Mario Andrés Urán en la administración y manejo de los recursos de la salud en diferentes EPS, la Superintendencia Nacional de Salud a través de su delegada de Entidades de Aseguramiento en Salud y en ejercicio de sus competencias, tomó la decisión de adelantar acciones inmediatas”, dice el texto oficial de la entidad.
Dos fuentes que conocen el sistema, porque han trabajado durante décadas en él, aseguraron que Urán es un lobista de peso en el sector salud que tiene amigos poderosos en la política y habría logrado acercarse a Palacio. La pregunta es si Leal estaba siendo lo suficientemente independiente del poder en Casa de Nariño y se convirtió en un personaje incómodo por los intereses de cara a los consensos que necesita el Gobierno en el juego político por la reforma. “Urán estuvo en Caprecom, luego en Roche en donde hacía lobby y en eso se mantuvo varios años. Tiene amigos poderosos en el Congreso”, dijo la fuente.
Superintendencia de Servicios
Otro de los “dientes” que tiene el Gobierno y que ha desatado un conflicto al interior del círculo cercano a Petro es la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios. Hace poco más de un mes salió de su cargo Dagoberto Quiroga, un abogado de confianza al presidente, siendo uno de los cofundadores del partido Colombia Humana. En la campaña de 2022 estuvo involucrado en el escándalo que reveló La Silla Vacía por un aporte de 500 millones de pesos de Fecode que no fue reportado ante el CNE.
Pero una vez como superintendente, Quiroga encontró resistencias al interior del Gobierno por medidas tomadas en el sector de energía y gas lo que le da un poder en regiones como el Caribe, donde políticamente el petrismo quiere conservar lo obtenido en 2022 y una de las estrategias es “venderle” soluciones a la población que ha sufrido el pago de tarifas desbordadas e interrupciones en el servicio. Esto ocasionó conflicto con la poderosa Laura Sarabia, directora del Dapre y el superintendente fue reemplazado por Libardo Yanod Márquez, otro abogado cercano a Petro desde su época como alcalde de Bogotá.
Además, EL COLOMBIANO reveló los contratos que Quiroga tuvo con influencers que hacían videos “periodísticos” en los que promocionan y defienden las decisiones del superintendente.
SuperSolidaria
Una superintendencia menos conocida, pero que también tiene un poder relevante es la Superintendencia de Economía Solidaria, conocida como la SuperSolidaria. El presidente Petro nombró en este cargo a María José Navarro, samaria de 31 años con una trayectoria destacada y logros relevantes como la apuesta por rescatar a varias cooperativas que han sufrido problemas financieros o administrativos.
Sin embargo, esta superintendencia tiene algunas críticas que reveló EL COLOMBIANO hace varios meses en relación con el ambiente laboral. Este diario habló con funcionarios que prefieren no revelar su identidad en donde denuncian que varios nombramientos se habrían hecho sin los requerimientos técnicos requeridos. Esas quejas llegaron hasta el Ministerio de Hacienda, cartera de donde se desprende esa superintendencia. Fuentes de la superintendencia de Economía Solidaria le dijeron a este diario que esas denuncias son infundadas y obedecen a un malestar de personas nombradas por el anterior Gobierno.
El Ferrari de Petro
La Superintendencia Financiera se encarga de supervisar el sistema financiero colombiano, proteger a los inversionistas, ahorradores y asegurados, y promover el mercado de valores. Tradicionalmente ha sido un puente con los “cacaos” del país y en este Gobierno no ha sido la excepción con la particular de que Petro en el pasado ha atacado en sus discursos a algunos de ellos.
El encargado de dirigir la SuperFinanciera es César Ferrari, un experimentado economista que nació en Perú pero tiene nacionalidad italiana y colombiana. Justamente por eso no pudo ser Director Nacional de Planeación (DNP) pues la ley impide que un colombiano por adopción asuma ese cargo. Lo cierto es que la experiencia de Ferrari ha servido para reducir la hostilidad discursiva del jefe de Estado con algunos empresarios y ha tomado decisiones “normales” en el sector como sanciones al Banco Itaú y Caja Social, entre otras medidas propuestas al Banco de la República.
Sin embargo, Ferrari no trabaja solo en su labor de acercarse a los “cacaos” como Luis Carlos Sarmiento Angulo del Grupo Aval, Alejandro Santodomingo de Valorem y Carlos Ardila Lulle de la OAL. Así lo dejó ver la histórica foto de los empresarios con el presidente Petro en Cartagena durante un almuerzo en noviembre de 2023. Quienes propiciaron ese encuentro, además, de Ferrari fueron Laura Sarabia, la mano derecha (e izquierda) del mandatario y Juan Fernández, consejero presidencial para asuntos empresariales. De ese encuentro se estrecharon la relación de Sarabia con los empresarios más que con Petro.
SuperSociedades
En el mismo sector económico, el presidente Petro tomó una decisión “curiosa”, dado su historial: no cambió al superintendente de Sociedades, Billy Escobar, un abogado que fue nombrado por el expresidente Iván Duque. Esta Superintendencia vigila las sociedades privadas y durante este Gobierno ha tomado decisiones relacionadas con la reorganización de aerolíneas como Viva Air y Ultra Air, así como sanciones a empresas como Rappi.
