Asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y actos inhumanos son los crímenes que se configuraron el una nueva imputación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a los antiguos miembros de la guerrilla de las Farc.
La Sala de Reconocimiento de esa Jurisdicción encontró responsables de estos crímenes al senador Pablo Catatumbo y a otros 11 excombatientes de esa guerrilla por crímenes que se cometieron con las comunidades del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca.
Lea más: “Desde 2003 se denunció la existencia de fosas comunes en La Escombrera”: magistrado Gustavo Salazar
La imputación ocurre dentro del caso 05, un capítulo especial que abrió la JEP para investigar y juzgar la situación particular del norte del Cauca y el sur del Valle. Solo en esa región se concentran 200.000 personas acreditadas como víctimas.
“Los imputados fueron llamados a reconocer responsabilidad por 14 crímenes identificados en más de 5.000 hechos violentos”, señaló el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli.
La JEP encontró que los imputados, además, son responsables de reclutar niños, niñas y adolescentes para la guerra, de usar minas antipesonal, de dirigir ataques contra la población civil en lo que se denominó como las “tomas guerrilleras” y de cometer crímenes contra el medio ambiente, bienes culturales y de lugares de culto.
Los hechos victimizantes ocurrieron en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca, así como en Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca.
Esa zona se convirtió en un escenario de disputa entre la guerrilla del ELN, las FAR, la Fuerza Pública y el Bloque Calima de los paramilitares.
De acuerdo con el magistrado Raúl Sánchez, relator del macrocaso, los imputados ya aceptaron su responsabilidad por escrito y se preparan para hacerlo de nuevo en una audiencia pública de reconocimiento.
De acuerdo con el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y el magistrado Raúl Sánchez, relator del macrocaso 05, los firmantes ya aceptaron su responsabilidad por escrito, y se preparan para hacerlo a través de una audiencia pública de reconocimiento.
Uno de los hechos incluidos en esta imputación ocurrieron el 9 de julio de 2011. Eran las 10:30 de la mañana y ese sábado la gente de Toribío lo tenía destinado para hacer mercado. En el pueblo sonó una ráfaga de fusil que vino acompañada por varias más. Después se escuchó un estruendo: fue la detonación de una chiva bomba junto a la estación de policía.
En esa acción de la guerrilla murieron tres personas –el cerrajero, el carnicero y un gallero del pueblo– 103 más quedaron heridas y 460 casas quedaron destruidas.
La JEP también encontró un patrón criminal que se ensañó contra las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas –sujetos de especial protección por el Derecho Internacional Humanitario–. De acuerdo con el expediente, a la guerrilla se le atribuyó el asesinato de varios miembros de esas comunidades. También la persecución que los obligaba a desplazarse forzosamente.
“En las versiones realizadas por la JEP, de la mano de la Jurisdicción Indígena, a finales de abril de 2022, los comparecientes aceptaron varios asesinatos de líderes de las comunidades. En la investigación, la sala encontró, además, “especialmente grave el homicidio de médicos tradicionales indígenas o afrodescendientes”, añadió Ramelli.
