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Gracias a un recurso de hábeas corpus interpuesto por sus abogados, el excomandante paramilitar Francisco Javier Zuluaga, alias “Gordo Lindo”, recuperó su libertad.
La información fue confirmada a EL COLOMBIANO por su equipo de defensa en la tarde de este martes. “Gordo Lindo” estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, enfrentando un proceso penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ligado a sus antiguos negocios con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el cartel del Norte del Valle.
Tras recibir su boleta de salida, dejó atrás la celda número 26 del pabellón 30 del penal, y salió sin cuentas pendientes con la ley, luego de estar más de 14 años detenido en EE.UU. y Colombia.
“El día viernes 25 de noviembre de 2022 fue presentada acción constitucional de Habeas Corpus, sustentada en el cumplimiento de pena y orden judicial impartido por el Juzgado 5 Penal de Ejecución de Penas de Bogotá, en el cual ordena la libertad inmediata del señor Francisco Javier Zuluaga Lindo; por esta razón y ante el incumplimiento de las autoridades competentes de cumplir dicha orden judicial, se hizo necesario interponer acción constitucional de Habeas Corpus por la ilegal prolongación de la privación libertad del detenido”, indica un comunicado de la bancada de la defensa, firmado por los abogados Angélica Martínez Cujar, Michell Pineda Ramírez y Antonio Guette Camargo.
El documento prosigue afirmando que “por lo anterior, el Inpec procedió a verificar antecedentes y anotaciones penales con el fin de determinar si existía un requerimiento judicial pendiente del sr Zuluaga Lindo, resultado que fue negativo y procediendo conforme la orden judicial a liberar al detenido en horas de la tarde del día de hoy (martes)”.
En conversación con EL COLOMBIANO, el apoderado Pineda manifestó que en el caso de su defendido hubo un proceso de acumulación de penas en Colombia y adujo que terminó de pagar su sentencia hace dos años.
“Hay muchos colombianos que continúan presos después de haber cumplido su pena, es una situación preocupante”, añadió.
Según el dosier criminal, Zuluaga llegó al paramilitarismo de la mano de uno de sus precursores, Carlos Castaño Gil. Fue comandante del bloque Calima, con influencia en Valle del Cauca, Chocó y Cauca; y posteriormente del bloque Pacífico, en suelo chocoano.
Entre los hechos atribuidos a su comandancia está la masacre del Naya, en Cauca, perpetrada en 2001, en la que fueron asesinadas 24 personas.
Se desmovilizó en 2005 y en 2008 fue extraditado a Estados Unidos. La justicia de ese país lo condenó a 21 años de cárcel inicialmente, por conspiración para importar cocaína.
Gracias a su cooperación con el sistema norteamericano, delatando a otros narcos, obtuvo una importante rebaja en la pena y solo estuvo tras las rejas 10 años.
Durante ese tiempo fue excluido de los beneficios de la ley de Justicia y Paz, en 2014, pues la Fiscalía consideró que más que un paramilitar, fue un narcotraficante al servicio de la Casa Castaño, que terminó colado en las negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe (Acuerdo de Ralito).
Una vez fue deportado a Colombia en 2018, Zuluaga pidió ingreso a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta institución no le ha concedido el acceso, de momento, pero accedió a escucharlo para que aporte información sobre los terceros civiles y los agentes del Estado involucrados con los paramilitares en su época de militancia.
Hace dos meses, actuando como vocero del Comité de Presos por la Verdad de Colombia, le envió una carta al presidente Gustavo Petro, indicándole que él y otros desmovilizados de las AUC estaban interesados en participar del proyecto de “paz total”.
Según el abogado Pineda, Zuluaga señaló que ahora que estaba libre “se dedicaría a ser un soldado en la construcción de la paz”.
Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.