En algunos foros ha dicho que “no es el sepulturero de las empresas del país”. En diálogo con EL COLOMBIANO en abril de este año, Escobar respondió esas acusaciones: “Algunos actores que se mueven en la vida de la superintendencia, lo que llaman los norteamericanos stakeholders (partes interesadas), entonces fácilmente dicen que es que el superintendente los está atacando, cuando realmente la labor de nosotros y la evidencia así lo dice, ha sido más bien la de acompañar y apoyar a las empresas para que salgan adelante”.
Escobar, según conoció este diario, tendría cierta cercanía con la Primera Dama, Verónica Alcocer. Por esa razón y porque ha seguido los lineamientos del Gobierno, Escobar se ha mantenido en el cargo. De hecho, esa Superintendencia está detrás del control de la Cámara de Comercio de Bogotá y ha citado asambleas extraordinarias polémicas con una audiencia masiva.
SuperTransporte
En el sector transporte también hay vigilancia. Se trata de un sector en el que el presidente Petro tiene puestas promesas y esperanzas y las que hace referencia constante en sus discursos. Sin embargo, hay algunos cuestionamientos sobre la gestión de la superintendente Ayda Lucy Ospina, una abogada de larga trayectoria y experiencia en el sector pero que es señalada de ser una ficha del cuestionado megacontratista Euclides Torres. Esto dicho, incluso, por el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos. El clan Torres, además de financiar la campaña de “Petro Presidente” —pagó la famosa tarima en forma de “P” en Barranquilla– tendría intereses en ese sector.
El portal La Silla Vacía reveló que el multimillonario negocio ese clan en el sector transporte donde “obligan a los propietarios de vehículos y conductores a pagar revisiones técnico-mecánicas, cursos y exámenes de conducción, a través de un sistema conocido como Sicov”. Petro, sin embargo, ha dejado a Ospina en el cargo aunque otros negocios de Torres, por ejemplo en el sector energético. La superintendente, además, fue cuestionada por no tener un rol activo en la crisis de la aerolínea Viva. Sin embargo, esa “Super” anunció a principios de este año que 250 entidades serían investigadas y algunas recibirían millonarias sanciones.
Un notario amigo
Las notarías son, desde una mirada simplificada, oficinas que mueven miles de millones de pesos, sobre las cuales hay opacidad en su manejo y que suelen darse como “premios” a algunos políticos para pagar favores. Ha sucedido históricamente y este Gobierno no es la excepción.
EL COLOMBIANO reveló que la abogada Daniela Andrade Valencia, salpicada en ese escándalo, aterrizó como notaria 36 de Bogotá. Este diario reveló que se trata de una de las sedes que más dinero mueve, aunque varía cada mes, como en cualquier Notaría. Andrade trabajó en la Fiduprevisora y es pareja de Jaime Ramírez-Cobo, un asesor de Presidencia que está salpicado en el escándalo de la Ungrd. Pero los ingresos de Andrade, según las fuentes, estarían en alrededor de los 70 millones de pesos mensuales y la Notaría 36 factura, sin incluir el pago de nómina y otras responsabilidades de ley, más de 350 millones de pesos. Es una Notaría de primera categoría, está ubicada en el centro de Bogotá cerca a varias sedes del poder y, por tanto, se considera un “premio” ese nombramiento. Ese es apenas un ejemplo de cómo funciona ese sector.
Para vigilar este sector, el presidente Petro nombró al exsenador Roosvelt Rodríguez, proveniente del Partido de La U. El superintendente ha sido criticado porque a algunos funcionarios les han solicitado asistir a las marchas a favor del Gobierno.
El Subsidio y la Vigilancia
Las dos superintendencias restantes son la Superintendencia de Subsidio Familiar y la de Vigilancia y Seguridad Privada. En el caso de la primera, se trata de la oficina que vigila a las cajas de compensación y demás entidades involucradas en las transferencias de los subsidios. También ha estado bajo los reflectores pues Petro nombró a Luis Guillermo Pérez, quien fue magistrado del CNE y suspendido por la Procuraduría por solicitar a algunas cajas vigiladas aporte en dinero para Buenaventura, cosa que está impedida por la ley.
Además, la revista Semana reveló unos chats en donde Pérez solicitó “echar uribistas” de una caja de compensación intervenida. Como reemplazo, Petro nombró a Angie Katherine Monroy, abogada que hizo parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Finalmente, en el sector de vigilancia, donde el Gobierno también tiene herramientas de control, nombraron al abogado Raúl Gutiérrez un penalista que ha trabajo en el sector defensa.
Lo cierto es que todas las diez superintendencias representan no solo la defensa a los usuarios y calidad de servicios. También son tentáculos que el Gobierno tiene como as bajo la mano para defender sus intereses. Y este Gobierno no ha sido la excepción.
¿El poder de Laura Sarabia está por acabarse?
Un elemento común en varias superintendencias como la de Servicios Públicos o Financiera es el puente que hace Laura Sarabia, la poderosa directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En varios casos, según ha conocido este diario, Sarabia hace de “puente” e informa al presidente Petro sobre decisiones o procesos puntuales.
Sin embargo, desde hace varios días se viene rumorando en los pasillos del poder que Sarabia saldría de Presidencia, pero no del Gobierno. EL COLOMBIANO reveló hace varias semanas que la relación entre Petro y Sarabia estaba deteriorada y que el mandatario le habría expresado su molestia en tono irónico de la cercanía de la funcionaria con el sector privado, particularmente con el Grupo Aval y la exministra María Lorena Gutiérrez, con quien adelanta proyectos conjuntos en La Guajira. ¿Se quedará solo el presidente en Palacio?
