Los méritos encontrados por la magistrada Ángela Hernández, del Consejo Nacional Electoral, CNE, para investigar la financiación de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en 2014, porque, presuntamente, recibió recursos de la constructora Odebrecht, podrían no pesar lo suficiente para prosperar.
La magistrada se basó en las mismas pruebas que presentó la Fiscalía, que señalaban del pago de una encuesta y de afiches a la campaña “Santos presidente”.
Dos expertos constitucionalistas consultados por EL COLOMBIANO aseguraron que la investigación no avanzará, porque los magistrados del CNE son elegidos por el Congreso y representan los intereses de la coalición de Gobierno.
Andrés Úsuga, experto en Derecho Constitucional de la Pontificia Bolivariana, sostuvo que es complejo que la investigación sea una realidad. “El CNE está integrado por magistrados, que no lo son en realidad, porque son políticos, son sus representantes”, agregó, tras señalar que la investigación sí tiene elementos materiales probatorios que darían para llegar a una sanción, pero no ve posible que se materialice. “No solo caería el presidente sino que también los congresistas involucrados”.
Las sanciones podrían ser económicas y hasta la pérdida de la personería jurídica del partido del candidato, que en este caso, es de La U.
Fabio Pulido, director de la Maestría en Derecho Constitucional de La Sabana, coincidió con Úsaga. Dijo que el CNE ha sido político y “puede que no pase nada”. Destacó que sí hay bases para que la investigación trascienda, pero el factor político la hundiría. Sin embargo, en países como Perú y Brasil, los procesos contra expresidentes sí prosperaron (ver recuadro).
