La audiencia de reconocimiento en la que los excomandantes de las Farc aceptarán su responsabilidad en los casos de secuestro ha generado varias polémicas en el transcurso del año no solo por los esfuerzos que ese momento requiere de parte y parte, sino por las diferentes posiciones encontradas entre la Jurisdicción Especial para la Paz, los comparecientes y las víctimas.
El más reciente de esos líos tuvo que ver con la Procuraduría, quien le envió un fuerte comunicado a la JEP en el que le pide que el ministerio público sea incluido e invitado a los encuentros previos que se están realizando con los grupos de víctimas como preparación para la Audiencia Pública de Reconocimiento.
“(...) La Procuraduría representa dentro del proceso a: (i) todas las víctimas que no fueron identificadas por el Estado o a lo largo de la instrucción del Macro caso; (ii) todas las víctimas que, aún estando identificadas, no fueron acreditadas o reconocidas porque por cualquier razón no pudieron o no quisieron participar del trámite judicial ante a JEP; y (iii) a los colectivos sin reconocimiento en el sistema pero sujetos de reparación, iv) a la sociedad colombiana que ha sido victimizada por el fenómeno de la guerra. (...) Por tanto, para poder desempeñar adecuadamente nuestra labor constitucional, es indispensable que se nos convoque y se nos informen de los espacios de diálogo que se tenga con las víctimas, aun cuando no se trate de audiencias judiciales en estricto sentido”, se lee en la carta de la Procuraduría en poder de EL COLOMBIANO.
Tras esos reclamos, fuentes cercanas al caso secuestro le confirmaron a EL COLOMBIANO que la Procuraduría será invitada a dichos encuentros “pese a que las víctimas ya habían pedido que hubieran menos personas en esos escenarios, pues se trata de encuentros privados y muy íntimos”, dijo la fuente de la JEP.
Por ahora, se sabe que dichas reuniones son una especie de “talleres” entre víctimas y victimarios en los que ambos se preparan para ese momento del proceso en el que los excombatientes reconocen todos los delitos de los que se les acusan y, si es el caso, piden perdón por lo cometido.
Dicha audiencia, que podría asemejarse a una aceptación de cargos en la justicia ordinaria, se dará los próximos 21, 22 y 23 de junio, justo después de la segunda vuelta presidencial.
Ahí será clave el delito de esclavitud. La JEP les imputó ese delito y los excomandantes se niegan a reconocerlo pues, según ellos, los secuestrados se vieron sometidos a tratos crueles e inhumanos, “pero nunca a esclavitud, que implicaría tratarlos como mercancía”, como justificó la defensa de los exFarc.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la magistrada del caso secuestro, Julieta Lemaitre, confirmó que la Sala de Reconocimiento de la JEP sí les imputará ese delito de esclavitud, por lo que la “controversia por el nombre del delito pasará al tribunal, quien será el que decide si se llama esclavitud –que es lo que dice la Sala– o si es trato cruel e inhumano”.
