El Papa Francisco, el secretario general de la ONU, en este caso Ban Ki-moon, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ, y la Comisión Permanente del Sistema Universitario serán los encargados, si así lo aceptan, de elegir un representante cada uno para conformar el comité de escogencia que elegirá a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
De tajo, la delegación del Gobierno y las Farc en La Habana aseguraron que no será ninguna de las partes la que elegirá a los magistrados que investigarán y juzgarán los graves delitos cometidos en el conflicto armado. “Justicia judicial sería” es lo que garantizará este mecanismo, dijo Humberto de la Calle, jefe del equipo del Gobierno.
Sin embargo, esta respuesta no dejó contenta a la oposición: “de origen ese mecanismo está viciado. No es aceptable que los verdugos elijan a sus jueces, sea de manera directa o indirecta y eso con independencia de las calidades de las personas y las entidades que están nominando”, expresó Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático.
En cambio, el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, quien además fue miembro de la comisión de adelantar propuestas sobre justicia en la mesa afirmó: “He oído decir muchas veces que la guerrilla va a nombrar a sus magistrados, eso no es cierto, nunca ha sido cierto ni lo es ahora”.
¿Son pertinentes?
Henao aseguró que las cinco instituciones que se eligieron no es que vayan a elegir directamente a los magistrados, sino que van a escoger a los que van a definir a los magistrados. “Estas cinco personas e instituciones serán incuestionables en cualquier parte del mundo”, concretó.
Hernando Yepes Arcila, exmagistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, duda de la pertinencia de las personas y organizaciones que elegirán al comité de escogencia.
Aunque reconoció que es un “mecanismo muy sofisticado”, advirtió que no ve la conexión entre quienes tienen que hacer la conformación de ese comité con la Justicia con el tema.
“No sé qué tanto interés tenga el Pontífice en participar de esos procesos que de alguna manera lo comprometen con el discurso de instituciones cuya misión, función y origen son altamente controvertibles”, argumentó el exmagistrado.
Así mismo, consideró que no debió tenerse en cuenta solo a las universidades públicas, ya que en los centros de educación superior privados también hay juristas de las más altas cualidades y calidades en su formación.
Sobre la participación de la Corte Suprema de Justicia, Yepes Arcila dijo que “es una coartada para su desplazamiento institucional que supone el sistema de Justicia Especial”.
Margarita Cabello, presidenta de la Corte, confirmó que “es importante mostrarle al país que somos una Corporación organizada, respetuosa y presta para dar todo su apoyo desde el punto de vista de la juridicidad”, por lo que durante la próxima semana tomarán una decisión.
A su vez, el senador Rangel aseveró que “es insólito que en la justicia colombiana, la JEP ha borrado de un plumazo todo el sistema judicial colombiano, las cortes y los altos tribunales han quedado reducidos a nada, y a eso se agrega que jueces no nacionales van a juzgar a militares y civiles colombianos lo que me parece un atropello contra la soberanía nacional”.
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