Los centros transitorios de detención del país –supuestamente pensados para albergar a las personas por un máximo de 36 horas, pero en donde en realidad duran hasta dos años– tienen condiciones inhumanas y precarias, como lo constató la Defensoría del Pueblo después recorrer 50 Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía de todo el país.
Con un 939 % de hacinamiento promedio en las diez peores URI del territorio nacional, la situación es considerablemente más compleja que la de las cárceles, en las que actualmente hay un 118,9 % de ocupación, con 97.877 presos para una capacidad de 82.296.
“En el territorio pudimos constatar que, tras la pandemia, los establecimientos penitenciarios y carcelarios están restringiendo el ingreso de personas condenadas y esto agrava la situación de los centros de detención transitoria”, señaló el defensor Carlos Camargo, al presentar el informe.
estaciones de policía vs cárceles
Las estaciones más críticas
El peor de todos los casos es el de la estación Fray Damián San Nicolás en Cali, pues tiene un porcentaje del 3.220% de ocupación. De manera inexplicable, teniendo una capacidad para quince personas, tiene en su interior a 498 privados de la libertad.
El panorama no es mucho mejor en la estación de Candelaria en Valledupar, en donde el hacinamiento es del 1.396%; en Puente Aranda en Bogotá es del 889 % y en Maicao, La Guajira, es del 773 %.
En la estación de Itagüí hay 653% de hacinamiento; en el centro de detención transitoria Permanente Central de Ibagué, Tolima, alcanza el 620%; en el de Santander de Quilichao, Cauca, es del 570%; en la estación de Policía Caribe Norte de Cartagena, alcanza el 530%; en la Sijín de Valledupar llega al 374% y en Santa Marta, al 372%.
Entre las problemáticas que halló la Defensoría, se cuentan las vulneraciones reiteradas al derecho a la salud, la alimentación inadecuada –que entregan las empresas contratadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios–, y la interrupción constante del suministro de agua.
¿Quién responde?
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, sostuvo que el Código Penitenciario y el Plan Nacional de Desarrollo “son claros al atribuir responsabilidades a los entes territoriales”, tirándoles la pelota a los alcaldes.
No obstante, aseguró que desde el sector Justicia seguirán contribuyendo a evacuar algunos de esos centros de detencion transitoria
