En un mismo año, Álvaro Uribe Vélez fue llevado a juicio, condenado y absuelto, una secuencia excepcional incluso para los estándares del sistema judicial colombiano. El expediente del expresidente aún no tiene punto final, lo tiene la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir si es finalmente declarado culpable o inocente de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Se trata de uno de los procesos más complejos, mediáticos y jurídicamente exigentes que haya enfrentado una figura de su dimensión en la historia reciente del país.
Pocas veces un caso penal había concentrado tantas etapas y figuras procesales en tan corto tiempo. El juicio contra Uribe no solo se desarrolló bajo la lupa nacional e internacional, sino que fue transmitido en vivo, convirtiéndose en una especie de aula abierta para estudiantes y expertos en derecho penal. Allí desfilaron recusaciones, nulidades, cambios de competencia, debates probatorios, teorías del caso enfrentadas y estrategias defensivas y acusatorias que pusieron a prueba el procedimiento penal colombiano.
Calificado por la prensa como “el juicio del siglo”, el proceso se extendió por más de una década, con más de 60 audiencias y decenas de testigos, incluido el propio Uribe. Todo confluyó el 29 de julio, en una jornada maratónica de más de 10 horas, cuando la jueza Sandra Heredia anunció el sentido del fallo: culpable.
Le recomendamos leer: Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe por todos los cargos en su contra
Por el estrado desfilaron exparamilitares, abogados, investigadores, familiares, políticos, presos comunes y peritos. Sus declaraciones sustentaron la decisión de la jueza de imponer una condena de 12 años de prisión al exmandatario, al dar por acreditado que existió una estrategia orientada a la manipulación de testigos, que habría incluido instrucciones a su entonces abogado, Diego Cadena, para acudir a centros carcelarios del país en busca de internos dispuestos a declarar a su favor.
Todo comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Seis años después, en 2018, la Corte Suprema archivó la investigación contra Cepeda y abrió un proceso contra el expresidente por soborno en actuación penal y fraude procesal. Desde ese momento, Uribe dejó de ser denunciante para convertirse en investigado.
El fallo de la jueza que lo condenó fue duramente cuestionado en distintos escenarios jurídicos y políticos. Las críticas más fuertes provinieron del Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia y en tiempo récord, resolvió el recurso de apelación presentado por la defensa. En su decisión, el Tribunal revocó la sentencia condenatoria al advertir falencias en la valoración probatoria y en la construcción de las inferencias sobre la responsabilidad del exmandatario, y emitió un fallo absolutorio a su favor.
Lea también: El juicio del siglo: 10 claves del caso Uribe, sin ‘prueba reina’
El caso judicial contra Álvaro Uribe se construyó, en buena medida, a partir de un mosaico de testimonios provenientes de exparamilitares que ofrecieron versiones contradictorias ante los jueces. Algunos de ellos aseguraron no haber tenido conocimiento de supuestos vínculos del expresidente con estructuras armadas ilegales. Otros, en cambio, considerados por la acusación como testigos clave, afirmaron que Uribe y su hermano Santiago habrían estado detrás de la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia y que su centro de operaciones habría sido la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe en esa época.
La disparidad de relatos marcó el desarrollo del proceso. Cada versión fue sometida a contrastación judicial y dio lugar a múltiples incidentes, entre ellos denuncias por falso testimonio. En ese contexto apareció la figura de Juan Guillermo Monsalve, señalado como el testigo principal del expediente. Condenado a más de 40 años de prisión y recluido en una cárcel del país, Monsalve sostuvo que, mientras trabajó en la hacienda Guacharacas, fue testigo directo de los presuntos vínculos ilegales de los hermanos Uribe con grupos paramilitares.
Sin embargo, con el avance del proceso, la defensa cuestionó de manera reiterada la credibilidad de ese testimonio. En las decisiones posteriores se concluyó que Monsalve no había pertenecido a ninguna estructura paramilitar, lo que, según los fallos, debilitaba su condición de testigo presencial de los hechos que relató. Ese punto se convirtió en uno de los ejes centrales del debate probatorio y fue determinante en la evaluación que hicieron los jueces de segunda instancia.
Tras el fallo favorable en apelación, el proceso aún no se cierra. El expediente regresó a la Corte Suprema de Justicia, el mismo tribunal donde se inició el caso hace 13 años. Uribe había renunciado en 2020 a su curul en el Senado para dejar de ser juzgado por el alto tribunal, pero el paso del tiempo y las decisiones judiciales han devuelto su proceso penal al punto de partida, en un caso que sigue siendo uno de los más emblemáticos y controvertidos de la historia judicial reciente del país.
Lea más: Las pruebas que pesan en contra del abogado Diego Cadena
Condena contra Diego Cadena, el abogado de Uribe
Diego Cadena, el controvertido abogado que alguna vez fue pieza clave en la defensa del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado a siete años de pena domiciliaria en primera instancia. El tulueño nunca se dejó ver en los estrados durante el juicio en su contra.
A diferencia de su antiguo jefe, quien por el mismo escándalo judicial acudió en repetidas ocasiones a los despachos de Paloquemao, Cadena prefirió esconderse tras la virtualidad, encendiendo la cámara solo cuando era estrictamente necesario. El desenlace, sin embargo, lo alcanzó de lleno tras ser condenado por soborno a testigos en actuación penal.
Según el expediente, Cadena se encargó de visitar cárceles, contactar internos y ofrecer beneficios ilegales y económicos a cambio de declaraciones manipuladas a favor del expresidente Álvaro Uribe.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿El caso judicial contra Álvaro Uribe ya terminó?
- No. Aunque fue absuelto en segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia deberá definir de manera definitiva su situación penal.
- ¿De qué delitos está acusado Álvaro Uribe?
- De fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, en un proceso que se originó en 2012.
- ¿Por qué el juicio de Uribe es considerado histórico?
- Por su duración, la magnitud del acusado, la transmisión pública de las audiencias y la complejidad jurídica del caso.
Regístrate al newsletter