La violencia se recrudece en Chocó. Al menos 990 personas, indígenas en su mayoría, permanecen refugiadas desde el pasado domingo en la institución educativa del corregimiento El Valle, en el municipio de Bahía Solano, tras huir de las balas en las comunidades Bacurrú Purrú, Boroboro, El Brazo y Posamanza. El tiempo pasa y la Administración municipal advierte que ya se quedó sin capacidad para atenderlas.
Mientras la Fuerza Pública, a través de la Armada y el Ejército, hace presencia en la región, las autoridades departamentales insisten en que la situación de orden público aún genera alarma. En el último mes, habitantes de otras dos zonas rurales tuvieron que meter lo que cupiera de su vida en una mochila y dejar el resto atrás, temiendo el accionar de grupos armados ilegales.
El pasado 7 de noviembre, al menos 340 personas de las veredas Pángala y Peñita llegaron a la cabecera municipal de Litoral del San Juan, atemorizadas por los duros enfrentamientos que el Ejército sostiene en la zona contra el Eln y que, de acuerdo con la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, persisten desde la muerte de alias Uriel, cabecilla del Frente Occidental de Guerra del Eln, los cuales “han afectado a las comunidades indígenas y negras de Unión Wounaan, Noanamá y el Consejo Comunitario de Nóvita”,
Posteriormente, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios en Colombia (Ocha) alertó el desplazamiento de al menos 490 personas del resguardo Río Purricha, en el municipio de Bajo Baudó, hacia Quibdó. De acuerdo con la Ocha, la información disponible apunta a que un grupo armado organizado habría proferido amenazas a líderes indígenas, lo que habría detonado el desplazamiento forzado.
Buscando el retorno
El episodio del pasado fin de semana en Bahía Solano se produce después de que encapuchados que se presume, serían integrantes del Clan del Golfo, asesinaran el jueves al líder indígena Tapí Rito, en medio de lo que el alcalde Ulmer Mosquera Gutiérrez ha calificado como “una ola de asesinatos en el municipio”.
Desde abril, la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana número 16, en la que hacía énfasis en el riesgo por el incremento de la presencia armada ilegal en este resguardo.
Con carteles en los que se leían consignas como “exigimos nuestros derechos y territorios, somos comunidades originarias y queremos vivir en paz”, las mujeres que fueron víctimas de este desplazamiento marcharon el lunes por las calles de El Valle.
El alcalde insiste en que la Administración “no cuenta con los recursos suficientes para garantizar el derecho a la alimentación que tienen los niños y estas personas que han sido desplazadas, víctimas de la violencia”. Por su parte, el personero Carlos Mario Cardona reiteró el llamado al Gobierno nacional “para que active todos los protocolos pertinentes para que nos brinden asistencia urgente”.
Atendiendo la solicitud, el Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó, la Unidad para las Víctimas y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, sostuvieron una reunión virtual con las autoridades municipales y se comprometieron en proveer alimentación y colchonetas, cobijas e implementos de aseo para atender la contigencia en el corto plazo.
Asimismo, la Coordinación de Salud de Bahía Solano adelantó una jornada de desparasitación para atender a los cerca de 200 menores de edad que se encuentran albergados.
Por su parte, la Armada Nacional informó que tropas del Batallón de Infantería de Marina N° 23 desarrollan operaciones ofensivas en conjunto con unidades del Grupo Aeronaval en la zona en la que ocurrió el homicidio del líder indígena.
Ayer, una comisión encabezada por el personero municipal, el alcalde y tropas de la Armada hizo presencia en el sector conocido con El Brazo. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es reforzar los patrullajes en ese territorio para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que los albergados puedan retornar a sus hogares.
1820
personas fueron desplazadas en Chocó este mes, según cifras de varias ONG.
