“Los dirigentes del programa están en el tercer nivel de homicidios contra líderes en el país. Desde la firma del Acuerdo de paz, y es una cifra que nos causa dolor al mencionarla, han sido asesinados 58 líderes Pnis (del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos), según cifras de Medicina Legal”. Así lo lamentó Emilio Archila Peñalosa, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, mientras lanzaba el nuevo plan para protegerlos.
La idea, afirmó el funcionario, es que todas las entidades encargadas de garantizar la vida de los líderes de este proyecto bandera de la implementación del Acuerdo de Paz puedan trabajar articuladamente y de manera rápida. Así mismo, se fortalecerán los anillos de seguridad para cerrarle el cerco a los criminales. (Ver Claves)
Puede ver: ¿Se están esclareciendo los crímenes de líderes?
El piloto de este programa de protección se realizó en Tumaco, Nariño, uno de los municipios más afectados por los asesinatos a líderes sociales, y a partir de hoy será replicado en el resto del país.
¿Es especial?
A primera vista este plan, ofrecido como novedoso, tiene muchas similitudes con el Plan de Acción Oportuna (PAO) lanzado por el Ministerio del Interior en noviembre del año pasado, y que prometía “articulación y reingeniería institucional, actuación estratégica en el territorio, estrategia de comunicaciones y capacitación y formulación de política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial”.
Sin embargo, Archila dijo que “no estamos reemplazando a ninguna instancia. Por el contrario, nos ajustamos a disposiciones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a lineamientos del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial de Seguridad, el Plan de Acción Inmediata”.
Y Antonio Salazar, coordinador regional del Pnis en Antioquia, explicó que la diferencia fundamental radica en que este es un plan hecho a la medida de cada comunidad y específicamente para los considerados líderes Pnis.
Pero los representantes de las comunidades en las zonas priorizados no están muy convencidos de que este plan mejore sus condiciones de algún modo.
Son escépticos
César Jerez, vocero nacional de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), consideró que “estas son medidas muy parciales que no van a resolver la situación. Aquí hay un mecanismo de impunidad que imperó antes y que sigue vigente: se asesinan líderes sociales por centenares y no hay responsables, lo que es una carta abierta para que sigan sucediendo los asesinatos”.
Puede ver: América Latina: zona de peligro para líderes
Y pone como condición para que se respete la vida de los líderes Pnis, que el Gobierno cumpla la palabra empeñada en el Acuerdo, que si prometió vincular a todas las familias cocaleras que quisieran hacerlo en los municipios priorizados, cumpla, pero también con el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, las vías de acceso y los subsidios, para que en realidad sea posible dedicarse a un producto lícito.
Como expresó Wilder Mora, presidente de Coccam en Catatumbo, el Ejecutivo está ofreciendo reducir los beneficios económicos del Pnis y además no cumple con la inversión social en los territorios, lo que los deja más en riesgo.
“Cuando uno llega con una propuesta de proyectos legales, los actores armados que se lucran del narcotráfico sienten amenazadas sus economías y nos declaran objetivo militar a nosotros por querer sustituir. Entonces, es la misma comunidad quien nos protege, pero cuando el Gobierno incumple, quedamos mal con la comunidad y el riesgo es mayor”, dijo Mora.
Por otro lado, el líder contó que el Gobierno les está pidiendo crear una red de informantes con la Policía, lo que los pone más en riesgo frente a los actores armados.
Lo que es un hecho, es que tanto líderes como Gobierno esperan que se solucione la problemática y se frenen la incertidumbre de las comunidades y los asesinatos de líderes sociales, que en los municipios priorizados suman 124 según Indepaz
