Faltando pocas horas para que entrara en vigencia la Ley de Garantías, el Gobierno le entregó a “dedo” a una “Autoridad Tradicional Indígena” varios contratos millonarios.
Se trata del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que se adjudicó tres contratos por un valor de $3.929 millones justo el 30 de enero, un día antes de que iniciara la fecha límite de la ley, lo que ha despertado cuestionamientos por el afán con el que el Gobierno entrega dineros públicos antes de elecciones.
Estos contratos recientes que encontró EL COLOMBIANO no son los únicos.
Desde 2024 hasta 2026, se han destinado más de $218.000 millones en recursos públicos para el “fortalecimiento” de organizaciones indígenas, principalmente al CRIC, una de las estructuras más influyentes en la representación de comunidades indígenas en el país y con amplia capacidad de interlocución frente al Estado.
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Varios de estos contratos para el CRIC, según pudo establecer este diario, fueron suscritos mediante esquemas flexibles y por fuera de los procesos competitivos tradicionales, utilizando criterios como la representatividad territorial o el conocimiento ancestral, lo que en últimas, según expertos, dificulta el control y la verificación del uso de los recursos estatales.
Las nuevas contrataciones salen a la luz en medio del revuelo generado por la revelación de la firma de 80.736 contratos del gobierno de Gustavo Petro con Asociaciones Público-Populares —es decir, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, asociaciones comunales y resguardos—. La avalancha de contratos a esas comunidades es parte de una práctica más extendida.
El tema cobra especial relevancia por dos aspectos clave. Primero, el momento en que se realizaron las contrataciones, ya que algunas se habrían llevado a cabo al margen de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, norma que prohibe a las entidades públicas contratar de manera directa o modificar la nómina durante los cuatro meses previos a elecciones, precisamente para evitar que los recursos públicos incidan en la contienda electoral.
Segundo, que si bien la problemática no necesariamente recae en las contrataciones a esta comunidad indígena, sí genera inquietud que se realizaran en medio del inicio de una campaña electoral donde uno de los actores principales es el partido de Gobierno, el Pacto Histórico, que tiene especial cercanía con el movimiento indígena.
Y cobra aún más importancia porque Iván Cepeda, a inicios del mes pasado, determinó que su fórmula vicepresidencial para esta contienda es Aída Quilcué, congresista, lideresa indígena y cercana al CRIC, quien en su momento fue representante legal de este movimiento y una de sus principales voceras.
¿Para qué esos contratos?
Los contratos, 23 en total, se han suscrito por varias entidades del Estado, entre ellas el Departamento Nacional de Planeación (DNP); el Ministerio del Deporte; el Ministerio de Justicia; la Unidad Nacional de Protección; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio de Minas y Energía; el Ministerio de Educación Nacional; el Ministerio de Cultura; y el Ministerio del Interior; así como fondos como el Fondo Único de Tecnologías; el cuestionado Fonigualdad; el Fondo Colombia en Paz; y el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, lo que evidencia la amplitud institucional de los recursos comprometidos.
De todos, los que más llaman la atención son los que se firmaron a tan solo horas de que entrara a regir la Ley de Garantías.
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Este diario accedió a documentación contractual en la que queda evidenciado que uno de los contratos se firmó por el valor de $2.559 millones, el 30 de enero de 2026, entre el CRIC y la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuestionada, entre otras, por no haberle brindado la seguridad necesaria al excandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay asesinado el año pasado.
Ese contrato tiene como objeto “aunar esfuerzos humanos, económicos, técnicos, operativos y logísticos entre el CRIC y la UNP, con el fin de desarrollar la propuesta de medidas de protección individuales y colectivas con enfoque diferencial étnico a favor de los 28 líderes indígenas cobijados actualmente con la medida cautelar MC-301/08, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH en las zonas que conforman el CRIC”, dice el documento.
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El mismo 30 de enero de este año, se firmó otro contrato entre el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, por un valor de $1.220 millones, también en la antesala de la entrada en vigor de las restricciones electorales.
Tiene un objeto parecido al anterior: “aunar esfuerzos entre el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- y el Departamento Nacional de Planeación -DNP- para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada en su ámbito territorial, a través de la implementación de la ruta metodológica para la consulta del proyecto normativo del Sistema de Administración del Territorio -SAT”.
¿La Minga en campaña?
En este Gobierno no solo se han entregado contratos al CRIC sino también a la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), sobre todo a través del Ministerio del Interior.
Para mediados del 2025, la suma total de dinero recibido por parte de esos dos movimientos era de $405.000 millones de pesos. La oposición al presidente Petro ha denunciado que el apoyo que recibe el mandatario de los indígenas durante las marchas convocadas en Bogotá y otras ciudades del país, no es gratuito.
Más allá del debate sobre si se deben dirigir recursos públicos a estas comunidades, el riesgo recae en las formas en que estos se firman y se ejecutan, así como en la posibilidad de que su impacto trascienda lo administrativo y tenga efectos en el escenario electoral.
Muchos de los contratos no se dan a conocer al momento de su firma ni de su confirmación. Solo se puede llegar a ellos luego de un recuento detallado en plataformas oficiales, lo que dificulta el seguimiento ciudadano y el control sobre el destino real de los recursos públicos y abre interrogantes sobre su ejecución y alcance en los territorios.
El diario El Tiempo reveló que más de $31 billones se han entregado en contratos directos con Asociaciones Público-Populares con saldos muy discutibles en cuanto a ejecución. Dichas asociaciones son una figura creada en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno, que ya había sido tumbada por la Corte Constitucional por ir en contra de la transparencia en la contratación pública. Aun así, ha servido para lo que muchos han calificado como “derroche”.
Sobre esto, que se puede extrapolar a los contratos entregados al CRIC, los cuestionamientos no recaen en “a quién” se les entrega, sino en la forma en la que se hace.
Camilo Enciso, abogado y fundador del Instituto Anticorrupción y Red Latinoamericana de Cumplimiento, dice en diálogo con EL COLOMBIANO que “cuando estas organizaciones son utilizadas como vehículo para ejecutar grandes contratos sin los estándares de transparencia, competencia y control, existe el riesgo de que se conviertan en intermediarios para canalizar recursos públicos sin controles efectivos, que terminan en manos de actores corruptos”.
Al momento de analizar estas contrataciones en el contexto electoral, advirtió sobre los riesgos que pueden representar.
“El mensaje es preocupante en términos de integridad electoral. Cuando se incrementa de manera significativa la asignación de recursos públicos a actores territoriales con capacidad de movilización social, se genera un riesgo claro de instrumentalización política de esos recursos. No necesariamente implica ilegalidad per se, pero sí configura un terreno fértil para el uso clientelista del gasto público, especialmente en contextos preelectorales”, agrega.
Además, esto se da justo en el ocaso de Petro en la Casa de Nariño. A tan solo cinco meses de que termine su Gobierno, la búsqueda de generar contrataciones cuantiosas con estas entidades territoriales se ha incrementado.
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