En el corazón del mayor escándalo de corrupción que golpea al gobierno de Gustavo Petro, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, compareció este lunes ante la Corte Suprema de Justicia. Por su papel directo en la llamada “empresa criminal” dentro de la entidad, su declaración contra seis congresistas podría destapar con nombres, fechas y cifras la verdadera magnitud del saqueo. Por eso, su defensa alertó que cada declaración incrementa el riesgo contra su vida.
Pinilla inició unas jornadas de testimonios en los procesos de investigación contra seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, quienes al parecer utilizaron sus cargos para aprobar créditos a cambio de que proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) recibieran recursos de la entidad.
El abogado Miguel Marimond, del equipo jurídico de Pinilla, advirtió que colaborar con la justicia no solo implica un deber, sino un peligro que ya fue reconocido oficialmente. Por esa razón, Pinilla asiste a las diligencias bajo un protocolo especial de seguridad diseñado por el Inpec.
“Estos riesgos no se reducen; por el contrario, aumentan a medida que avanzan los procesos. Por eso es necesario que el país conozca la verdad y garantice su protección”, enfatizó el jurista.
Marimond añadió que su defendido tiene un plazo para establecer compromisos con las autoridades y aseguró que está cumpliendo puntualmente con cada una de las diligencias a las que es citado.
Pinilla, beneficiado con un principio de oportunidad, se comprometió a entregar información clave a la Corte y a otros jueces de la República. Su testimonio será pieza central en 19 procesos abiertos que involucran a 23 presuntos implicados.
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Entre las revelaciones más esperadas figura la que apunta directamente al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, a quien señala de haber ordenado, coordinado y liderado, junto a otros, la operación de entrega de millonarias dádivas a congresistas.
De acuerdo con el exfuncionario, bajo la supervisión de Velasco y a través del entonces director Olmedo López y del propio Pinilla, se habría direccionado un contrato en favor del senador de La U, Julio Chagüi, beneficiario de la adjudicación de varios proyectos de la UNGRD en Sahagún, Córdoba.
La diligencia, ordenada por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castelanos, se desarrolla en el Palacio de Justicia y es considerada determinante para desentrañar el entramado que ya tiene tras las rejas a Pinilla y mantiene con medida de aseguramiento al expresidente del Senado Iván Name y al exrepresentante liberal Andrés Calle, ambos señalados de recibir millonarios sobornos para respaldar reformas del Gobierno.
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La declaración de Pinilla se considera fundamental para esclarecer los alcances del esquema de corrupción en la UNGRD, por el que ya fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión, pena que cumple actualmente en una guarnición militar.
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