El menor de 15 años, señalado de accionar el arma contra el senador Miguel Uribe Turbay, permanecerá internado por al menos cinco meses en el búnker de la Fiscalía de Bogotá. Fue la medida que determinó un juez para garantizar la seguridad del señalado sicario que ahora se convierte en un testigo clave en la investigación.
Días antes de accionar el arma contra el precandidato presidencial, el Estado tuvo dos intentos por arrebatar al joven de las calles y de los criminales que lo instrumentalizaron para cometer el crimen en la tarde del sábado 7 de junio. Ambos procesos fueron ineficaces.
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En la última semana de mayo, el menor fue visto mientras deambulaba por las calles del centro de la capital. En ese momento, funcionarios del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) se acercaron para ofrecerle los programas a los que podía ingresar: pero el menor no aceptó.
En ese informe quedó consignado que el menor estaba en riesgo de caer en condición de calle. En este punto, EL COLOMBIANO estableció contacto con uno de los funcionarios de la Idipron que, bajo reserva de su nombre, entregó detalles de ese encuentro con el ahora menor infractor.
El funcionario afirmó que, durante ese primer contacto, solo se le contó al joven de la oferta institucional y nada más. Apuntó que solo registraron sus datos en una planilla y apuntaron su número telefónico.
“Fue un encuentro que se hace normalmente con los equipos en territorio. Se hacen a diario, esos encuentros buscan a jóvenes para ofrecerles beneficios de Idipron de bienestar y desarrollo”, apuntó el funcionario.
El programa de la Alcaldía de Bogotá no logró vincular al joven y desde el Gobierno Nacional los intentos por recuperarlo tampoco fueron suficientes.
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El propio presidente Gustavo Petro afirmó que el menor también había sido acogido en Jóvenes en Paz, programa del Gobierno que pretende desvincular a los jóvenes de las dinámicas criminales y promover su vinculación con ofertas educativas, sociales y de trabajo. De ese programa también se ausentó.
En este punto EL COLOMBIANO ya había revelado la insuficiencia del programa. En febrero del año pasado el Gobierno se propuso la meta de vincular a 100.000 jóvenes al programa y, de acuerdo con el Ministerio de la Igualdad, esa meta hasta mayo pasado solo se había cumplido en un 28%. Es decir, solo 28.886 jóvenes fueron vinculados en 73 municipios del país.
“Allí, el informe que tengo de los profesionales, es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase, y se retiró voluntariamente”, apuntó el presidente Petro.
Pese a que el joven ya estaba caracterizado, la oferta institucional y la responsabilidad del Estado para protegerlo se quedó corta.
El menor, según afirmó durante la audiencia que le imputó cargos por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, afirmó que le ofrecieron hasta 20 millones de pesos para atentar contra la vida del candidato presidencial. El pago iba a ser entregado una vez cometiera el delito. El nivel de engaño era tal que el señalado sicario no tenía ruta de escape y en el lugar solo le quedaban dos caminos: ser abatido por los cuerpos de seguridad o ser capturado, como finalmente ocurrió.
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Las apuestas institucionales para arrebatar a los niños, niñas y adolescentes del yugo de los violentos parece que no son suficientes. Desde la Firma del Acuerdo de Paz con las Farc –advirtió la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA)– en Colombia han sido reclutados 1.494 menores de edad: cada 48 horas, en promedio, un niño es arrastrado hasta las filas de los armados. Las cifras que quedan en los subregistros podrían hacer mucho más escandalosa la situación.
El informe de la UIA advierte que las promesas de dinero y las ofertas de trabajo son las formas más recurrentes que utilizan los violentos para instrumentalizar a los niños, niñas y adolescentes.
“Fue por plata, fue por plata y por mi familia. (...) Yo les puedo dar los números. Déjeme darle los números”, fueron las palabras que pronunció el joven cuando fue aprehendido por las autoridades. De él se conoce que su padre reside en Polonia y que es huérfano de madre: la señora falleció a los 23 años. Desde entonces, vive con su tía materna y con un tío que es conductor en Bogotá.
Ahora la justicia tendrá que iniciar un proceso de doble vía: tratar de restablecer los derechos al menor de edad y, a su vez, convertirlo en un testigo clave en el proceso de investigación del crimen. Si es encontrado culpable de los crímenes que le imputaron, podría permanecer recluido hasta 8 años en un centro de detención especializado para menores.
La fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que el joven y su familia será incluido en el programa de protección a testigos. Tendrían reubicación, sostenimiento y hasta cambio de nombre. Las personas que serían incluidas en el esquema de protección son su abuela materna, una hermana y tíos, con quienes, al parecer, vivía en el sur de Bogotá.
“Tenemos un primer avance, que tiene que ver con la inclusión de su familia en el programa de protección de testigos e intervinientes, en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, pero aparte de eso, también es la protección que brinda la Dirección de Protección de la Policía Nacional y que va a estar orientada a garantizar la seguridad del menor, en compañía de nuestro Cuerpo Técnico de Investigaciones”, explicó Camargo.
