Tras ser beneficiado con la “libertad a prueba” el pasado lunes 4 de marzo, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se presentó a una nueva audiencia en la que un magistrado decidirá si levanta las órdenes de captura vigentes, como lo pidió del presidente Gustavo Petro.
Se trata de 33 órdenes de captura y medidas de aseguramiento que hay en contra de Mancuso por múltiples casos de homicidios, secuestros, reclutamientos forzados, entre otros, y que el Gobierno pidió levantar para que él pueda ejercer su rol como gestor de paz.
Pero, ¿por qué piden levantar órdenes de captura si en teoría otra juez ya ordenó su libertad?
En efecto, la jueza de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, le otorgó la libertad a prueba y ordenó una libreta de libertad condicionada a un solo requisito: que los demás jueces implicados en los múltiples casos de Mancuso levanten los requerimientos de medidas de seguridad contra él.
Así las cosas, esta audiencia es clave porque el magistrado Carlos Andrés Pérez decidirá si, en efecto, concede la petición del Gobierno de dejar a Mancuso en “libertad extraordinaria” levantándole todas las medidas de aseguramiento que hoy pesan en su contra.
Si Pérez le concede ese beneficio, que solo es viable mientras él es gestor de paz, el excomandante de las AUC podría ser dejado en libertad, sometiéndose a las condiciones que le puso la jueza Zamora por su libertad a prueba y a los demás requisitos que le impongan en esta nueva audiencia.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que el magistrado Pérez no acceda, por ahora, a levantar las órdenes de captura. Si eso ocurre, Mancuso seguiría en la cárcel de La Picota.
Por ahora, el magistrado Pérez dio por terminada la primera parte de la diligencia judicial y citó para la lectura de su decisión el próximo miércoles 13 de marzo a las 8:30 de la mañana. Ese día, el togado llegará con el caso estudiado y con la determinación de si levanta las órdenes de captura contra Mancuso, o no.
Así se llevó a cabo la audiencia
La diligencia inició a las 8:40 a.m. y durante esta mañana el juez está escuchando lo que tienen para decir la Fiscalía General de la Nación, las víctimas y el Ministerio de Justicia.
Hasta ahora, tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo dijeron estar de acuerdo con el levantamiento de las 33 órdenes de captura que aún pesan en su contra y “acogerse a lo que decida el magistrado”. Lo que significa que estarán de acuerdo con cualquier decisión que tome el jurista Pérez.
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De hecho, la fiscal Magaly Álvarez dijo que este rol como gestor de paz, podría ser una manera en que Mancuso aporte a los postulados de Justicia y Paz en la medida de ayudar al desmantelamiento de otros grupos armados. Con lo que quiso decir que incluso podría ser una muestra de su compromiso con la paz y la verdad.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación no opinó lo mismo. En su intervención, la procuradora Diana Niño dijo que, por ahora, el Ministerio Público se opone a que se levanten las medidas de aseguramiento mientras la defensa y el Gobierno solucionan algunas dudas.
Entre esos interrogantes que la Procuraduría dijo que están sin resolver, Niño aseguró que el Gobierno no ha especificado ni siquiera “cuál es la estructura de alto impacto que representará Mancuso y dónde está el documento en que lo designen como tal”. Así mismo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tampoco ha delimitado el tiempo por el que se levantarán las medidas.
Ante esto, la Procuraduría recordó que el Clan del Golfo ya dijo que Mancuso no está autorizado como vocero y que las Autodefensas Unidas de Santa Marta sí dijeron que él los puede representar en diálogos con el Gobierno.
Esto último, según la procuradora Diana Niño, también levantaría sospechas sobre el cumplimiento de Mancuso con sus compromisos de Justicia y Paz, pues, según ella, esa representación que le otorgaron esas Autodefensas hablaría de cierta cercanía entre el excomandante de las AUC y ese grupo armado.
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A su paso, el exjefe paramilitar se defendió diciendo que es claro que no ha sido nombrado vocero de ningún grupo armado porque eso sí representaría reincidir en conductas ilegales por aliarse con un grupo armado. Por eso, insistió en que su rol es como puente a favor del Gobierno para buscar la paz con otros grupos armados.
Así mismo, dijo que el magistrado y los demás presentes debían tener en cuenta que él lleva más de 17 años preso y varios de ellos sin ningún tipo de comunicación, por lo que sería imposible que él tuviera alguna vinculación.