Gobernador de San Andrés pidió protección de la CIDH por supuesta persecución de la Fiscalía

El mandatario fue imputado por presunta corrupción en 16 contratos.

El gobernador de San Andrés dice que el proceso es una retalición del fiscal Barbosa. FOTO: CORTESÍA

El gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares, luego de que la Fiscalía anunciara una imputación de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la celebración de contratos durante la pandemia de covid-19.

Las medidas cautelares buscan “evitar que la Fiscalía General de la Nación siga con su conducta de persecución al señor gobernador de San Andrés Islas, con ocasión del enfrentamiento que ha habido por ciertos hechos irregulares que han ocurrido en el interior de ese ente de investigación. Creemos que el gobernador merece el respeto y la protección de sus derechos”, manifestó el abogado de Hawkins, Julio César Ortiz.

Esta semana, la Fiscalía anunció que imputará a Hawkins los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por presuntas irregularidades en la firma de 16 contratos durante la emergencia sanitaria del covid-19.

Según la Fiscalía, los contratos, por más de 240 millones de pesos, firmados entre el 2 abril y el 29 mayo de 2020, tenían como objetivo la realización de actividades de inspección turística, actualizar la información de la isla para ser difundida a los visitantes, al igual que auxiliares de enfermería, entre otros, pero no podrían suscribirse debido a que, para entonces, un decreto nacional impedía la realización de actividades recreativas en lugares como playas y sitios de interés turístico.

Hawkins asegura que las investigaciones se adelantan como represalia por sus críticas a una visita hecha por el fiscal general, Francisco Barbosa, y el entonces contralor general, Felipe Córdoba, en plena pandemia a la isla de San Andrés, la cual fue objeto de fuertes críticas.

El pasado 31 de agosto un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó audiencia de formulación de imputación y de medida de aseguramiento de detención domiciliaria, en contra el gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Julio Hawkins Sjorgreen. La decisión se adoptó por las posibles irregularidades en contratación durante la emergencia sanitaria por Covid 19.

El material probatorio recaudado por la Fiscalía evidenció que entre el 2 abril y el 29 mayo de 2020, Hawkins Sjorgreen suscribió 16 contratos de prestación de servicios por valor de $240’551.122 siendo los beneficiados personas naturales que se encargarían de apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo. Esto debería cumplirse en un plazo de siete meses.

Los contratos tendrían como objetivo la realización de actividades de inspección turística, actualizar la información de la isla para ser difundida a los visitantes; al igual que auxiliares de enfermería, entre muchos otros.

Según la investigación, los referidos contratos no podrían suscribirse debido a que, para entonces, un decreto nacional impedía la realización de actividades recreativas en lugares como playas y sitios de interés turísticos, para evitar la propagación del Covid 19.

La Fiscalía evidenció que durante el proceso que culminó con la cuestionada firma no se adelantaron los estudios previos adecuados, ni se contemplaron las necesidades de la población en el marco de la pandemia. Otra de las irregularidades, se relacionaría con la aparente existencia de fallas en la supervisión de la ejecución de los contratos pues los pagos, al parecer, se habrían adelantado sin que las actividades contratadas se realizaran.

Por estas razones, para la Fiscalía Hawkins Sjorgreen es responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.