La petición de renuncia que hizo el presidente Gustavo Petro a Angie Rodríguez, hasta esta semana directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), abrió un nuevo frente de tensión dentro del Gobierno.
La funcionaria, una de las fichas de mayor confianza en la estructura administrativa de Palacio, habría sido removida por haber frenado, o por lo menos, ralentizado, la llegada de José Alexis Mahecha a la Secretaría General de la Unidad Administrativa de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).
Aunque el episodio parece en principio un choque interno por un trámite administrativo, el trasfondo es mayor. La resistencia a la posesión de Mahecha destapó viejas polémicas alrededor de su nombre y, sobre todo, desencadenó una ola de inquietudes institucionales, éticas y políticas sobre el rumbo que está tomando el control de entidades clave en la administración pública.
La llegada de José Alexis Mahecha a la ITRC no es un movimiento menor. Se trata del organismo encargado de ejercer control y vigilancia sobre sectores sensibles en materia de tributación y recursos parafiscales, incluida Coljuegos, la entidad que administra el monopolio de juegos de suerte y azar.
Y aquí aparece el primer ruido. En Coljuegos, su hijo Juan Felipe Mahecha es actualmente jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
La coincidencia de ambos en posiciones de poder dentro de entidades entrelazadas levantó alertas inmediatas sobre una posible incompatibilidad o, al menos, sobre un conflicto de interés que podría afectar la independencia de los supervisores frente a los supervisados.
Aunque la ley establece parámetros técnicos para definir incompatibilidades familiares en la administración pública, en este caso la preocupación ha sido menos jurídica y más política. Queda en el aire la duda sobre la imparcialidad de un organismo de inspección y vigilancia cuando una de las entidades bajo su control tiene como alto funcionario al hijo de quien dirige su Secretaría General.
Esa pregunta no solo empezó a circular en círculos técnicos y jurídicos, sino que generó resistencia dentro del propio equipo de Gobierno, donde varios sectores advertían que el nombramiento de Mahecha erosionaría la credibilidad del ITRC en un momento clave para el país.
Pese a la polémica, la llegada de Mahecha parece un hecho. Su hoja de vida fue publicada en la página de Presidencia desde el lunes pasado. Aunque aún falta el decreto presidencial, dentro del Gobierno dan por cerrada su designación como el nuevo secretario general de la ITRC.
En este ambiente, la hasta hace poco directora del Dapre, Angie Rodríguez, habría asumido una posición de cautela. Fuentes en Palacio señalan que la funcionaria pidió revisar con detalle las implicaciones del nombramiento de Mahecha antes de oficializarlo. Para algunos sectores, actuó como un contrapeso técnico; para otros, como una barrera política al interior del círculo cercano al presidente.
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Las preguntas sobre José Alexis Mahecha no vienen de ahora. Su nombre lleva años circulando en debates públicos sobre el manejo de cargos sensibles y decisiones administrativas controversiales.
Fue jefe de inteligencia de ese extinto DAS y jefe seccional en Santander, de donde salió tras un escándalo por interceptaciones ilegales al medio Vanguardia y por el que fue absuelto.
Cuando salió del DAS en 2009, tuvo un breve paso por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como superintendente delegado, entre enero y septiembre de 2010. Y, entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019, hizo parte del gabinete del entonces alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, como secretario de Movilidad, donde también tuvo escándalos.
En abril de 2019 denunciaron que su secretaría estaba inmersa en irregularidades por corrupción y maltrato laboral; al igual que en marzo de 2020 la Procuraduría le abrió una investigación por haberle pagado a 15 funcionarios en la administración que no tenían funciones. Aun así, el proceso no avanzó.
Luego, en octubre de 2023, fue contratado como subdirector técnico y luego ascendido a director técnico en el Ministerio de Salud bajo la batuta, también, de Guillermo Alfonso Jaramillo.
Si bien, en contra de Mahecha no pesa ninguna decisión penal, administrativa o fiscal, su recorrido en la vida pública genera preguntas sobre sus habilidades relacionadas con salud o el manejo de personal, que son gran parte de las funciones que tuvo en el MinSalud y que tuvo hasta ahora en Presidencia.
Pero Mahecha no es el único movimiento que ha agitado a la ITRC. En las últimas semanas, se conoció que Andrés Marín Rodríguez sería nombrado subdirector de la Agencia, cargo desde el cual tendría la responsabilidad de investigar faltas disciplinarias en entidades como la DIAN y Coljuegos. El ruido alrededor de su nombre es incluso mayor.
Marín era fiscal en el proceso contra el contrabandista, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Fue apartado del caso bajo sospecha tras una indagación de la Fiscalía por posible filtración de información y lentitud injustificada en la investigación.
La hoja de vida de Marín permanece publicada en el portal de la ITRC.
Ahora, desde la ITRC, Marín tendría que revisar faltas disciplinarias relacionadas precisamente con contrabando, la misma materia por la cual fue separado de una investigación criminal. Esa contradicción es el centro del malestar interno que recorre la entidad y que ha desatado un debate sobre el estándar ético y técnico con el que se están escogiendo sus altos cargos.
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