La oficina de la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, fue sellada por funcionarios judiciales de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Según informó Caracol Radio, realizaron una copia de la información encontrada en los computadores de la oficina, como parte de la investigación relacionada con el anuncio de suspensión del presidente Gustavo Petro de su cargo, ocurrida poco más de una semana antes de la segunda vuelta.
En este mismo proceso, el pasado 11 de junio, la Procuraduría ordenó que la suspendieran temporalmente y en la mañana del 16, la Cámara de Representantes (organismo del que hacía parte Arizabaleta) acató la petición del órgano de control y apartó del cargo a la congresista. Su curul se encuentra en vacante temporal.
Todo quedó consignado en la Resolución 0343 del 12 de junio de 2026.
A pesar de que su puesto quedó vacante, el órgano legislativo aclaró que no habrá reemplazo. Además, agregaron que no habrá espacio para recursos debido a que la decisión la tomó la autoridad competente del caso. Es decir, Arizabaleta no terminará su periodo como congresista, pues la sanción va hasta el 20 de julio.
En el fallo que ordenó la sanción, la Procuraduría argumentó que la representante actuó sin tener la competencia jurídica para ordenar tal medida contra el jefe de Estado.
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Para el ente de control, la actuación de la representante podría configurar el delito de prevaricato por acción, al saltarse los procedimientos legales y tomar una decisión unilateral en lugar de llevarla a la sala plena de la Comisión.
Asimismo, su permanencia en el legislativo fue tomada como un peligro institucional, pues la Procuraduría la calificó como un riesgo para la “dignidad humana” y el debido proceso, señalando que podría continuar adoptando decisiones contrarias al ordenamiento jurídico dentro del expediente contra el mandatario.
Pero ahí no acaban los problemas para Arizabaleta. Además de la sanción disciplinaria en la Procuraduría y la Cámara, la representante se enfrenta a un proceso penal.
Luis Felipe Henao, abogado, la demandó ante la Corte Suprema de Justicia. Ante el alto Tribunal, el ciudadano sostuvo que la orden de suspensión provisional emitida por Arizabaleta contra el presidente Gustavo Petro —en el marco de una investigación por presunta participación en política— vulnera flagrantemente el ordenamiento constitucional y legal vigente.
Ante la denuncia, la Sala de Instrucción de este tribunal le abrió una investigación preliminar.
Arizabaleta ha anunciado varias ruedas de prensa para hablar del episodio; sin embargo, todas han sido canceladas sobre el tiempo, por lo que su postura no se conoce a fondo.
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