Por la muerte de tres hombres y una mujer en las pasadas protestas del 9 de septiembre en Bogotá, fueron citados a audiencia de imputación tres funcionarios de la Policía Nacional.
El pasado 9 y 10 de septiembre, a raíz de la muerte de Javier Ordóñez, miles de ciudadanos se tomaron las calles de la ciudad con piedras, tablas y palos para demostrar su indignación frente a este hecho.
Un hecho que quedó en la memoria de muchos, porque fue grabado y publicado en redes sociales. En los videos se veía a dos uniformados accionando una pistola eléctrica en repetidas ocasiones en contra de Ordóñez.
Estos uniformados corresponden a los nombres de Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, quienes según una investigación de la Procuraduría, además de las descargas, le propinaron puños y patadas que al final desencadenaron su muerte.
Este hecho envolvió a la ciudad en un completo caos en diferentes sectores de Bogotá, donde 13 personas murieron y otras 75 sufrieron heridas de bala, al parecer por abuso de autoridad.
Según las denuncias recogidas por un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos, que incluyen a la Corporación Jurídica Libertad y la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo en las operaciones llevadas a cabo ese día, hubo un uso excesivo de la fuerza y abuso de poder por parte de miembros de la Policía.
En especial, las denuncias hacen referencia a lo ocurrido en el barrio Verbenal, en donde se señala a miembros de la Policía de dispararle en la cabeza a Cristian Camilo Hernández, quien era un trabajador domiciliario.
En la misma zona, se produjo la muerte de Jaider Alexander Fonseca, de 17 años, padre de un niño de 7 meses y quien trabajaba en un asadero. Según la denuncia, Fonseca sufrió tres heridas en un brazo y dos en una pierna.
En su momento, la alcaldesa Claudia López dijo que: “lo que pasó anoche no solamente es lamentable, es posiblemente lo más grave que haya pasado en nuestra ciudad. Anoche hubo uso indiscriminado de la fuerza en varios puntos de la ciudad por parte de miembros de la Policía que no tenían ninguna autorización de usar esas armas ni de responder de esa manera”.
A partir de estos hechos, el General de la Policía encargado, general Gustavo Moreno, ante la Comisión II del Senado sostuvo que hay 54 investigaciones abiertas contra agentes que dispararon sus armas de fuego, de los cuales están identificados 35.
Además, la Fiscalía abrió investigación para determinar lo sucedido y hoy, casi cuatro meses después, informó sobre sus primeros resultados, aludiendo el inicio de las investigaciones formales.
Esto, a través del llamado a audiencia de imputación a tres uniformados de la Policía, por ser presuntamente los causantes de la muerte de tres hombres y una mujer, en las localidades de Suba y Usaquén en Bogotá.
Los hechos corresponden, según la Fiscalía, en primera medida a lo ocurrido en el CAI Verbenal, y a una mujer de 27 años y un hombre de 29 que fueron heridas con armas de fuego en los barrios Aures y Rincón, respectivamente.
De acuerdo con el material probatorio obtenido por personal del CTI y fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, a los uniformados se les imputará el delito de homicidio.
Esta es la primera decisión que se conoce frente a este tema, sin embargo se espera que se resuelvan los demás abusos de autoridad que se encuentran en investigación.
