Aunque la convocatoria para ser candidato a Contralor General cerró este jueves, el que la hagan en plena época electoral levantó suspicacias de índole política, constitucional y de contratación, y todas salpican al presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez.
La alerta emitida por congresistas y abogados tiene varios puntos para analizar. Y su base es que los senadores y representantes que se elijan este 13 de marzo van a escoger contralor sobre un previo filtro que va a dejar el actual Congreso.
De ese escenario se desprende una de las movidas sospechosas, la cual es meramente política. En esta, la senadora Angélica Lozano señaló que al dejar armado el listado, lo que pretende Gómez es hacer una “jugadita” para influir de lleno en la elección del contralor.
La referencia de la congresista al conservador antioqueño es porque él, junto a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, fueron quienes expidieron la Resolución 001 de 2022, que abrió la convocatoria para ocupar la vacante que entregará el próximo 2 de septiembre Carlos Felipe Córdoba.
A otro de los que le genera fuertes sospechas lo que pueda pasar al interior del Congreso durante este proceso es al senador Roy Barreras, quien a pesar de tener serias diferencias con Lozano, se fue por la misma vía asegurando que el propósito de la convocatoria es “dejar cerrada la lista de elegibles de contralor, obligando al nuevo Congreso a escoger uno entre las fichas del uribismo”.
Ante los dos señalamientos, Gómez le dijo a EL COLOMBIANO que sabe que –en época electoral– cualquier decisión que él tome va a ser criticada, y aclaró que en lo que respecta a esta convocatoria tanto Arias como él se han ajustado a la norma. “Con toda seguridad y garantía estamos dándole cumplimiento a la ley antes de que inicie la Ley de Garantías, para proteger y garantizar la transparencia del proceso y que las universidades públicas puedan participar”, subrayó.
La mención a una institución educativa se debe a que en el documento que el pasado 17 de enero firmaron los dos presidentes se detalla que el proceso de pruebas y criterios que debe cumplir quien tome el mando de la entidad va a estar a cargo de la Universidad Industrial de Santander (UIS), la cual recibirá $200 millones por ese servicio.
A Gómez se le cuestionó precisamente porque de seis universidades finalistas, habría elegido “convenientemente” a la UIS. No obstante, él dice que el proceso se ajustó a aspectos legales: costos, experiencia y alta acreditación. De hecho, esa institución fue la que llevó a cabo este proceso hace cuatro años, cuando quedó electo Córdoba.
Más ecos de la decisión
Si bien este presidente dejó claro que la apertura de la convocatoria se debe a que no querían dejar por fuera a universidades públicas, la resolución que firmó dejó otros ecos en el ajedrez político, también advertidos por politólogos y constitucionalistas.
Para Carlos Builes, profesor de Ciencias Políticas de la UdeA, el cargo de contralor es de suma importancia porque compartirá los mismos cuatro años de periodo con quien quede electo como presidente de la República. Y en ese sentido, Builes destaca que lo que viene pasando con las llamadas “ías” –Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Contraloría– es que desde ya “están en la oposición de un posible gobierno distinto al actual. Lo que se está creando es una especie de pesos y contrapesos”.
De acuerdo a expertos, ese ejercicio en el equilibrio de poderes es sano en toda democracia, lo cuestionable es que supuestamente lo quieran instalar los salientes congresistas, y no los que se van a elegir el próximo 13 de marzo. Ellos van a ser los que acompañen la gestión fiscal durante el periodo 2022-2026.
Las críticas por este anticipo no solo vienen desde el ala política. En materia constitucional, el abogado Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal, considera que es contraproducente con la Carta Política del 91 que el actual Congreso deje una lista de 10 personas elegibles. Por esas observaciones, según Riveros, este proceso de selección podría demandarse ante el Consejo de Estado.
¿Qué viene?
Después de las 6 p.m. de este jueves dejaron de recibirse las aspiraciones al cargo de contralor, que –según pudo conocer este diario– tenía ya 50 hojas de vida en el correo del Senado hasta la tarde.
Sin embargo, los $200 millones del contrato firmado entre el Congreso y la UIS apenas van a comenzar a verse reflejados, pues el 14 de febrero quienes sean admitidos van a ser citados a pruebas por ese centro educativo.
Ese día empezarán una serie de procesos que terminarán en la Comisión Accidental del Congreso. Ese grupo de congresistas que elijan Arias y Gómez filtrará los últimos 10 perfiles aptos para que Senado y Cámara juntos elijan al contralor general este 3 de agosto, justo 4 días antes de que se posesione el presidente de la República, al cual vigilará en materia fiscal.
